Ministra del Interior, Carolina Tohá.
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La ministra del Interior, Carolina Tohá, anunció esta tarde que el Presidente Gabriel Boric citará a parlamentarios para generar un compromiso en torno al proyecto de ley de infraestructura crítica: que la iniciativa sea despachado antes de que termine este año.
En un punto de prensa, la titular del Interior se refirió, en primera instancia, a los problemas de seguridad que afectan a algunos Centros de Salud Familiar (Cesfam) tras incidentes reportados en el último tiempo.
Tras una nueva sesión del Gabinete Pro Seguridad, la secretaria de Estado sostuvo que se diseñó "un plan que contiene un conjunto de acciones y líneas de trabajo, que abarcan desde el entorno de los consultorios,
las instalaciones mismas, el trabajo con los funcionarios y con la comunidad".
En ese sentido, Tohá aseveró que "requerimos un tipo de seguridad en los recintos distinto del que hemos conocido habitualmente", aludiendo a guaridas de seguridad desarmados y rondas policiales.
Por lo mismo, sostuvo que "se han establecido cinco categorías de riesgos", apuntando a que "el Presidente ha dispuesto que establezcamos para los centros de salud que están en categoría de riesgo extremo o muy alto, medidas de presencia policial o 24 horas o nocturnas desde ya".
No obstante, sostuvo que la medida "no puede ser una situación permanente", debido a que "las dotaciones policiales son escasas en todas partes y este tipo de presencia absorbe una gran cantidad de personal".
Por lo mismo, apuntó al proyecto de ley de infraestructura crítica. "El Presidente de la República va a citar una reunión con los integrantes de la comisión de Defensa del Senado y la comisión que la Cámara asigne como la que va a revisar el proyecto de infraestructura crítica para acordar con ellos (...) un compromiso de despachar este proyecto antes de que termine este año".
"No resiste más análisis, que habiendo esta necesidad tan grande de desplegar para ciertas funciones soldados en el país, no logremos construir un acuerdo para que este proyecto sea ley", complementó.
En paralelo, además, el Gobierno realizará "estudios de seguridad" en un par de centros asistenciales, que sean calificados como "riesgosos", con el objetivo de observar "la factibilidad de la contratación de vigilantes privados".
Asimismo, explicó que se requiere un estudio de la situación, ya que "el centro de salud tiene que tener las armas que se les van a proveer a este personal. Las tiene que tener, conservar y darle resguardo de seguridad, y eso nos parece algo delicado".
Señaló, eso sí, que aquello "no es para nada (...) recomendable hacer. Pero como no lo queremos descartar, vamos a hacer igualmente los estudios para mantener abierta esa alternativa".
