Complejos días enfrenta la
directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), Consuelo Contreras, luego de la querella presentada en el marco de la llamada Operación Topógrafo y por sus dichos del domingo en un panel de televisión, donde abrió el debate respecto a la forma en que se dieron las violaciones a los derechos humanos durante el estallido social.
Son varias voces que se han sumado a las críticas del actuar de la presidenta del organismo, el que también ha sido cuestionado por emprender acciones como querellas o por las presiones políticas que podrían haber permeado el actuar del INDH, poniendo en duda su pluralismo y autonomía.
Este viernes, la Bancada de Diputados de Renovación Nacional, encabezada por Ximena Ossandón y Hugo Rey, solicitaron formalmente -mediante un oficio- al Consejo del INDH, evaluar el rumbo del organismo y la necesidad de cambiar la dirección del mismo. Esto, luego el revés para el organismo en torno a la querella en contra del ex ministro de Defensa, Mario Desbordes, por el delito de tráfico de influencias en el marco de la denominada Operación Topógrafo.
Pero los reparos también han llegado por los dichos de Contreras el domingo, en el programa Tolerancia Cero, donde reconoció que no hubo una violación sistemática a los derechos humanos en el estallido social de 2019; misma opinión que tuvo el ex presidente del INDH en ese entonces, Sergio Micco. Sin embargo, esas palabras le costaron a Micco el cargo, una querella -desde organizaciones de DD.HH.-, y varias cancelaciones masivas.
La querella por el caso Topógrafo
El martes 11 de junio, el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) se querelló "contra quienes resulten responsables" de eventual tráfico de influencias, a raíz del informe de la PDI sobre chats entre el ex juez Juan Antonio Poblete y diversas autoridades, como supremos y ministros de Estado.
Entre las diligencias que pidió el organismo estaba que prestara declaración Poblete, la actual ministra de la Corte Suprema, María Teresa Letelier, y el exministro de Defensa Mario Desbordes, quien además es la carta de Chile Vamos por la alcaldía de Santiago. No obstante, la acción judicial no hizo alusión, por ejemplo, al exministro Lamberto Cisternas o al magistrado Mario Carroza, quienes también habrían tenido conversaciones del mismo tenor con Poblete.
De allí, se abrieron dos debates: uno, en torno a las competencias del INDH para emprender estas acciones judiciales, y otro, en torno a la figura de Mario Desbordes, quien acusó "persecución política" y replicó la ofensiva de la misma forma: también presentó una querella, por prevaricación contra los consejeros del INDH, y su defensa interpuso un recurso de reposición.
Contreras salió a defender la querella, con el argumento de que "la que es una querella innominada no es en contra de él, nosotros lo que buscamos con esta querella es asegurar un debido proceso, la imparcialidad de los tribunales y los jueces que juzgan causas de derechos humanos, ese es el objeto de nuestra querella".
Pero ayer el INDH tuvo un revés, luego que el 7° Juzgado de Garantía de Santiago declarara inadmisible la acción judicial, donde de nuevo se puso de manifiesto el margen de sus competencias. En su resolución, el juzgado estimó "que de acuerdo a lo previsto en el artículo 3 N° 5 de la Ley N° 20.405, el Instituto Nacional de Derechos Humanos únicamente posee legitimación activa para deducir querella por los delitos allí establecidos, entre los cuales no se encuentra el delito por el cual fue deducida".
Lo anterior, "toda vez que el legislador ha decidido distinguir la querella en materia penal del resto de acciones legales que el Instituto puede deducir de conformidad a sus propias competencias, circunscribiendo un marco específico para su ejercicio".
No obstante aquella resolución, hoy el INDH confirmó que hoy, el 7° Juzgado de Garantía, en el marco de la causa Operación Topógrafo, "ha establecido que el Instituto Nacional de Derechos Humanos, es competente para actuar procesalmente en delitos que no son los mencionados en la ley, pero que constituyen violaciones a los derechos humanos". En esa línea, expresaron "satisfacción" y dijeron que continuarán ejerciendo su rol de querellantes.
Violaciones a los DD.HH. en el estallido social
Un planteamiento distinto al que se había conocido en 2022, tuvo el domingo la directora Contreras, en torno a si hubo o no violación "sistemática" a los derechos humanos durante el estallido social, debate que terminó con la salida de su predecesor, Sergio Micco.
Esto, porque el 8 de julio de 2022, un documento firmado por los consejeros Constanza Valdés, Francisco Ugás, Lieta Vivaldi, Yerko Ljubetic y la propia Consuelo Contreras, pidió la renuncia de Micco, donde acusaron que "el INDH ha dejado de cumplir su mandato legal, y esto ha impactado negativamente, sobre todo en un contexto donde han existido violaciones sistemáticas a los derechos humanos, desatendidas por el Estado, y ante las cuales tenemos un deber institucional que nos obligan a actuar de manera más consistente y eficaz".
En efecto, Micco había enfrentado duras críticas el 3 de noviembre de 2019, luego que señalara en entrevista con Mesa Central de Canal 13 que no existía una violación sistemática a los derechos humanos, y que "el que afirme lo contrario debe probarlo".
Contreras dijo en el programa televisivo que "
yo creo que no hubo violaciones sistemáticas a los derechos humanos, porque para que se dé la sistematicidad, tiene que haber un acuerdo entre los distintos órganos del Estado e instituciones del Estado, pero sí creo que fue generalizada".
Los dichos generaron que Micco saliera a señalar en entrevista con CNN que, a su juicio, esta suerte de "giro" en la declaración del INDH, "más que una reivindicación para los seis consejeros, de derecha, centro, e izquierda, siempre sostuvimos que no hubo violaciones sistemáticas a los derechos humanos, que no se había comprobado, y hasta el día de hoy, cinco años después, no se ha probado eso. Claro, hay un componente de reparación, pero creo que fundamentalmente es una buena noticia para el país".
No obstante, Contreras envió este viernes una carta a El Mercurio, donde afirma que no hay un giro en esta materia. "La distinción que hice en el programa Tolerancia Cero el pasado domingo en ningún caso significa que no existieron violaciones a los derechos humanos, graves y masivas, como las calificó unánimemente el Consejo del INDH en 2019. Tampoco significa que esas violaciones no puedan constituir crímenes de lesa humanidad", apuntó.
En tanto, un grupo de 112 personalidades, entre ellas, el ex Presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle y la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, salieron a respaldar a Micco en una carta donde hacen notar el "cambio" de posición de INDH al reconocer que no hubo violaciones sistemáticas a los DD.HH. en el estallido, "acercándose a la posición, inicialmente sostenida, con valentía, por Micco", subrayan.
Con todo, los firmantes señalan que "es paradójico e injusto que, mientras Sergio Micco fue sujeto de críticas e incluso de acciones legales por sus declaraciones cautelosas, ahora observamos un reconocimiento implícito de que su evaluación pudo haber sido acertada. Esto no solo levanta cuestionamientos sobre la consistencia de las posturas institucionales, sino también sobre la presión política que puede influir en estas entidades, las cuales son un claro ataque a la autonomía y pluralismo del INDH".
