Continúa el debate en torno al proceso de regularización acotado de migrantes que busca impulsar el Gobierno, y que ha abierto varias críticas tanto desde el oficialismo como de la oposición. Una de las alertas que se han levantado, es que podría generar un "efecto llamado".
Sobre el tema ya se refirió el subsecretario del Interior, Luis Cordero; la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo; y el viernes, fue el turno del ministro de la Segprés, Álvaro Elizalde, quien apuntó a que el "efecto llamado" ocurrió durante el gobierno anterior.
"Si hablamos de efecto llamado, el efecto llamado se produjo en el gobierno anterior, cuando el expresidente Piñera fue a Cúcuta y cuando se produjo la mayor regularización de inmigrantes de nuestra historia. Eso aconteció en el Gobierno anterior y eso tuvo un efecto llamado", dijo el ministro.
Junto con subrayar que este Gobierno ha tenido como eje central de la agenda el fortalecer la institucionalidad en materia migratoria y el control para evitar el ingreso por pasos no habilitados, insistió en que las responsabilidades de la crisis son herencia de las administraciones anteriores.
"Esta no es una crisis que se haya provocado por el actual Gobierno, más bien es una herencia de administraciones anteriores en donde efectivamente se produjo lo que usted hace referencia a este efecto llamado", afirmó Elizalde, junto con llamar a los actores políticos a no sacar "pequeñas ventajas" de esta iniciativa que aún está en proceso de definiciones.
Las críticas a los procesos previos
Chile ha tenido cuatro procesos de regularización de migrantes: En 1998, durante el gobierno de Eduardo Frei; en el segundo gobierno de Michelle Bachelet; y dos en el gobierno de Sebastián Piñera.
Los tres últimos procesos han sido los más cuestionados por la oposición de turno. Por ejemplo, durante el proceso encabezado por Bachelet, se cuestionó de un "perdonazo" a migrantes, quienes en su mayoría eran de origen peruano.
En tanto, en 2018, cuando el ex Presidente Sebastián Piñera inició un primer proceso -abierto a cualquier nacionalidad-, el gobierno también salió a defenderse del rótulo usado con Bachelet.
"Aquí no hay 'perdonazo', sino regularizaciones que son dos conceptos completamente distintos. Lo que queremos y buscamos y hemos planteado es que aquellos extranjeros que se encuentren en forma irregular al día de ayer, se abre un proceso, como se ha explicado, para regularizar su situación pero sujeto a condiciones", manifestó ese año el entonces
ministro del Interior, Andrés Chadwik.
La entonces presidenta de la comisión de Gobierno Interior, diputada Daniela Cicardini (PS), cuestionaba por esos días el ingreso de una serie de indicaciones y decretos que firmaba Piñera en torno al proyecto de Ley de Migraciones.
"A nosotros también nos gustaría escuchar la visión de las mismas organizaciones de la sociedad civil, académicos y profesionales, sobre estas visas que van a ser por acto administrativo. Lo que más me preocupa es que seguimos en la lógica de una ley de Extranjería y no una ley de Migración", sostuvo la parlamentaria. En respuesta, la entonces diputada RN, Paulina Núñez, llamó a su par a "conocer el texto" antes de opinar.
Quien sí se mostró a favor de la iniciativa fue el entonces timonel PS y actual ministro Álvaro Elizalde, quien valoró que el Ejecutivo pusiera el tema en agenda, aunque indicó también que lo verían en su mérito. "Nos parece que es necesario establecer un trato equitativo y de la misma naturaleza a todos los extranjeros, sin establecer discriminaciones de ningún tipo. Por tanto, sobre la base de datos objetivos, aquí se ha establecido un trato diferenciado respecto de algunas nacionalidades con otras", acotó.
En abril de 2021, el ex Presidente Piñera promulgó finalmente la Ley de Migraciones, luego de 8 años de tramitación en el Congreso, la que vino a reemplazar la Ley de Extranjería (de 1975).
