La Sala Penal de la Corte Suprema experimentó un cambio en su jurisprudencia en materia migratoria en 2022, cuando comenzó a aumentar el rechazo de recursos de amparo para declarar ilegal y dejar sin efecto los decretos de expulsión, y ello se debería en gran medida a la nueva Ley de Migración y Extranjería de 2021, según el informe del Observatorio Judicial. Entre los años 2018 y 2024, las cortes de apelaciones resolvieron 5.361 amparos, mientras que la Corte Suprema falló unas 923 causas por el mismo asunto. Y por la vía del amparo, los tribunales han dejado sin efecto cerca de 4.000 decretos, previo a la entrada en vigencia de la Ley N° 21.325. De estos, las cortes de apelaciones acogieron el 71% y el máximo tribunal falló un 81% a favor del inmigrante, consigna el estudio.
