De izquierda a derecha, diputados: Raúl Leiva (PS), Raúl Soto (PPD), Camila Flores (RN), y Stephan Schubert (REP).
Emol.
Una serie de reacciones dejaron los dichos del
ministro de Bienes Nacionales, Francisco Figueroa, en torno a la fallida compraventa de la casa del ex Presidente Salvador Allende, y que mantiene a la ministra de Defensa,
Maya Fernández, y a la senadora
Isabel Allende, en calidad de imputadas.
Ayer, el secretario de Estado reconoció -en conversación con Chilevisión-que hubo desprolijidades en el proceso, pero subrayó que la "compraventa no existe", puesto que no se firmaron, ni se firmarán, los decretos que daban continuidad al proceso.
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Fue una desprolijidad mayúscula la que se generó, y por eso salió una ministra,
y no hubo el debido control jurídico ni una atención a la globalidad del proceso, porque desde muy temprano se pudo haber sabido que esto no iba poder llegar a término", señaló el secretario de Estado.
Añadió sobre la fallida compraventa que "estos procesos de adquisición requieren un decreto que lo autorice, que diga 'aquí hay un interés público y esta es la propiedad que le interesa al Estado'. Después viene un proceso que termina con un decreto que aprueba esa compra; sin la aprobación de la compraventa, esa compraventa no existe"
"Ese es el decreto que me habría correspondido a mí firmar como ministro y que no voy a firmar, porque ambas partes ya desistieron de esta adquisición, tanto el representante de la familia Allende como el Estado", subrayó.
No obstante, parlamentarios de oposición acusan que hubo "más que desprolijidades" e insisten en que tanto la senadora Allende como la ministra Fernández salgan de sus cargos. En el oficialismo, en tanto, defienden que ya asumió la responsabilidad política -con la salida de Marcela Sandoval de BB.NN.- y que el TC deberá revisar otras responsabilidades.
Oficialismo: "Error político lo asumió Sandoval"
El diputado Raúl Soto (PPD), comentó que "el ministro tiene razón: es evidente que hubo desprolijidad en este proceso, pero no solo eso, también hubo un grave error jurídico y político, una irresponsabilidad, por eso asumió la responsabilidad la exministra de Bienes Nacionales (Marcela Sandoval) y salió de su cargo".
"Ahora será el Tribunal Constitucional y la investigación de la Fiscalía la que van a determinar si hay más responsabilidades por parte de las otras partes intervinientes", acotó.
En tanto, el diputado Raúl Leiva (PS), planteó que "claramente constituyó un gravísimo error, tanto así que la responsabilidad política se hizo efectiva de inmediato con la solicitud de renuncia de la Ministra Sandoval y, desde el punto de vista administrativo, se deben establecer las responsabilidades a través de los procesos correspondientes".
"Respecto del incumplimiento constitucional de los artículos 37 bis y 60 es una materia que deberá determinar el Tribunal Constitucional. El debate en esa sede jurisdiccional deberá centrarse en los requisitos y solemninandes de contratación con el Estado; interpretación de la norma conforme principios propios de hermenéutica constitucional y la determinación de que los contratos con el Estado, para producir efectos jurídicos deben deben ser debidamente sancionados por decretos supremos, conforme dispone la nuestra legislación y en particular la Ley 19.880 Orgánica Constitucional sobre los Actos de la Administración del Estado", cerró.
Mientras que el diputado frenteamplista Diego Ibáñez manifestó que "más que una desprolijidad fue un error que no debió ocurrir, ninguno de los actores debió haberse involucrado con su firma, y se rescindió el contrato, que es lo correcto".
Oposición insiste en salida de Fernández y Allende
Desde la oposición, la diputada Camila Flores, presidenta comisión de Defensa, acusó que "esta situación se trata de ilegalidad y de negligencia inexcusable, no son desprolijidades ni errores. Son personas que tienen responsabilidades compartidas de distintas reparticiones del Estado, y tratar de bajarle el perfil a esta situación diciendo que simplemente son errores es mentira".
"Acá se estableció claramente una falta a la Constitución y eso tiene consecuencias gravísimas. La ministra Maya Fernández debiera a estas alturas haber dejado su cargo ya hace varios días. La senadora Isabel Allende tiene que cesar en su cargo como senadora. Mantener a estas personas solamente da una señal de impunidad y de que se corta el hilo por lo más delgado, como siempre lo ha hecho este Gobierno", sostuvo.
Por su parte, la
diputada Karen Medina (IND), comentó que "no puedo entender cómo el Gobierno sigue incurriendo en errores que afectan su propia credibilidad, como lo demuestra la polémica por la presunta compra de la casa del expresidente Allende. Una vez más, queda claro que en este gobierno el hilo siempre se corta por lo más delgado. Por el bien de la institucionalidad, insistimos en que tanto la ministra como la senadora deben asumir su responsabilidad y dar un paso al costado".
Desde republicanos, el diputado Stephan Schubert, calificó como "contradictorio que hayan funcionarios del Gobierno y personeros del oficialismo que insisten en que en la fallida compraventa de la casa del expresidente Allende no ocurrió nada, no hubo perjuicio fiscal, no alcanzó a perfeccionarse, casi como que nada malo hubiera ocurrido, nada se hubiera hecho mal".
"Ese mismo contrato que se suscribió y se perfeccionó mediante escritura pública notarial hizo que la ministra de Bienes Nacionales saliera a su cargo y ahora el nuevo ministro de Bienes Nacionales reconoce que fue desprolijo y más que desprolijo, esa desprolijidad se tradujo en vulnerar nada menos que la Constitución", acusó.