Pero la normativa tuvo que pasar por varios obstáculos, puesto que el Frente Amplio acudió al TC para impugnar 13 artículos. Según criticó por entonces la diputada y expresidenta de RD, Catalina Pérez, el proyecto no se hacía cargo "de cómo debería funcionar una política moderna del fenómeno migratorio y va a terminar provocando mayor irregularidad y eso dificulta la política pública desde quienes queremos garantizar los Derechos Humanos de la población migrante como de quienes quieren que ingresen menos migrantes al país".
Si bien la Ley de Migraciones fue promulgada en 2021, no fue hasta el 12 de febrero de 2022 cuando entró en vigencia. No obstante, un artículo transitorio quedó con ejecución inmediata, y fue aquel el que permitió el ingreso de 210 mil solicitudes de regularización.
1998: Gobierno de Eduardo Frei
Durante el gobierno del ex Presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle (1994-2000) se realizó un proceso de regularización migratorio que constó de dos etapas: en la primera, se otorgó una residencia temporaria por el plazo de un año, donde se benefició a cerca de 22.000 extranjeros.
El proceso se inició el 1 de octubre de 1998 y tuvo una duración de tres meses a contar de esa fecha. Los derechos a pagar por el permiso de residencia fueron de $25.000 para los titulares y $7.500 para los dependientes.
En la segunda etapa, se otorgó la permanencia definitiva a alrededor de 18.000 extranjeros. Podían postular aquellos extranjeros que residan en el país con su permiso de turismo vencido o visado de residencia vencidos; los que estuvieren trabajando en forma irregular; los que se encontraran en el país con permiso de turismo vigente o con solicitud de visado de residencia en trámite.
También pudieron postular los infractores al Convenio Arica Tacna; y quienes no tuvieran antecedentes negativos, ni expulsión vigente u orden de abandono o resolución de prohibición de ingreso.
2007: Primer Gobierno de Michelle Bachelet
Durante el primer gobierno de la ex Presidenta Michelle Bachelet (2006-2010), tuvo lugar el segundo proceso de regularización migratoria en el país.
Mediante la Resolución Exenta N° 36.339 del 22 de octubre de 2007 del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, se decretó una regularización para todos aquellos ciudadanos extranjeros, provenientes de Perú, Argentina, Bolivia, Brasil, Ecuador, Uruguay, Paraguay, Colombia, Venezuela, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Honduras, Guatemala, México, República Dominicana, Cuba, Islas Caimán y Haití.
55.000 personas extranjeras obtuvieron regularización migratoria durante el gobierno de Michelle Bachelet
El requisito fue que aquellos extranjeros tenían como fecha límite el haber ingresado al territorio nacional hasta el 21 de octubre de 2007 y que se encontraren el cualquiera de las siguientes situaciones:
Que estuvieran residiendo en Chile con su permiso de turismo vencido o visado de residencia vencida; desarrollando actividades remuneradas sin la respectiva autorización; viviendo en Chile con permiso de turismo vigente o con solicitud de visado de residencia en trámite.
También se estableció que estuvieran residiendo en el país, y ser infractor de los artículos 8° y 9° del Convenio sobre Tránsito de Personas en la Zona Fronteriza Chileno-Peruana de Arica-Tacna; y haber ingresado al país por pasos no habilitados. Además de encontrarse en cualquiera de estas situaciones, las personas no debían contar con antecedentes policiales o judiciales negativos.
El proceso de regularización se inició el 5 de noviembre de 2007 y concluyó el 5 de febrero de 2008. El valor de los derechos a pagar por la visa de residencia fue de $30.000 para los titulares y de $9.000 para los dependientes. En este proceso de regularización se beneficiaron alrededor de 55.000 personas migrantes de origen latinoamericano, en su mayoría, peruanos.
A los extranjeros beneficiarios, se les otorgó una residencia temporaria por un año, al cabo del cual, pudieron postular a la permanencia definitiva, de conformidad a la normativa vigente.
