Ángel Valencia, fiscal nacional.
Aton (Archivo)
El fiscal nacional,
Ángel Valencia, se refirió este jueves a la nueva arista surgida del
caso Audio, que ahora involucra al abogado y asesor del Partido Socialista (PS),
Enrique Aldunate, acusado de filtrar información reservada de la causa.
Producto de esta situación, el Ministerio Público ordenó hoy a la PDI la incautación del celular y computador de Aldunate, quien además representa a los diputados socialistas Daniella Cicardini y Daniel Manouchehri.
Al respecto, Valencia comentó que "el problema con las filtraciones, la entrega o las circunstancias en las que se hace pública información que es reservada de las investigaciones penales, es un problema que tiene muchas décadas. Es anterior a la reforma procesal penal".
"Nosotros recibimos una fiscalía que tiene que estar permanentemente preocupada de evitar las filtraciones, evitar los espacios en los cuales esa información se pierda porque en la medida que las investigaciones se mantienen reservadas, avanzan mejor. Cuando es produce una filtración de una investigación que es reservada, la investigación se entorpece. Por eso es que es tan importante para nosotros", complementó.
Según dijo Valencia, "desde que asumimos hemos adoptado un conjunto de medidas para ello. Medidas informáticas, hemos hecho medidas incluso administrativas, de instrucciones internas para cambiar los procedimientos de entrega de copias, hemos invertido plata en nuevas aplicaciones informáticas para reducir los riesgos y mejorar los estándar de seguridad, hemos abierto muchas investigaciones administrativas cuando hemos constatado que estas filtraciones han ocurrido, tenemos un sistema que hoy día detecta los accesos indebidos, pero seguimos con un problema y eso parte de lo que planteamos en el oficio al ministro de Justicia".
En ese sentido, enfatizó que "todas estas medidas que hemos adoptado enfrentan un escenario legislativo que es adverso y es hostil ¿Cuál es ese escenario hostil? Que una vez que cada imputado toma conocimiento de la causa, es decir un abogado, cada vez que una persona presenta una querella ese abogado querellante, ese imputado, ese defensor tienen derecho a que se les entreguen todos los antecedentes de la investigación, una copia íntegra de todos los antecedentes. A partir de ese momento, perdemos control en los hechos muchas veces de aquello que reciben los intervinientes y tenemos muchas dificultades para pesquisar las filtraciones de esos antecedentes".
"Frecuentemente se producen publicaciones en la prensa de antecedentes que forman parte de aquello que se les ha sido entregado a los intervinientes antes, que están en las copias que acabamos de entregar a los intervinientes. Muchas medidas administrativas que tomamos internamente, mientras no haya modificaciones legales que nos permitan establecer más restricciones, más regulaciones a esta entrega de copias, vamos a seguir enfrentando los problemas que tenemos hoy día", subrayó.
Por último, acotó "nos interesa investigar estas filtraciones cada vez que (exista un posible) delito y cada vez que haya una infracción administrativa. No sólo nos importa la responsabilidad interna, sino que también las responsabilidades penales involucradas, y las vamos a perseguir cada vez que sea necesario".
