El delegado presidencial de La Araucanía, Eduardo Abdala, afirmó que "es bueno empezar con un desescalamiento del estado de excepción constitucional" en la zona "después del verano".
En entrevista con El Austral de La Araucanía, el representante del Ejecutivo también aseguró que la medida "ha generado en conjunto con otras acciones una política pública distinta. Esto no es solo tener militares en las rutas, sino que aquí hay una política pública con el acuerdo de empresarios, agricultores, mapuches, lo que ha permitido disminuir los delitos de violencia rural en un 50%".
También considera que
"hay cuestiones que deberían mantenerse como es el resguardo en las rutas, independiente de quien lo haga, porque si uno analiza la tipología de la criminalidad de los delitos, ellos tienen salida por las rutas".
Consultado sobre el nivel del desescalamiento, Abdala dijo que "lo que ocurre es que un estado de emergencia constitucional pone en manos de un tercero, como es el Jefe de la Defensa Nacional, el resguardo de áreas seguras, sin embargo, yo creo que hay que ayudar a definir eso ojalá a partir de una legislación, teniendo en consideración ciertas áreas críticas, donde están los servicios y las rutas".
"Una vez que se tome esta decisión, habrá que verificar cuáles son las condiciones que se requieren para asegurarle a la ciudadanía un estado de mayor tranquilidad y seguridad. Dicho esto, tenemos que evitar que otros tipos de delitos lleguen hasta La Araucanía. Por eso, no me atrevo a decir si esto se hará con menos o más contingente", dijo ante la pregunta sobre si se refería a focalizar la acción militar o disminuir el contingente.
Cabe recordar que Abdala se mostró abierto a dialogar con la Coordinadora Arauco Malleco (CAM).
Sin embargo, la Delegación Presidencial Regional (DPR) de La Araucanía difundió un comunicado en que modificó la postura planteada en un principio por Abdala. "El Gobierno condena enérgicamente todo acto de violencia. No existe justificación alguna para utilizar la violencia terrorista como medio de presión o herramienta de reivindicación. La violencia y el terror son inaceptables en una sociedad democrática y constituye una amenaza directa al bienestar y la seguridad de los habitantes de la región", fue parte de los que se señaló en el escrito.
