El despliegue a contrarreloj que inició el Gobierno para aprobar la reforma de pensiones antes del receso legislativo, se encontró con una piedra de tope que puede dar con el escenario más temido del Ejecutivo: Aplazar el debate para marzo, cuando se polarice el debate político por motivo de la elección parlamentaria y presidencial.
La ministra de Trabajo, Jeannette Jara, y el titular de Hacienda, Mario Marcel, han trabajado intensamente en el Congreso para sortear las vallas que se le han presentado al proyecto. Tanto así que este miércoles, la secretaria de Estado estuvo buena parte de la jornada reunida con los jefes de los comités oficialistas de la Cámara, donde precisamente la reforma arriesgaba quedarse estancada a raíz de la resistencia del sector a claudicar con la promesa de poner fin a las AFP.
A ello se sumó la reforma constitucional anunciada por la bancada de diputados Independientes - PPD, con la que buscan establecer que las entidades encargadas de administrar ahorros previsionales, no podrán perseguir fines de lucro. "Nadie de nosotros quiere retrasar una discusión, lo que queremos es el mejor acuerdo de las pensiones para nuestro país", explicó la diputada Camila Musante.
Como fruto de las tratativas de la ministra, la bancada del Frente Amplio salió en bloque a anunciar su respaldo a la integralidad del proyecto, sin insistir en mecanismos que permita debilitar a las AFP y fortalecer el rol del Estado, como pretendían los diputados al desdramatizar que la reforma cayera en comisión mixta. Sí comprometieron en el futuro ingresar un proyecto de ley que instale un inversor público en el sistema previsional.
"Si se va a mixta va a ser una decisión de los diputados", había sostenido Jara la mañana de este miércoles. "Lo que el Gobierno quiere es que este proyecto se apruebe ahora ¿Por qué? Porque eventualmente, si se va a mixta, esto pasaría para marzo, y para nadie es secreto que en marzo parte todo lo que es la contienda electoral para el próximo Congreso y para las presidenciales, y cuando hay elecciones nos polarizamos más".
Además, advirtió que "más que se detenga (el proyecto) lo que ocurre es que la mixta es un tema de que estamos empatados, oficialismo y oposición, y ya llegamos a un acuerdo. Entonces no sé muy bien cuál sería el objetivo".
El escollo en Hacienda
Con todo, la principal cortapisa que encontró el Ejecutivo no estuvo en el desorden oficialista, sino en la comisión de Hacienda del Senado, donde se debatieron los 11 riesgos de sostenibilidad financiera del proyecto que identificó el Consejo Fiscal Autónomo (CFA).
La principal observación de la entidad estuvo en la posibilidad de que no se cumplan los ingresos permanentes que se buscan destinar para la reforma con la ley de cumplimiento tributario. De hecho, al ser este proyecto del Gobierno la principal fuente de financiamiento de la reforma, el CFA propuso arrancar con un piso más bajo de compromisos sobre el gasto fiscal.
Es así que el senador Felipe Kast (Evo), titular de la comisión de Hacienda, puso como condición para el avance del proyecto el revisar los puntos de implicancia fiscal, revisión que no se alcanzó a finiquitar en la sesión, de modo que la expectativa de discutir la reforma en el Senado este jueves -y en la Cámara este viernes- se vio frustrada.
Por esta situación, el Frente Amplio arremetió contra el parlamentario. El jefe de bancada, Jaime Sáez, acusó que "estamos convocados para sesionar en la Sala de la Cámara este viernes a mediodía, y es probable que esa situación tenga que cambiar, ya que acá se está señalando por parte del senador Felipe Kast que está en juego algo así como el honor de la Comisión de Hacienda, cuestión que nos parece muy impresentable".
"El Senado lleva teniendo esta discusión casi durante un año, y lo que vemos por parte de la oposición es un ánimo de no cumplir el acuerdo", fustigó.
A la tramitación se adicionó el hecho de que tanto la comisión de Hacienda como de Trabajo de la Cámara Alta no estaban en condiciones de emanas sus informes sobre la reforma. Así lo advirtió la presidenta de la Cámara, Karol Cariola, tras reunirse con el titular del Senado, José García Ruminot.
Cariola informó que el Senado "no tiene claridad de cuáles van a ser los tiempos que se van a tomar definitivamente", por tanto "eso nos complica como Cámara, por supuesto, porque estamos en una situación absolutamente desventajosa respecto del control de los tiempos y evidentemente necesitamos poder dar certezas", advirtió.
Con el tiempo en contra, al Ejecutivo le queda un recurso más a agotar para intentar aprobar el proyecto en enero. El Presidente Gabriel Boric puede utilizar la facultad de citar a sesionar a la Cámara, invocando el artículo 32, número 2 de la Constitución.
"Quiero ser muy claro: el Presidente de la República tiene una atribución que le confiere la Constitución para solicitar que cualquiera de las dos cámaras sesionen, y obviamente esa sesión tiene que ocurrir a la brevedad posible", avisó el ministro de la Segpres, Álvaro Elizalde, y precisó que no se descarta ejercerla si "los plazos de tramitación en el Senado se postergan".
