Los dueños del predio donde se emplaza la megatoma del Cerro Centinela de San Antonio, región de Valparaíso, accedieron a postergar el desalojo hasta fines de mes.
Esto, tras una solicitud del diputado Tomás de Rementería (PS), quien se ofreció para ejercer como puente ante el Gobierno para alcanzar una solución que, para los dueños, pasa por una compra directa del Estado del predio.
En ese marco es que en la edición de El Mercurio de ayer, mientras se espera que la Corte de Apelaciones de Valparaíso responda al recurso presentado por la Delegación Presidencial Regional a través de un "téngase presente", que solicitó un año más de plazo o "lo que estime conveniente" para cumplir con lo dictaminado por la Corte Suprema el pasado 22 de marzo de este año.
Hoy se cumplen los seis meses que estableció el máximo tribunal del país para sacar de las 257 hectáreas de los predios denominados "Hijuelas-Llolleo" y "Parcela Coterce" a las 3.945 familias y 9.845 personas que habitan el sector.
El plazo se cuenta desde que quedó ejecutoriada la sentencia y ordenó a las autoridades coordinar las acciones para resguardar los derechos de las familias a desalojar.
Sin embargo, no se trabajó en habilitar un albergue para recibir a esta cantidad de personas, un tercio de los cuales corresponde a menores de edad.
En esa línea, la alcaldesa de San Antonio, Constanza Lizana, ha manifestado que "el municipio no dispone de terrenos ni de presupuesto para materializar el albergue. Ha habido una reacción tardía de parte del Gobierno, respecto de tomar medidas adecuadas ante una acción judicial que lleva más de seis meses".
Se acogió la solicitud
El abogado de la Inmobiliaria y Constructora San Antonio, Diego Pereira, explicó a El Mercurio que desde hoy, al cumplirse el plazo dado por la justicia, podrían exigir que la orden se cumpla, pero sus clientes acogieron la solicitud del diputado de Rementería de postergar esta medida hasta fin de mes.
El Ministerio de Vivienda en reiteradas ocasiones ha manifestado que no puede comprar el terreno por tratarse de una toma y por eso planteó la opción de las cooperativas, para que los propios habitantes adquieran los terrenos y luego actuar con sus programas de vivienda.
Consultado por el diario El Líder de San Antonio sobre su intervención con los dueños del predio, el diputado de Rementería comentó que "conocí a algunos dirigentes de las tomas y trabajé con ellos. Estaban complicados por el desalojo. Cuando me junté con ellos y pensando en una solución que fuera equilibrada y ordenada, porque un desalojo de un día para otro sería un problema gigantesco para el Gobierno, le escribí una carta formal a los dueños solicitando un plazo para que buscaran soluciones y salidas"
El parlamentario agregó que tras una protesta que efectuaron los pobladores a fines de septiembre "envié esa carta a la inmobiliaria San Antonio y respondieron que estaban dispuestos a dar un plazo para que les dieran una solución. Es una solución de caballeros y decidieron aplazar el cúmplase".
De Rementería aclaró que "no soy quien debe darle una solución a los pobladores, ni tampoco represento a la inmobiliaria. Solo tengo el interés legítimo del bienestar de más de 4.000 familias donde hay niños y adultos mayores, lo que verificó el catastro y son personas a lo que el Estado de Chile no les ha dado una solución de vivienda".
Según el diputado, "es tan dramático el tema de la vivienda en San Antonio que estamos peleando con algunos comités regulares y el Ministerio de Vivienda le puso una serie de trabas a la compra de los terrenos. Acá existe una situación inaceptable desde el punto de vista humano".
El diputado también admitió que el plazo cedido por la inmobiliaria no es la solución, pero "el téngase presente presentado por el Gobierno tiene el sentido de demostrar que tiene un plan de trabajo. Hay que entregarle la información a los vecinos y a los propietarios del predio sobre el sistema y las cooperativas".
En ese sentido, el abogado Diego Pereira afirmó que "a nosotros nadie nos ha preguntado si estamos de acuerdo, si queremos participar en el proceso. Nadie nos puede obligar a vender el terreno a los ocupantes".
