En sólo dos días se cumplirá un año desde que el megaincendio de la Región de Valparaíso cambió la vida de miles de familias, vidas que, a la fecha, no logran recuperarse de las pérdidas de cientos de familiares, y que tampoco han podido recobrar lo material y más relevante: sus viviendas.
Esta semana, la ministra del Interior, Carolina Tohá, salió a responder a las múltiples críticas que han surgido -y se intensificaron en la víspera al primer año del siniestro-, por la lenta reconstrucción. Esto, porque no sólo se ha puesto en duda la gestión del Gobierno para avanzar en la materia, sino que porque hubo un compromiso con los afectados para que el proceso fuera ágil.
Según reconoció el
ministro de Vivienda, Carlos Montes, a la fecha se han entregado 53 viviendas, cuando el universo de inmuebles afectados se cifró en más de 3 mil. Los argumentos que ha entregado para justificar las demoras apuntan a la definición de lugares donde construir, materias jurídicas y complejidades por los terrenos en pendiente. A ello, se sumarían las licitaciones y las decisiones de las familias.
"Hay que definir las bases de licitación, convocar a licitaciones, definirlas. Pero las familias tienen que ver dentro de las opciones que hay, cuáles ellas quieren, porque esto no es simplemente llegar e imponer", dijo ayer Montes a Cooperativa.
Pero más allá de las complejidades propias de un proceso de reconstrucción, La Moneda no pudo evitar verse envuelta en una refriega política después de la tragedia, lo que ha impactado en una efectiva gestión de la crisis post siniestro que está a punto de cumplir 365 días.
La polémica por Vallejo como "ministra enlace"
El jueves 8 de febrero del año pasado, el Presidente Gabriel Boric designó a la entonces ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, como ministra enlace tras los incendios. Incluso, se determinó que permaneciera en la zona y acudiera sólo los lunes a La Moneda, para entregar la tradicional vocería.
El rol de ministra enlace era el de coordinación política, es decir, d coordinar el aparato del Estado -alcaldes, gobernadores, Seremis y delegados- y viabilizar la gestión política de los territorios.
Pero rápidamente emergieron molestias al interior del oficialismo por un eventual "desplazamiento" de otras ministras, como la de Desarrollo Social, Javiera Toro, y de la titular de Defensa, Maya Fernández. Vallejo intentó calmar las aguas y afirmó que su rol podía tener "un traslape" con el de Toro, pero que se trataba de "tareas distintas" que cada una debía cumplir.
La ministra Tohá se sumó a la defensa del cargo temporal de Vallejo, subrayando que era netamente un rol político el que cumpliría, y que, de hecho, esta figura de ministro enlace no existía en la institucionalidad. A cargo de la reconstrucción y otras coordinaciones, seguían siendo Toro y Fernández las titulares.
En mayo, la polémica se reactivó, luego que se conociera que Vallejo, casi un mes antes, había traspasado su rol al entonces subsecretario del Interior, Manuel Monsalve. Su silenciosa salida la justificó en una de sus vocerías, donde la ministra afirmó que "ese rol tenía un inicio y un término que fue comunicado en reiteradas oportunidades y se basaba en el rol de apoyo en la comunicación política en el territorio en la primera fase de la emergencia y rehabilitación temprana, hasta el inicio del proceso de reconstrucción".
Añadió que "nunca tuvimos un hito de salida de ningún ministro enlace", y que quienes quedaban en el territorio -en la Región de Valparaíso-, eran "las instituciones a cargo tanto de la emergencia como de la reconstrucción".
La respuesta, de todas formas, no dejó conforme a la oposición y a algunas voces del oficialismo, quienes insistían en que se conocieran los resultados de su gestión, e incluso, hubo anuncios de que se citaría a la Comisión Investigadora por los incendios, no obstante, ya en julio, Vallejo salió a señalar que nunca fue invitada a la instancia.
Arremetida de alcaldesas
La alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti (FA), afirmó en febrero que el proceso de reconstrucción de esa comuna costaría US$1.100 millones, cifra que fue cuestionada por expertos.
Por esos días, el Presidente Gabriel Boric había activado el Fondo Nacional de Reconstrucción, destinado a canalizar e incentivar ayudas del mundo privado mediante beneficios tributarios a las donaciones. Y aunque Ripamonti valoró la decisión del Mandatario, insistió en que "necesitamos un orden económico mucho mayor".
En octubre, Ripamonti -quien ya había confirmado que iría a la reelección-, salió a cuestionar directamente al Gobierno por la gestión de la reconstrucción, críticas que también tocaban a su propia administración.
