En
prisión preventiva quedaron cinco carabineros, entre cabos y sargentos, que fueron detenidos y formalizados por delitos de
cohecho en la Región de Tarapacá.
Los funcionarios policiales
cobraban dineros a conductores bolivianos en la frontera.Los hechos que se le imputan a los funcionarios de reparticiones de Pozo Almonte y Huara,
ocurrieron a fines del año 2022, quedaron al descubierto por la Dirección de Asuntos Internos de Carabineros (Daicar), que permitió la identificación de sargentos y cabos que cobraban dineros a transportistas bolivianos en la ruta 5 Norte y la ruta 15 CH, ( Huara- Colchane).
Desde la Zona de Carabineros Tarapacá y a través de un comunicado, informaron que luego de la investigación y tras la detección de los cinco funcionarios de la Prefectura Iquique y que habrían realizado acciones constitutivas de delitos, fueron detenidos y, "sin desmedro de los procesos correspondientes, expulsados de las filas de Carabineros".
La formalización de los delitos la realizó el fiscal jefe de Pozo Almonte, Hardy Torres, quien durante sus alegatos explicó que se realizaron diversas diligencias como seguimientos, fotografías, vídeos e interceptaciones de comunicaciones, estableciéndose que la conducta de cobrar dinero a los choferes bolivianos era habitual entre los imputados, principalmente a choferes de buses y de camiones bolivianos cargados con cigarros o vehículos.
El persecutor agregó que luego de recibir el dinero ( entre 20 a 50 mil pesos) en moneda boliviana, chilena o dólares, los excarabineros dividían las ganancias con otros funcionarios que formaban parte de la patrulla.
El fiscal Torres, además, dijo que uno de los imputados, en enero de este año, vistiendo uniforme sustrajo mercadería desde un minimarket de Alto Hospicio, avaluada en $27 mil pesos, indicando que se le había quedado la billetera y que volvería a pagar. Expuestos los antecedentes que involucran a los cinco excarabineros, la Fiscalía del Tamarugal solicitó al tribunal la prisión preventiva de todos los involucrados, por ser su libertad un peligro para la seguridad de la sociedad. Lo anterior fue acogido por el magistrado, quien fijó un plazo de investigación de 150 días.
