Una baterías de medidas fueron anunciadas por el Gobierno entre el miércoles y ayer jueves, luego de dos reuniones de emergencia en La Moneda debido al "recrudecimiento" de la violencia, según reconoció el propio Presidente Gabriel Boric.
Esto, luego de que se registraran 15 muertos durante el fin de semana largo, lo que además abrió una ofensiva de la oposición para pedir renuncias en Interior, propuesta de "estado de sitio" en la RM por parte de senadores PS, y las críticas por la carencia de una política de seguridad integral, coordinada y permanente.
Dentro de los anuncios está el de la cárcel de máxima seguridad en la Región Metropolitana; lo que más bien fue una suerte de adelanto de una opción que se venía debatiendo hace tiempo en el Ministerio de Justicia.
Versiones de prensa ya habían situado en Til Til o Santiago centro como opciones que se barajaban para construir este recinto que albergará a 500 reos ligados al crimen organizado. El modelo estará inspirado en Europa y no en el estilo salvadoreño de Nayib Bukele.
El Presidente anunció además la urgencia de varios proyectos en materia de seguridad, incluyendo el de la propia cárcel, y que serán ingresados la próxima semana. "Voy a enviar al Congreso un proyecto de ley para exceptuar esta construcción de varios trámites y permisos que usualmente demoran la ejecución de estos proyectos, dado la prioridad que este tema reviste. Espero contar con la colaboración y sentido de urgencia del Congreso en esta materia".
Asimismo, anunció que se creará una Fuerza Especial en Gendarmería para enfrentar las amenazas del crimen organizado en cárceles de alta seguridad, facultades que deben ser visadas por el Congreso mediante la aprobación de un proyecto de ley.
El Mandatario recordó además que en Parlamento están "hace mucho tiempo" dos proyectos clave para el combate al crimen organizado: el de Inteligencia Económica -que está hace 18 meses en la Comisión de Seguridad del Senado- y el de Sistema de Inteligencia del Estado -que está en la Cámara desde 2018-. Por eso, el Presidente anunció que les pondrá discusión inmediata, "lo que significa seis días por cada Cámara para ser despachados en su totalidad".
El miércoles, luego de la reunión de emergencia que lideró la ministra Carolina Tohá —en su calidad de vicepresidenta, debido a que el Presidente Boric estaba en Paraguay—, se anunciaron medidas como la creación de una fuerza de tarea conjunta para la RM, con ambas policías, la Fiscalía, Interior y la ANI.
Así, el crítico escenario en seguridad se intentó apaciguar desde el Gobierno con anuncios que no necesariamente cayeron bien entre los alcaldes oficialistas y el Congreso; hubo reacciones que dejaron entrever que las propuestas poco se socializaron con autoridades involucradas en su eventual ejecución.
Rechazo a la cárcel
"Ante la posibilidad de una nueva cárcel pública en la comuna de Santiago, como vecina y alcaldesa, me opongo rotundamente". De esa forma respondió al anuncio del Presidente la alcaldesa de Santiago, Irací Hassler (PC), ante las posibilidades de que el recinto se instale en la zona.
Pero no sólo ella dio un portazo al proyecto carcelario. El
alcalde de Tiltil, Luis Valenzuela (RD), sostuvo a través de un video que si bien "compartimos la visión que tiene el Presidente en torno a la necesidad de avanzar en políticas públicas de temas con la red carcelaria", el anuncio "deja un halo de duda al establecer la posible construcción de una cárcel en Tiltil". Enfatizó que "
rechazamos la construcción de un tercer recinto penitenciario en nuestro territorio".
"Exigimos frente a cualquier decisión en nuestro territorio ser actor protagonista en la toma de decisiones y no quedar relegados a simplemente ser depositarios de permisos o ser productores de autorizaciones que no recaen en nuestra responsabilidad", agregó.
En tanto, desde San Bernardo, el alcalde Christopher White (PS), también alzó la voz para emplazar a que esta instalación considere otras comunas, incluyendo el sector oriente. Si bien respaldó el anuncio en su marco general, dijo que "lo único que pedimos es que no se utilice un criterio de desigualdad para elegir dónde se emplazará la nueva cárcel y se considere a todas las comunas, también a las del barrio alto, que parecen estar siempre excluidas de este tipo de decisiones".
Molestia en el Congreso
Aunque en los anuncios de ayer se comentó que el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, se reunió con jefes de bancada y miembros oficialistas de las comisiones de Seguridad del Senado y de la Cámara de Diputados en La Moneda, y que hay otras reuniones agendadas para la próxima semana, de todos modos, hubo molestia en el Parlamento.
De hecho, los diputados Andrés Jouannet (Amarillos), Gloria Naveillán (IND), Cristián Araya (Republicanos) — integrantes de la comisión de Seguridad de la Cámara — aseguraron ayer que aún no han sido convocados por el Ejecutivo.
Mientras que el
senador Manuel José Ossandón (RN) confirmó que "una asesora del subsecretario Monsalve me escribió para ver la posibilidad de tener una reunión lo antes posible por los temas de seguridad".
Por su parte, el presidente de la Comisión de Seguridad del Senado, senador Iván Flores (DC), valoró el anuncio del Presidente y mostró conformidad con hacer una "excepcionalidad administrativa" para hacer la cárcel. No obstante, llamó al Ministerio de Hacienda y a la Dipres, a que "por favor, necesitamos flexibilizar los procedimientos, que el proyecto esté bien hecho, esté bien formulado, y que de ahí en adelante se inicie la licitación con proyecto incluido para no demorar más".
En tanto, su homólogo de la Comisión de Seguridad de la Cámara, diputado Andrés Longton (RN), apuntó a que los anuncios no tienen incidencia a corto plazo, mencionando además que el Presidente Boric está "trasladando el problema al Congreso y no a La Moneda y a él, que es el encargado de la seguridad en nuestro país y que ha sido incapaz de hacerse cargo".
"El Congreso le ha aprobado más de 55 leyes en materia de seguridad, y ¿qué ha pasado? Aumentan los homicidios y los delitos más violentos en nuestro país, que ya están siendo habituales. La ley de inteligencia y de inteligencia económica, sin duda que son importantes, pero si no hay gestión, no hay ley que resista", criticó.
Fuerza de tarea
La idea de crear una fuerza de tarea conjunta que anunció el miércoles la ministra Tohá no es inédita. De hecho, el 9 de agosto del año pasado, la UDI presentó un proyecto en la misma línea, para modificar la ley N°19.640 orgánica constitucional del Ministerio Público, "para permitir la creación de fuerzas de tarea para el combate del crimen organizado".
En el texto, los parlamentarios proponían la creación de una nueva atribución del Fiscal Nacional (...) en virtud de la cual se le facultará para disponer la creación de "fuerzas de tarea", pero entendidas estas como un grupo interdisciplinario de profesionales y técnicos dedicados al cumplimiento de objetivos específicos que, mandatados por el Fiscal Nacional, les corresponda intervenir en los procedimientos de investigación de hechos constitutivos de crímenes y delitos, y que hubieren sido cometidos por organizaciones criminales o delictivas".
"Se pretende realzar, en este sentido, la necesidad de un equipo integrado por profesionales y técnicos, funcionarios de la Administración, que ejerzan disciplinas diversas, cuya naturaleza pueda ser útil para la lucha contra el crimen organizado, desde la arista que se trate", añadía la propuesta.
