La Corte Suprema emitió una declaración pública en torno al recorte de presupuesto de más de $17 mil millones que afectará al Poder Judicial para el año 2025 y adelantó que esta determinación "tendrá un fuerte impacto en el funcionamiento operativo de tribunales, los cuales en la actualidad presentan una importante sobrecarga laboral".
En sesión extraordinaria del Pleno, la Corte Suprema señaló a través de una misiva en torno al subtítulo 21 "Gastos en Persona" que la sobrecarga labora que afectada a los tribunales del país se debe a "la implementación de nuevas leyes sin fortalecimiento de la dotación de personal, incremento de la población, nuevos delitos, entre otros factores".
"Se ha expuesto al Ministerio de Justicia la necesidad de fortalecer la dotación de tribunales especialmente en materia laboral, de familia y penal", añadieron desde el máximo tribunal del país,
planteando que para tribunales de primera instancia los requerimientos de mayor dotación son "731 jueces, 203 consejeros técnicos y 2.893 funcionarios".
En el texto también aseguraron que lo anterior "implica un déficit de dotación de jueces de primera instancia, equivalente al 47%" y que la carga actual implica que "los tribunales trabajen al límite de sus capacidades de atención, tramitación y resolución, lo que hace especialmente relevante poder mantener la continuidad ante ausencias, especialmente de jueces, empleados y otros cargos críticos".
Advirtieron que "una rebaja del presupuesto del subtítulo 21 pone en serio riesgo la continuidad operacional de la institución", ya que "implica restringir el presupuesto de suplencias, que permite financiar una parte de las ausencias de personal de tribunales, no disponible por feriado o licencias médicas".
"En el ámbito de déficit de dotación ya indicado, cualquier rebaja presupuestaria, implica en la práctica reducir aún más la capacidad de tribunales y aumentar las cargas de trabajo existentes. Ello ante un escenario creciente de ingresos en tribunales de todo el país", añadieron.
Apuntaron que "a la fecha no existe avance en los proyectos de ley que incrementan dotación de tribunales, por lo que en el corto y mediano plazo se proyecta que el déficit estructural de dotación se mantendrá".
En torno al Programa de Rezago de Causas Judiciales, el máximo tribunal del país sostuvo que "se aplicó una rebaja del 2% al presupuesto de este programa para el año 2025, su continuidad reviste un importante apoyo al déficit estructural de jueces y personal de apoyo".
Respecto al subtítulo 22, "Bienes y Servicios de Consumo", señalaron que "una rebaja de la cuantía mencionada implica no reconocer el déficit estructural existente". "Para el año 2025, adicional a los mayores costos asociados al aumento del valor de la unidad de fomento y al resto de los costos operacionales, corresponde la renovación a nivel nacional del servicio de guardia, el cual representa más del 20% del presupuesto estructural y cuyo aumento, no financiado en la ley del año 2025, se prevé cercano al 30%, motivado principalmente por el aumento del salario mínimo y la ley de 40 horas", afirmaron.
"Adicionalmente, para este año se prevé el impacto real por el año completo del alza del costo de la electricidad, lo que sin duda aumentará el déficit en este subtítulo de este Poder del Estado, el cual bordeará los 8 mil millones de pesos", sostuvieron.
Respecto al subtítulo 29, "Adquisición de Activos No Financieros", indicaron que "la rebaja implicará afectar las renovaciones de licencias necesarias para la operatividad y seguridad informática de los sistemas computacionales de este Poder del Estado. Lo anterior significa una disminución de las medidas de ciber seguridad ya implementadas, con los riesgos que ello conlleva, en especial el resguardo de datos sensibles de los usuarios".
Concluyeron señalando que lo expuesto "afectará seriamente el funcionamiento de los tribunales y el acceso a la justicia, razón por la cual esta Corte Suprema manifiesta su preocupación ante el escenario planteado y se da a conocer a la opinión pública a fin de que se comprenda la gravedad que implica el recorte presupuestario efectuado".
"Está Corte Suprema, por intermedio de su Presidente y de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, realizará todas las gestiones necesarias con las autoridades pertinentes, con el objeto de revertir esta situación o aminorar sus efectos dañinos para el servicio judicial", lanzaron.
