"No están seguras ni protegidas en Chile". Era una de las frases que se leía en un correo electrónico enviado por el abogado Juan Carlos Manríquez, en representación de la familia del exmilitar venezolano y disidente del régimen chavista Ronald Ojeda, secuestrado y asesinado en el país. El e-mail estaba dirigido al Ministerio de Seguridad argentino, en la búsqueda de refugio. Eran los primeros días de julio y poco después el profesional se reunió con asesores y con la propia ministra Patricia Bullrich, de esa cartera trasandina. La viuda Josmarghy Castillo y su cuñada, Mayra Ojeda, así como los hijos de ambas, viajaron a Argentina la semana pasada y regresaron a Chile, lo que provocó que ayer la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejos, deslizara que no habrían sido acogidas por el país vecino. "(La familia) estará, obviamente, evaluando qué acciones tomar y a dónde se trasladarán", dijo la ministra, al tiempo que agregó: "No estarían teniendo refugio ni respuesta" a su solicitud. Sin embargo, en los últimos días, desde el entorno de la familia Ojeda, así como en publicaciones de prensa argentinas, que atribuían la información a quienes conocían el trámite del requerimiento en ese país, se afirmaba que Argentina sí estaba disponible para recibir a Castillo, Ojeda y sus niños.
