Los vaivenes de la violencia, pese al estado de excepción que rige hace más de 25 meses en cuatro provincias del sur; la falta de claridad en la información respecto de cómo desarrollar proyectos que, al cabo de dos o tres años de tramitación, terminan siendo rechazados, y el exceso de burocracia y lentitud para acceder a los permisos. Estos
serían los principales frenos que impiden la llegada de inversión privada a sectores con rezago y que mantienen altos índices de pobreza en la Macrozona sur. Ello, pese a que por años se condicionó la inyección de dineros a la disminución de los atentados. El presidente del Senado, José García (RN), legislador por La Araucanía e integrante de la comisión de Hacienda, expone que pese a los logros que se han alcanzado en el control de la violencia, "este fenómeno ha sido muy persistente en el tiempo y todavía no se logra cambiar el clima que se ha generado por tantos años". Si bien cree que "poco a poco se va a ir recuperando la confianza del sector privado",
hace notar que las acciones de fuerza han tenido una expresión cíclica y que "así lo demostró hace solo dos meses el brutal homicidio, en Cañete, de tres carabineros". También reconoce
los efectos de la "permisología", por el alto costo y exceso de tiempo de tramitación para las autorizaciones. Al respecto, adelanta que las normas que enfrentarán la burocracia serán despachadas este año.
