Al borde de ser imputada por tres delitos de fraude al fisco en el marco de la arista Democracia Viva, del caso Convenios. Ese es el escenario que enfrenta la diputada Catalina Pérez (ex FA), luego que ayer la Corte de Apelaciones de Antofagasta acogiera -de manera unánime- la solicitud de desafuero de la Fiscalía.
Eso sí, aún quedan una serie de instancias para que la parlamentaria quede imposibilitada de participar en las sesiones en el hemiciclo y, en definitiva, de ejercer su cargo.
En conversación con
Emol, el
diputado Eric Aedo (DC), comenta los pasos que siguen en el proceso al interior de la Corporación, el que está estrictamente ligado a cómo avance la apelación de Pérez en la Corte Suprema.
"La diputada Pérez, en palabras de su abogado, va a apelar de esta situación a la Corte Suprema. Si la Corte Suprema ratifica el desafuero, entonces en ese minuto el máximo tribunal notifica a la Cámara de Diputados de manera directa al secretario general, que es Miguel Landeros, del desafuero", precisa Aedo.
Una vez notificado el desafuero, la diputada Pérez queda "suspendida de todos sus derechos o facultades parlamentarias, es decir, no puede ingresar a la sala de sesiones, ni asistir al Congreso y además no puede participar de las comisiones de la Cámara de Diputados y Diputadas, de las cuales ella sea parte, y por lo mismo no puede votar".
Una vez que el desafuero es comunicado a la Cámara, el secretario general informa a la mesa, lo que se conoce en la cuenta al inicio de una sesión ordinaria. Eso implica, además, que se deben hacer las modificaciones en los quórums constitucionales para la aprobación de las leyes.
Aedo explica que estos desafueros también modifican los quórums. "A modo de ejemplo, la mayoría absoluta se da cuando están los 155 diputados y diputadas en ejercicio, y es de 78 votos. Acá con los desafueros que habían, esa mayoría absoluta se había reducido a 77 y si es ratificado el desafuero de la diputada Pérez, esa mayoría absoluta va a quedar en 76 diputados".
Los plazos
Una vez que se lea la sentencia de la Corte de Apelaciones -fijada para el 20 de febrero-, Pérez cuenta con cinco días para apelar ante la Corte Suprema respecto de la resolución de la Corte de Apelaciones.
Eso sí, los tiempos en que resuelva la Suprema no necesariamente son ágiles. De hecho, en junio del año pasado, la diputada María Luisa Cordero fue desaforada por la Corte de Apelaciones de Santiago, fallo que ratificó la Corte Suprema el 7 de agosto. Sin embargo, el 29 de agosto la parlamentaria volvió al hemiciclo de la Cámara, puesto que hasta entonces el máximo tribunal aún no notificaba a la Corporación.
La parlamentaria regresó puesto que cada día considerado como "ausente" significaba que se le descontaran $70 mil pesos de su dieta. Esto, porque al no haber notificación de la Suprema, en rigor debía continuar asistiendo al Congreso. Esto llevó a que el secretario general de la Cámara, Miguel Landeros, se contactara con el presidente de la Suprema para acelerar la tramitación de notificación.
En cuanto a la arista netamente judicial, el fiscal jefe de la Fiscalía de Antofagasta, Cristian Aguilar, señaló respecto al fallo de la Corte de Apelaciones que, a juicio del tribunal "los antecedentes son suficientes para los efectos de entender, por una parte configurada la existencia de tres delitos de fraude al fisco, y por otra la calidad de autora de la diputada en estos hechos".
Los delitos que la Fiscalía buscará imputar a Pérez habrían sido perpetrados en 2022, en el contexto de la celebración de convenios de transferencia de fondos del Programa de Asentamientos Precarios del Minvu.
No obstante, para que lo anterior ocurra, la Fiscalía deberá esperar que la lectura de sentencia, y del desarrollo que pueda tener la apelación ante la Suprema.
