El Gobierno del Presidente Gabriel Boric inició una serie de acciones que buscan anular el fallo que emitió el pasado 9 de diciembre el Tribunal Ambiental de Antofagasta en torno al proyecto minero-portuario Dominga, donde revirtió el rechazo a su ejecución.
El 18 de enero de 2023, el Comité de Ministros había dado un portazo a la iniciativa de Andes Iron, sin embargo, la empresa apeló, consiguiendo un vuelco en la trama.
El Tribunal Ambiental de Antofagasta consideró que los ministros y ministras que conformaron el comité transgredieron el principio de imparcialidad, puesto que quienes se habían manifestado previamente en contra del proyecto, no se inhabilitaron en esa sesión de enero.
Asimismo, el mencionado tribunal determinó que el Comité de Ministros tenía un plazo de 15 días para volver a sesionar con representantes que "no se encuentren afectos a situaciones que comprometan su imparcialidad y probidad administrativa".
Ese plazo vence el próximo 31 de diciembre, pero con las nuevas acciones del Ejecutivo -a través del Servicio de Evaluación Ambiental-, los tiempos pueden cambiar y extender otro capítulo de la "trama Dominga".
De hecho, el presidente de la Sociedad Nacional de Minería (Sonami), Jorge Riesco, ya salió a lamentar la decisión y afirmó este martes que "la determinación del Servicio de Evaluación Ambiental va a generar una demora adicional a uno de los proyectos de inversión que, paradójicamente, esta incluido en el Catastro de Inversiones Mineras que realiza Cochilco para los próximos 10 años, que contempla más de US$83 mil millones, y que ha sido tan celebrado por las autoridades".
Recurso de casación
El Ejecutivo busca subsanar este revés a través de un recurso de casación ingresado a través del Servicio de Evaluación Ambiental ante la Corte Suprema.
A su vez, solicitó al mismo tribunal que suspenda los efectos de la sentencia mientras el recurso se resuelve en la Corte Suprema.
Según conoció Emol, será la
Tercera Sala del máximo tribunal el que deberá revisar el recurso, y
ese proceso puede durar incluso meses. Fuentes conocedoras afirman que no se trata de un tema que pueda ser resuelto "la próxima semana".
Si la Suprema rechaza la orden de no innovar del Ejecutivo, el Comité de Ministros estaría "obligado" a resolver rápidamente de igual manera; en cambio, si el máximo tribunal acoge la solicitud, comenzarán a regir los tiempos de la propia Suprema. Esto dependerá de cuánto tarde el tema en ponerse en tabla y luego, fallar.
En el caso de que el Comité de Ministros se vea obligado a volver a deliberar, la ministra de Medio Ambiente, Maisa Rojas, ya anunció que todos los ministros que participaron en el proceso anterior -que rechazó a Dominga-, se inhabilitarán. Es decir, no participarán los titulares de Medio Ambiente, Salud, Energía, Minería, Economía y Agricultura.
Pero hay otro elemento clave que reconfigura los tiempos: El Gobierno envió un ofició a la Contraloría para "que nos ayude a resolver tanto la composición como la presidencia de un nuevo comité que deba resolver este fallo", dijo Rojas.
Según conoció este medio, en Contraloría tampoco hay fechas para emitir un pronunciamiento al respecto, lo que abre otro dilatado proceso para definir los destinos del proyecto minero en Coquimbo.