2018: Segundo Gobierno de Sebastián Piñera
Durante el segundo gobierno del ex Presidente Sebastián Piñera (2018-2022) se dispuso el tercer proceso de regularización extraordinaria de extranjeros, mediante Resolución Exenta N° 1.965 de fecha 9 de abril de 2018 del Subsecretario del Interior, para las personas que se encontraran en las siguientes situaciones:
131.399 solicitudes fueron otorgadas durante el primer proceso de regularización del segundo gobierno de Sebastián Piñera
"Aquellos extranjeros de cualquier nacionalidad, que permanezcan en el país en situación irregular y que hayan ingresado en forma regular o irregular al país hasta el 8 de abril de 2018; y aquellos extranjeros que desarrollen actividades remuneradas sin contar con la autorización correspondiente o aquellos con una solicitud de visa o reconsideración en trámite".
También se otorgó el beneficio para aquellos extranjeros que residían en el país con un permiso de turismo vencido o visado de residencia vencida, y aquellos extranjeros que al 8 de abril de 2018 tuvieran su permiso de turismo vigente. Asimismo, se estableció que no estuvieran comprendidos en determinados numerales de la ley de extranjería.
El proceso de registro y recepción de solicitudes se inició el 23 de abril de 2018 y se extendió por 90 días hasta el 22 de julio de 2018. El beneficio otorgado fue una residencia temporaria en calidad de titular por el plazo de un año, y sujeta a un pago de arancel de USD 90 dólares.
En este proceso se presentaron 155.444 solicitudes de regularización, se acogieron a trámite 137.728 y fueron otorgadas 131.399.
Sobre estas cifras, el ex director del Servicio Nacional de Migraciones, Álvaro Bellolio, subrayó que menos del 4% de las personas regularizadas en el gobierno de Sebastián Piñera, fueron clandestinos.
"En las regularizaciones anteriores, la del año 2018 fue por la falta de información y datos oficiales, posterior a la migración con los vuelos LAW y otros. Se regularizaron cerca de 120 mil que ingresaron legal a Chile y se venció su visa de turismo o de residencia, y 12 mil cubanos y dominicanos clandestinos", sostuvo.
Proceso de regularización en 2021
El 20 de abril de 2021 -mediante resolución exenta- del Ministerio del Interior y Seguridad Pública se aprueba, en el gobierno de Sebastián Piñera, el proceso de regularización contemplado en el artículo octavo transitorio de la entonces nueva Ley 21.325 de Migración y Extranjería.
Dicho artículo dispone que "los extranjeros que hubieren ingresado al país por pasos habilitados con anterioridad al 18 de marzo de 2020 y se encuentren en situación migratoria irregular podrán, dentro del plazo de 180 días contados a partir de la publicación de la presente ley, solicitar un visado de residencia temporal sin ser sancionados administrativamente".
192.939 personas fueron regularizadas a partir del proceso iniciado en abril de 2021
Los requisitos para postular al proceso de regularización para extranjeros en situación de irregular que hubieren ingresado al país por un paso habilitado hasta el 18 de marzo de 2020, entre otros aspectos, son: haber ingresado al territorio nacional por paso habilitado con anterioridad al 18 de marzo de 2020; tener la calidad de irregular, al momento de la postulación.
También se estableció que no podían tener antecedentes penales ni en su país de origen ni en Chile; no contar con alguna sanción, sea administrativa o judicial, vinculada a la normativa migratoria vigente para este proceso (expulsión, orden de abandono por razones relacionadas a crímenes o simples delitos sea en Chile o en su país de origen); realizar la postulación dentro de los 180 días siguientes a la publicación de la Ley en el Diario Oficial.
La normativa también exige tener pasaporte vigente al momento de postular o título de residencia, ante la imposibilidad de contar con pasaporte; y pagar arancel de USD 90.
Durante la tramitación de la residencia, luego de la postulación se otorgó un permiso para realizar actividades remuneradas, vigente durante todo el tiempo de la tramitación del permiso.
En este proceso se presentaron 210.639 solicitudes de regularización, se acogieron las mismas 210.639 y hasta abril de 2023 se habían otorgado 192.939.
De acuerdo a Bellolio, en esta regularización en concreto se otorgó "solo a quienes ingresaron legalmente al país, con cerca de 200 mil casos".