En su defensa, la jefa comunal sostuvo que los municipios carecen de facultades, atribuciones y recursos para determinar las labores tras las catástrofes, y adjudicó el rezago al desempeño del Ejecutivo. "(Las municipalidades) no lo han hecho nunca en la historia de Chile y no lo van a hacer ahora (...). Lo que hacemos es proponer, conducir a las personas que necesitan asistencia técnica para poder enfrentarse a una situación de acceso al subsidio que ha sido muy injusta y lamentable. Y me da mucha lástima decirlo, porque es mi gobierno el que ha fallado", dijo a El Mercurio.
En Quilpué, la entonces alcaldesa oficialista, Valeria Melipillán (FA), también se enfrascó en una polémica con el Gobierno, tras cuestionar en abril que no contaban con"una bajada oficial del plan de reconstrucción general". En respuesta, la ministra Toro salió a defender que la alcaldesa sí tenía el plan en sus manos.
Peticiones de salida de Uribe
En septiembre, cuando se cumplían siete meses del megaincendio, las miradas se concentraron en el Serviu de Valparaíso, especialmente en recién removido director, Rodrigo Uribe (PS).
Funcionarios de la repartición del Minvu alzaron la voz para acusar una "deficiente planificación" a nivel central, que los avances eran "escasos" y acusaron de "prácticas centralistas y autoritarias" de la cartera.
En tanto, el
diputado oficialista Diego Ibáñez (FA), envió un oficio a Montes, donde le solicitó formalmente la salida de Uribe del cargo. "La gestión del Serviu ha fallado: promesas incumplidas, desorganización y falta de planificación en la reconstrucción es alarmante", sostuvo el parlamentario.
La petición abrió un flanco en el oficialismo, y algunas voces, como el diputado PS, Tomás de Rementería, salieron a pedir "cautela" a Ibáñez, mientras que el ex alcalde de Quilpué, Mauricio Viñambres, cercano al director del Serviu, criticó que los reclamos de Ibáñez en contra de Uribe son reflejo de "una unidad a medias entre el Frente Amplio y el Partido Socialista.
Montes, de todas formas, no tomó la decisión de remover a Uribe hasta la semana pasada, lo que volvió a tocar las sensibilidades políticas. El Partido Socialista expresó abiertamente su molestia por la decisión y defendieron la gestión del militante.
El presidente regional del PS, diputado Nelson Venegas, calificó el anuncio como una "triste noticia que, para nosotros, es muy lamentable, ya que se está responsabilizando de cuestiones que no corresponden a Rodrigo Uribe, cuando hay responsabilidades que claramente están en otros lugares".
Asimismo, el parlamentario acusó que Uribe "nunca fue aceptado por ciertos sectores de Gobierno y eso hay que decirlo categóricamente, recibiendo antes de asumir críticas profundas de algunas personas del Frente Amplio, lo que nos parece absolutamente injusto, porque hoy día hay un diseño, hay una planificación".
El "mea culpa" del Gobierno
El martes, la ministra Tohá, salió a hacer un "mea culpa" por la lentitud del proceso de reconstrucción. Las últimas críticas llegaron desde la nueva alcaldesa de Quilpué, Carolina Corti (RN) y el gobernador regional, Rodrigo Mundaca (IND).
Corti dirigió una carta al Presidente Gabriel Boric acusando incumplimiento de los compromisos adquiridos por el Ejecutivo en el proceso, y denunció que "a casi un año de la tragedia, sólo se ha otorgado el 11% de los subsidios comprometidos, y no se ha concluido la construcción de ninguna vivienda".
Por su parte, Mundaca acusó en Radio Biobío que la reconstrucción "fue un fracaso". Asimismo, enfatizó en que "El Estado no tiene noción sobre los servicios básicos, y un ejemplo de ello fue la entrega de viviendas de emergencia sin servicios sanitarios".
Sobre esto, la jefa del gabinete ministerial reconoció que "como Gobierno nosotros no estamos conformes con lo alcanzado hasta ahora. Creemos que hay muchas materias donde hay una inquietud, un malestar de los afectados, de las familias que fueron víctimas de este incendio o más aún las que perdieron un ser querido, donde hay una razón y legitimidad completa para esperar que los tiempos se agilicen, que las respuestas sean mejores".
El tema tuvo un lugar especial en el comité político, donde el Presidente Boric pidió a las autoridades vinculadas a la reconstrucción que se fijaran plazos y metas para el avance. Tohá aseveró, por su parte, que las críticas las tomaron con "una disposición a que hagamos todos los esfuerzos necesarios para que en lo que queda por delante de construcción podamos incrementar la capacidad de gestión, de respuesta, la claridad".
