El violento fin de semana que se vivió en la Región Metropolitana sólo vino a agudizar un debate que ha estado de manera permanente en el ojo público: cómo se puede hacer frente al crimen organizado y cuánto más es necesario frente a las acciones que ha tomado el Gobierno.
El fin de semana fue complejo, puesto que ya van cerca de 15 muertes a raíz de diversos crímenes, entre ellos, los que más conmoción causaron: el cuádruple homicidio en Quilicura que involucró a adolescentes, y la masacre en una fiesta en Lampa, que dejó cinco muertos.
El debate político estuvo marcado por la ausencia de voces desde el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, mientras que el
Presidente Gabriel Boric, previo a su viaje a Paraguay, tuvo que salir a hacer frente a la crisis. Dijo, entre otras cosas, que el hecho es "gravísimo y de la mayor consternación", aseguró que el Gobierno seguirá trabajando para mermar la violencia, y respondió a la UDI por las solicitudes de renuncia de las autoridades del Interior.
Junto con señalar que no pediría la renuncia de nadie porque lo pida la UDI, los emplazó a trabajar en conjunto y sacar adelante el fast track de seguridad 2.0 acordado con el Congreso, entre ellos, "levantar el secreto bancario y seguir la ruta de los narcos".
Pero cuando estos cruentos fines de semana dejan más de una decena de muertos, con balaceras y algunas personas de nacionalidad extranjera involucradas -como el caso de Lampa-, y con un alza del 22% en los homicidios respecto al primer semestre de 2023, expertos cuestionan la eficacia de las medidas que ha tomado el Ejecutivo y cuáles otras aún faltan por implementar, más allá del secreto bancario.
Reunión de coordinación: reactivo e "insuficiente"
Pese al silencio que tuvieron ayer las autoridades del Interior en torno al macabro fin de semana, este miércoles se realizó una reunión de emergencia entre los líderes de esa cartera, los jefes de las policías y el fiscal nacional, con el fin de revisar medidas en torno al crimen organizado. Durante el desarrollo de la misma, desde el Parlamento, voces como el senador José Miguel Insulza y su par socialista, Juan Luis Castro, pidieron estado de sitio para la RM.
Una vez finalizada la reunión, la ministra del Interior, Carolina Tohá, anunció que se va a constituir una "fuerza de tarea conjunta de ambas policías, con el apoyo de la Fiscalía para poner las capacidades de inteligencia, información sobre la región y el comportamiento criminal" de determinados lugares. Esto, con el fin de generar acciones "especialmente en lo preventivo".
También se anunció un reforzamiento policial, entre otras cosas, donde se reordenarán los planes operativos que hay en la RM. Medidas que apuntan además a mejorar las capacidades de control del armamento que circula en las calles. En tanto, el subsecretario Manuel Monsalve, descartó un estado de sitio en la RM.
Consultada por Emol, Pía Greene, experta en seguridad de la USS, comenta que "la reacción del Gobierno de llamar a un comité político operativo, es una primera buena reacción, pero con eso no vamos a salir adelante, tenemos que buscar las políticas adecuadas y los protocolos y esas cosas para poder enfrentar un tema que es tan complicado".
En la misma línea, Jorge Araya, experto en seguridad de la Usach, plantea respecto a los resultado de la reunión que "las líneas de trabajo anunciadas pueden estar en lo correcto, pero no se han hecho con la fuerza necesaria que el tema requiere; hay que hacer muchas más fiscalizaciones, operativos de decomiso de drogas y armas, y más investigaciones policiales. Si bien han habido algunas que han sido efectivas, pero esto debe ser mucho más intenso".
Daniel Soto, consultor en seguridad y excoronel de Carabineros, comenta que la reunión de coordinación del Gobierno es más bien una respuesta "reactiva", al igual que el llamado del Presidente Boric a la unidad política frente al crimen organizado, pese a que aquello "refleja un entendimiento de la necesidad de consensos amplios para abordar problemas de seguridad complejos".
"Sin embargo, las medidas anunciadas parecen ser principalmente reactivas, careciendo de un enfoque preventivo basado en evidencia. Además, la falta de un diagnóstico exhaustivo sobre las dimensiones y características del crimen organizado en Chile limita la efectividad potencial de las intervenciones propuestas", sostuvo.
Más allá del secreto bancario
Soto comenta respecto al debate en torno al secreto bancario que, aunque es potencialmente útil, "es una medida aislada que no aborda la complejidad multidimensional del crimen organizado".
"Las estrategias efectivas contra el lavado de activos requieren un enfoque integral que incluya el fortalecimiento de las unidades de inteligencia financiera, la mejora en los marcos regulatorios del sector financiero, una cooperación internacional robusta en materia de información financiera, y la implementación de técnicas avanzadas de análisis de big data para detectar patrones sospechosos", apunta.
