La Contraloría Regional de Coquimbo anunció este miércoles que iniciará un sumario y enviará los antecedentes al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado (CDE), tras detectar diversas irregularidades en el traspaso de recursos desde la Delegación Presidencial Regional (DPR) en el contexto de la emergencia por escasez hídrica que afecta a esa zona.
De acuerdo al ente persecutor, en la auditoría se constató que la Municipalidad de Ovalle adquirió cuatro bombas de 1 HP-220 V por un valor de $1.442.500 sin IVA cada una, lo que resulta desproporcionado si se compara con los valores publicados en Mercado Público, que oscilan entre $241.613 y $675.000, o con los informados por distintas empresas, que van entre $149.990 y $469.990.
Al respecto, se advirtió un sobreprecio aproximado por unidad de $767.500, equivalente a un 187,95 % sobre el valor de mercado promedio.
Otro de los hallazgos de la fiscalización se relaciona con el pago de $99.774.198 realizado por la Municipalidad de Punitaqui a tres empresas por prestaciones de servicios de arriendo de maquinarias, contratados mediante trato directo.
En este caso, las empresas emitieron facturas electrónicas el 19 de diciembre de 2022, las cuales fueron recepcionadas de manera conforme por la municipalidad. Sin embargo, se verificó que los servicios fueron ejecutados entre diciembre de 2022 y agosto de 2023, y que los documentos emitidos por el municipio que dan cuenta del término del servicio difieren de esas fechas.
A raíz de estos hechos, la Contraloría ordenó a la Municipalidad de Punitaqui realizar un sumario para determinar las eventuales responsabilidades administrativas que pudieran derivar de ello.
Convenios
De acuerdo con los convenios de transferencia aprobados por la Subsecretaría del Interior, se establece que los municipios pueden destinar fondos de emergencia para solucionar deudas con proveedores. Tras examinar las rendiciones de cuentas de las municipalidades de Salamanca y Andacollo, proporcionadas por la DPR de Coquimbo, se detectaron rendiciones de gastos por $31.730.545 y $14.195.652, respectivamente, por concepto de deuda de agua potable.
Sin embargo, la Contraloría Regional encontró que ambas municipalidades habían pagado los consumos de agua potable en 2020, lo que implica que, al momento de rendir esos gastos ante la Delegación Presidencial Regional, no tenían deudas pendientes con el proveedor.
En ese sentido, la Contraloría ordenó a la DPR de Coquimbo solicitar a las municipalidades de Salamanca y Andacollo la restitución de los recursos por un monto total de $45.926.197, lo que deberá informar en un plazo de 30 días hábiles.
Por otro lado, las municipalidades de Andacollo, Paihuano y Coquimbo adquirieron bienes y servicios por $109.337.229. No obstante, en sus expedientes de pago no se encontró un listado consolidado con la firma de los beneficiarios que registre su recepción conforme.
Estas municipalidades deberán proporcionar a la Delegación Presidencial Regional los antecedentes que den cuenta del cumplimiento del convenio en relación con la recepción conforme de los productos por parte de los beneficiarios, indicó la Contraloría.
