El Gobierno envió ayer un informe a la comisión de Gobierno de la Cámara para dar cuenta de los ingresos irregulares y expulsiones del país. Los datos se dieron en cumplimiento de lo prescrito en la Ley de Presupuesto. "Entre enero y julio de 2024, a partir de las denuncias en PDI, se identifica un total de 17.039 ingresos por paso no habilitado (39% menos que en igual período de 2023). De la cifra actual, el 40,1%, 10,2% y 8,2% se asocian a las regiones de Tarapacá, Arica-Parinacota y Metropolitana, respectivamente. Respecto de la región, es importante indicar que ella está asociada a la unidad policial de PDI que efectivamente registra la denuncia", se lee en el documento suscrito por Luis Eduardo Thayer, jefe de Migraciones, acerca de la métrica disponibilizada. Y la cantidad de personas efectivamente expulsadas, entre enero y el 2 de agosto de 2024, se identifica un total de 668, entre las administrativas (365) y las judiciales (303). De los "obstáculos en la aplicación de las medidas de expulsión y control migratorio", se identifican cuatro: "Disminución de las expulsiones judiciales producto de la modificación a la Ley N° 18.216 ( ... ); las 'dificultades originadas por el cierre de la representación diplomática de Venezuela en Chile'; 'problemas manifestados por PDI: La La policía ha manifestado inconvenientes para detectar a las personas expulsadas. No hay facultad legal para que la policía ingrese a los domicilios en que las personas afectadas se puedan encontrar ( ... )'; y 'registros del proceso de empadronamiento biométrico".