Respecto a aquello, Araya concuerda en que si bien sacar adelante el levantamiento del secreto bancario, es una opción que ayuda "a investigar, a atrapar y a descubrir los sujetos más poderosos que están detrás de estas bandas de crimen organizado,
pero hay que sacar pronto también el proyecto de ley del Sistema Nacional de Inteligencia que está en discusión en el Parlamento".
El experto recordó además que han habido otras medidas sobre la mesa, como la que propuso el fiscal nacional, Ángel Valencia, de que se decrete prisión preventiva para los extranjeros que cometan algún delito y estén indocumentados, el llamado
"criterio Valencia", que precisamente hoy volvió a estar en el debate.
"Lamentablemente, ellos la impulsan como un acuerdo entre los fiscales, pero depende del juez el que se conceda o no esa solicitud. Yo diría que ahí es clave hacer un control fuerte de los extranjeros y que, efectivamente cualquier persona que sea detenida y que no presente identificación, efectivamente los juzgados lo dejen en prisión", comentó Araya.
"Ahí vamos a tener que hacer un esfuerzo que suena lamentable, que puede sonar incluso discriminatorio, pero necesariamente tiene que haber un control de las fronteras mucho mayor y de los extranjeros que andan dando vuelta en nuestras ciudades, para ver si efectivamente están insertos y si no, tratar de tomar medidas frente a ellos", zanjó.
Urgente: una propuesta integral y sostenida
La pregunta que se instala también es ¿qué hacer frente al crimen organizado cuando, a todas luces, las dispuestas a la fecha no han resultado? Expertos coinciden en que las acciones deben ser integrales y sostenidas, y es clave avanzar en inteligencia.
A juicio de Soto, se necesita un enfoque integral basado en evidencia académica y mejores prácticas internacionales. "Este enfoque debería comenzar con un diagnóstico preciso, implementando la propuesta de cuantificar el tamaño de la industria del lavado de dinero en Chile e involucrando a instituciones académicas en el proceso", sostiene.
Asimismo, dice que es crucial el fortalecimiento institucional a través de la creación de unidades especializadas de inteligencia criminal y financiera, como la propuesta Unidad de Inteligencia Tributaria en el SII. Todo ello, con un marco legal robusto que actualice la legislación penal y procesal para facilitar la investigación y sanción del crimen organizado, considerando las particularidades del contexto chileno.
Otro factor clave, añade, es la "la prevención situacional y social, desarrollando intervenciones focalizadas en áreas de alta incidencia criminal y abordando factores de riesgo sociales y ambientales".
Pero también se debe poner foco en la integridad institucional, "por lo que se deben implementar medidas anticorrupción robustas en instituciones clave, reconociendo la relación simbiótica entre corrupción y crimen organizado".
Por último, dos factores: "los programas de reinserción social efectivos son esenciales para prevenir la reincidencia, basándose en modelos de desistimiento criminal", y "promover una cultura de legalidad a través de programas educativos y campañas de concientización pública sobre los efectos nocivos del crimen organizado en la sociedad".
Diferenciar entre el crimen organizado transnacional y las bandas locales
Araya dice que Chile enfrenta dos fenómenos del crimen organizado que se hace urgente abordar, donde "la estrategias pueden ser parecidas, pero tienen diferencias". Por un lado, el crimen organizado transnacional -con las células del Tren de Aragua-, y otro, el del "narcotráfico nacional, que también tiene las características de crimen organizado y que operan las poblaciones en bandas donde la mayoría son chilenos".
"Claramente en el crimen organizado internacional hay que concentrar los esfuerzos de los extranjeros, en el control de las fronteras, tiene que haber un control fronterizo por parte de las Fuerzas Armadas, y tenemos que hacer mucha más fiscalización y control de los ciudadanos extranjeros que están circulando en el país, aunque sea lamentablemente odioso de presentar este tema, porque hay mucha gente que es honesta", precisa.
Respecto al "crimen organizado nacional", el experto acusa que "hay una labor profunda que hacer", especialmente en el reforzamiento al Servicio Mejor Niñez.
Esto, porque "todos los hijos de gente vinculada al delito en este país están quedando desprotegidos, quedan bajo el cuidado de un tío, una tía, un vecino, una vecina, y ese cuidado no es efectivo porque la gente no tiene capacidad de hacerse cargo. Necesitamos fuertemente fortalecer el Servicio Mejor Niñez y el servicio de reinserción de menores de edad, que reemplazó al Sename".
De lo contrario, advierte, "esta ola de crimen organizado en las poblaciones que involucra a familias completas y a barrios, a buena parte de un barrio, no se va a detener en la medida que se sigue alimentando con estos menores en situación de vulnerabilidad social".
