En medio de la compleja situación que afecta a la
Corte Suprema a raíz del presunto tráfico de influencias y que mantiene la atención sobre varios ministros, entre ellas, a
Ángela Vivanco, el Gobierno anunció ayer que enviará un
proyecto de ley para reformar el actual sistema de nombramientos en el Poder Judicial.
El plazo autoimpuesto por el Ejecutivo es antes de la primera quincena de octubre, mientras que la votación en el Senado para los candidatos y candidatas a la Corte Suprema debería ocurrir la primera semana de octubre. No obstante, esto último, a raíz de la crisis, ha quedado en entredicho por parte de los parlamentarios.
Ayer, la
ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, precisó que el proyecto "no es una modificación al sistema de nombramiento solo aguas arriba, sino que también aguas abajo. Es al sistema de nombramiento dentro del Poder Judicial. Para abordar el problema que tenemos, no hay que sólo abordarlo desde la punta del iceberg, sino que también desde abajo".
Por su parte, esta mañana, el ministro de Justicia, Luis Cordero, precisó que la elaboración del propuesta incluye la revisión de las iniciativas que hasta ahora han estado sobre la mesa, incluyendo los procesos constitucionales, los proyectos en la comisión de Constitución del Senado, o las de la propia Corte Suprema. En total, son cerca de seis iniciativas en esta línea que se están considerando.
En esa línea, dijo que "esta es una reforma largamente demandada, pero que hasta ahora, ninguna de las propuestas ha logrado adhesión, y el Ejecutivo está tratando un proyecto que permita hacerse cargo de todas las críticas que tuvieran esas iniciativas en el pasado".
Con todo, Cordero precisó que hay consenso es que el régimen de gobierno judicial en Chile "tiene que cambiar" y que el régimen de nombramientos -todo el sistema-, "requiere profunda reforma". Así, los detalles que está revisando el Ejecutivo apuntan a: quiénes lo integran, de dónde provienen y qué perfilen deben tener sus miembros.
En efecto, hay consenso en el Parlamento en que el sistema está "corroído" y que se deben hacer cambios urgentes; ya sea, desempolvando proyectos anticorrupción que aún descansan en las comisiones, o con propuestas adicionales.
Por su parte, expertos e incluso, exautoridades, coinciden en que el actual sistema "es arcaico" y está "permeado por el tráfico de influencias", y que de todas formas, la respuesta que ha dado el Gobierno en torno a esta crisis nuevamente es "poco proactiva", considerando que hace meses se vienen develando situaciones reñidas con el sistema de nombramientos, como el "caso Whatsapp" que se destapó tras la revelación de chats de Luis Hermosilla.
Una "corte de casación" y mecanismos de transparencia
Javier Couso, abogado constitucionalista de la UDP, comenta respecto a la reforma que "temo que esto sea un saludo a la bandera, si es que no viene acompañado de una actitud más proactiva del Gobierno, a través de alguna urgencia". Esto, considerando que existe suficiente material acumulado de las propuestas de los procesos constitucionales, especialmente, del trabajo de la Comisión Experta del Consejo Constitucional, que apuntó a estas materias y tuvo consenso político transversal.
El abogado plantea que el actual modelo pone a cargo de los jueces el control económico, administrativo, disciplinario y ascenso. Y recogiendo la propuesta del Consejo, Couso es partidario de que la Suprema sea sólo "una corte de casación, y que se dedique sólo a ser el máximo tribunal en este país".
En segundo lugar, apunta a que existe ambiente para que haya un "Consejo de la Magistratura ordenado, ojalá uno con distintas labores,
y con mayoría judicial por sobre miembros del mundo político. Yo agregaría un par de representantes del Colegio de Abogados, lo que supondría avanzar a que exista un solo gremio, y/o decanos de facultades de Derecho".
De esta manera, dice el abogado, se diversifican los miembros, con una sociedad civil vinculada al mundo del derecho, y con participación. Esto, "permitiría que fuera más difícil para estas redes (de corrupción) puedan operar".
Por su parte, Daniel Soto, abogado y consultar internacional en Derechos Humanos, comenta que la reforma al sistema de nombramiento de jueces propuesta por el Gobierno debiese alinearse con estándares internacionales como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículo 14) y los Principios Básicos de las Naciones Unidas relativos a la Independencia de la Judicatura.
En ese sentido, sostiene que "la reforma debería incorporar mecanismos que garanticen la transparencia, establezcan criterios de selección objetivos, promuevan la diversidad judicial y aseguren el equilibrio entre poderes del Estado. Además, en línea con la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (artículo 11), debería incluir medidas para prevenir la corrupción y fortalecer la integridad judicial. Estas acciones no solo mejorarían la calidad de la justicia, sino que también aumentarían la confianza pública en el sistema judicial chileno".
La exministra de Justicia, Marcela Ríos dijo a StgoTV, que el actual sistema "es arcaico" y junto con estar "permeado por el tráfico de influencias", también impide que "muchas personas con los méritos suficientes, con la calidad profesional adecuada, no puedan ascender porque no tienen contactos políticos o la venia de sus superiores".
"Es un sistema que necesita ser adaptado a otro momento, que tiene que avanzar de manera complementaria, no sólo en la forma en que nominan los jueces, sino que también en un sistema de regulación más estricto respecto del funcionamiento del Poder Judicial, en términos de tráfico de influencias y conflictos de interés".
Otras propuestas desde el Congreso
El senador Esteban Velásquez (FRVS) dijo en torno a la crisis del Poder Judicial que "ante esta profunda crisis de confianza que está atravesando al país, en que nos ha quedado claro que está corroído el sistema de nombramientos de algunas autoridades a nivel de Fiscalía y de Ministros de la Corte, me parece oportuno hoy día, ante esta cuestión excepcional, también realizar cambios excepcionales y urgentes en los nombramientos".
La propuesta del parlamentario apunta a
que se considere la Alta Dirección Pública como una herramienta "en donde a partir de altos niveles de exigencia académica y ética, provoquen recién los nombramientos respectivos, dejando fuera la participación de la Corte Suprema y del propio Senado", y agregó que "ante momentos complicados también tienen que haber alternativas excepcionales para dar respuesta por el nivel de desconfianza".
En tanto, la bancada RN, elaboró su propia propuesta de reforma constitucional, que modifica el actual sistema de nombramientos, eliminando los ministros ajenos a la carrera judicial y creando un Consejo del Poder Judicial. Esta reforma busca establecer un proceso donde la capacidad profesional y la integridad sean los pilares en la selección de los jueces, eliminando influencias políticas.
