Una alerta fue el balance de Chile Transparente sobre el avance de las medidas recomendadas por la comisión Jaraquemada, o como el Gobierno la bautizó: Comisión Asesora Ministerial para la regulación de la relación entre las instituciones privadas sin fines de lucro (IPSFL), que nació a raíz del caso Convenios.
Un total de 46 recomendaciones fue las que emanó la instancia, encabezada por la abogada y directora ejecutiva de Chile Transparente, María Jaraquemada, al Presidente Gabriel Boric, para instalar -tanto administrativa como legislativamente- una agenda de probidad.
Pero a más de un año de la entrega, la entidad advirtió que solo el 51% de las medidas se han instalado e informó que del total de recomendaciones, solo 24 muestran avances.
También se apunta al rezago en el Congreso de medidas como el Registro de Beneficiarios Finales, que develaría los propietarios de empresas que reciben financiamiento público, y la Ley de Transferencias, que instala reglas y sanciones al uso indebido de fondos públicos.
De hecho, el balance de Chile Transparente evidencia que el Parlamento arroja el peor desempeño en el cumplimiento de medidas, con un 44% de avance.
Sobre esto se refirió el ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Álvaro Elizalde, relevando que las competen al Parlamento "son materias legislativas, por tanto, su aprobación no depende de la voluntad del Gobierno.
Todo lo que corresponde a medidas de carácter reglamentario o administrativo han sido implementadas por el Gobierno".
En esa línea, relevó que "nosotros tenemos incorporadas estas medidas dentro de la agenda legislativa del Gobierno y esperamos que todas sean aprobadas antes del término del mandato".
Y destacó que el Ejecutivo ha ingresado "urgencias sucesivas" a los proyectos de ley. En el caso del Registro de Beneficiarios Finales, apuntó que "nos parece que es fundamental, porque esa es una herramienta para garantizar el cumplimiento de la legislación tributaria, para evitar conflictos de intereses, y en otros países también se ocupa respecto del financiamiento de actividades como son las actividades terroristas".
"Esto es una legislación que Chile necesita, por eso es un mensaje del Ejecutivo firmado por el Presidente Boric. Nosotros estamos impulsando ese proyecto y esperamos que sea aprobado por el Congreso Nacional", cerró.
