Por tres días se extendió la audiencia de formalización en contra del alcalde de Recoleta, Daniel Jadue (PC), por los delitos de cohecho, fraude al fisco y estafa, que la Fiscalía Regional Centro Norte le imputa, en relación al periodo en que era presidente de la Asociación Chilena de Farmacias Populares (Achifarp).
El miércoles, la fiscal Giovanna Herrera, quien ha estado a la cabeza de la indagatoria, pidió la prisión preventiva para el jefe comunal, mientras que afuera de los tribunales de justicia se desarrollaba un intenso debate por las supuestas "presiones indebidas" que han protagonizado los adherentes y militantes del PC, quienes llegaron a apoyar al alcalde en su formalización, acusando de "persecución política".
Lo concreto es que la jornada del miércoles estuvo centrada en la imputación, mientras que el jueves, fue el turno a los querellenates y a la defensa del jefe comunal, lo que se extendió hasta el viernes.
Será finalmente este lunes, de acuerdo a lo comunicado por la jueza, Paulina Moya, cuando se conozca la decisión respecto a las cautelares solicitadas por el Ministerio Público.
Imputación de Herrera
En el desarrollo de la imputación que hizo la fiscal Giovanna Herrera apuntó a la imposibilidad del cuidado del patrimonio por parte de Jadue, en tanto su calidad de alcalde de Recoleta, como presidente de la Achifarp.
Además, recordó el episodio del medicamento Interferón, que el jefe comunal negoció con la Universidad de Concepción, que si bien se anunció como que podía servir contra el covid-19, no tuvo aprobación del ISP. En ese sentido, la fiscal expresó que una revisión de la Contraloría dio cuenta que "los dineros no habían sido ocupados donde correspondían".
Asimismo, Herrera acusó que "uno de los móviles para el fraude a Recoleta dice relación con una campaña electoral que estaba en ese momento en el año 2021 y que era la motivación primera, que era evitar ser expuesto como un gestor ineficiente, como un fracaso por los delitos que ya había cometido".
La persecutora también concluyó que Achifarp "nunca funcionó como tenía que funcionar, siempre fue un fracaso más allá de los delitos que hemos detectado, nunca entregó los medicamentos, nunca se convirtió en droguería". Además, acusó que la asociación compraba medicamentos más caro de lo que compraba el mercado, lo que "fue desde siempre, desde el 2016 a 2022".
Declaración de alcaldes
En la audiencia tambiuén se expusieron las declaraciones de alcaldes que formaron parte del directorio de Achifarp. En la formación inicial, el jefe comunal de Puente Alto, Germán Codina (RN), era el segundo vicepresidente; el jefe comunal de Huechuraba, Carlos Cuadrado (PPD) oficiaba como secretario general; y el alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp (IND), era tesorero.
De acuerdo a la lectura que hizo la persecutora, Codina dijo en torno a la compra a Best Quality y la insolvencia que mantenía Achifarp, que "me enteré a través de los medios de comunicación" y que como parte del directorio, no autorizó ni conoció del convenio que se firmó con la Universidad de Concepción.
En la misma línea declaró el alcalde de Huechuraba, Carlos Cuadrado, al señalar que "las tomas de decisiones las tenía que tomar el alcalde Jadue o alguien de la Achifarp, ya que nosotros, los alcaldes, no teníamos mayor participación". Asimismo, afirmó que el alcalde Jadue "nunca nos informó" de la compra a la empresa Best Quality.
Sharp, en tanto, comentó que "en mi calidad de tesorero, yo no tenía acceso a las cuentas bancarias (...). El que contrataba a los asesores y secretarios ejecutivos era, tengo entendido, el alcalde Jadue".
El uso de las declaraciones en la audiencia fue cuestionado por la defensa de Jadue. "No pueden los alcaldes subirse a un avión, viajar a Cuba, sacarse la foto, firmar un convenio y después declarar en la Fiscalía que no sabían nada, porque el que se llevaba el trabajo era el alcalde de Recoleta", apuntó el abogado Ramón Sepúlveda.
"Los alcaldes de esto tenían que tener un rol activo y no lo tenían, lo tenía el alcalde de Recoleta que a cada momento buscaba mejorar la vida de sus vecinos y creo que es algo de lo que él no se arrepiente, muy por el contrario", subrayó.
Capítulo "Best Quality"
Otro de los capítulos presentados en la imputación contra Jadue dice relación con la empresa Best Quality. Fue a raíz de la querella que presentó dicho proveedor que en julio de 2022, el 4° Juzgado Civil de Santiago dispuso la liquidación forzosa de la asociación.
En ese entonces, Best Quality demandaba más de $1.200 millones como deuda, y solicitaba la quiebra de la asociación. La deuda, en concreto, correspondía a montos no enterados por venta de mascarillas, guantes y termómentos, en el contexto de la pandemia. Además, uno de los ejecutivos de Best Quality dijo que Jadue le había solicitado una "donación" para la sede comunal del PC, a cambio de un millonario pago. Desde entonces, la Fiscalía tuvo en la mira a Achifarp y abrió una investigación por supuesta estafa.
Durante la formalización, el abogado querellante en representación de la empresa, Mario Vargas, apuntó a la responsabilidad de Jadue en las finanzas de Achifarp. "Él, en esta estructura, decidió controlar la Achifarp y todo lo que se hacía en ella. Por lo tanto, la excusa de entregarle la responsabilidad a terceros, la verdad es que se va desvaneciendo por los propios actos que él realizó en torno a la administración y en cómo se iba a generar esta administración".
En tanto, la defensa de Jadue arremetió contra Best Quality, al afirmar que "hay una empresa inescrupulosa y con conductas de corrupción", junto con acusar de que "su actuar inescrupuloso en pandemia generó la quiebra de Achifarp".
"Ellos reventaron a esta asociación que tenía fines para mejorar la vida de los chilenos", agregó Sepúlveda, e indicó que Best Quality "genera una presión" contra Achifarp para que se realicen los pagos.
