Citar a la ministra del Trabajo, Jeannette Jara y al Director del Trabajo, Pablo Zenteno; dejar sin efecto la medida; y evitar que los propietarios paguen por la "negligencia" del Gobierno.
Estas fueron algunas de las medidas que buscarán implementar diversos parlamentarios tras la orden de suspender las funciones de una farmacia que fue asaltada en La Cisterna esta semana. La decisión la tomó la Dirección del Trabajo Regional Metropolitana Oriente.
Y es que, según informó la DT, el cierre de debió a que "en el lugar de trabajo los trabajadores estaban en peligro inminente debido a la acción delictual que se desarrolla en el entorno", explicación que generó gran rechazo en los diputados.
Miembro de la Comisión de Trabajo, Henry Leal (UDI), calificó como "ridícula" e "insólita" la medida. "¿Cerrar una farmacia porque existe riesgo de delincuencia? Bueno, entonces tendremos que cerrar todo el comercio en Santiago, si ese es el parámetro, porque la delincuencia está desbordada en todos lados", sostuvo.
Además, se dirigió a la ministra Jara cuando señaló que es necesario "que entienda que así no funciona la economía. Es el deber primero, la obligación y responsabilidad del Gobierno, brindar seguridad y protección a los chilenos. Si no lo están cumpliendo, no es responsabilidad del comercio (...) aquí no pueden asumir el costo los emprendedores", manifestó, haciendo un llamado a la secretaria de Estado de "dejar, de manera inmediata, sin efecto dicha medida" y anunció que solicitaran citar a la Comisión del Trabajo, al Director del Trabajo.
Desde la Comisión de Seguridad, el diputado RN, Diego Schalper solicitó citar a ambas autoridades mencionadas anteriormente, fundamentando que el argumento brindado para aplicar dicha sanción al empleador es la seguridad. "Es francamente inaceptable que el ministerio entregue como criterio para cerrar el local de un empleador que las circunstancias de seguridad serían imputables a él", sostuvo, agregando que al tratarse de un turbazo, "la DT está suponiendo que el empleador debe prever un turbazo".
De esta manera, recurrió a la Constitución para expresar que "el deber de resguardo del orden público le corresponde al Estado y en particular al Presidente de la República, por lo tanto, estamos llegando a la conclusión que, en opinión del Director del Trabajo, la negligencia del Presidente la tiene que terminar pagando el propietario de la farmacia", declaró, sosteniendo que le parece "curioso el criterio de la DT".
El legislador RN, Frank Sauerbaum, miembro de la Comisión de Trabajo, tildó de "insólito" que "el Gobierno normalice una situación así, porque normaliza hechos delictuales y renuncia a su labor principal: resguardar la seguridad pública y la integridad física de las personas".
Así cuestionó que el Gobierno "quiera desconocer su principal responsabilidad de entregar seguridad en las calles y comercios, lo que también debilita el Estado de derecho", y emplazó al Estado a "ser parte de la solución y no el problema", sosteniendo que, aunque las empresas privadas contraten seguridad "no va a evitar un turbazo".
Su compañero de comisión, Cristián Labbé (UDI), solicitó citar a la DT y a la subsecretaría de Trabajo para obtener explicaciones. "¿Por qué, por motivos de seguridad, clausuran una farmacia, cuando todos sabemos que es el Estado el que tiene que garantizar la seguridad de todos los chilenos?", cuestionó.
