Toma en Quebrada de Las Zorras, Cerro 18.
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El alcalde de Lo Barnechea, Felipe Alessandri (RN), manifestó su preocupación tras el acuerdo del Gobierno y los dueños del terreno donde está emplazada la megatoma de San Antonio, en la Región de Valparaíso.
El jefe comunal se sumó a las críticas que advierten que la decisión de no desalojar podría ser un incentivo para otras usurpaciones de terrenos en el país.
En esa línea, Alessandri señaló que "el acuerdo que celebra el Gobierno no es más que una nueva señal de debilitamiento institucional y cuyo objetivo de fondo fue ganar tiempo y evitar el desalojo a partir de cálculos político electorales".
Para el jefe comunal, "el modelo de una gran federación y muchas cooperativas no tiene ningún sustento en la práctica. Peor aún, entrega una señal nefasta de que en nuestro país cualquier grupo de personas puede usurpar un terreno y luego legalizarlo por la vía de la presión social. Como en tantos otros temas, la toma de San Antonio también deberá solucionarlo el próximo gobierno".
Cabe señalar que en la actualidad, el municipio de Lo Barnechea lleva a cabo un proceso de desalojo del asentamiento que se encuentra emplazado en la Quebrada de Las Zorras, correspondiente al paño del Loteo Cerro 18 y que ocupa un espacio de 2,7 hectáreas.
Desde la municipalidad advirtieron que la ocupación irregular está compuesta por 123 viviendas de material ligero que no cuentan con permiso de la Dirección de Obras Municipal.
Además, no tienen dotación regular de servicios básicos como agua potable, alcantarillado y energía eléctrica, lo que ha provocado riesgos en la seguridad y salubridad de los habitantes de la toma.
A lo anterior se suma la existencia de un informe de parte de Bomberos que advirtió que un incendio en el lugar sería catastrófico, ya que las viviendas "suelen estar construidas de materiales altamente combustibles, al punto de asemejarse en su manera de responder al fuego a lo que se ve en los incendios forestales, donde la velocidad de propagación es mucho mayor".
En relación al proceso administrativo para llevar a cabo un desalojo del lugar, el alcalde destacó que "en Lo Barnechea se ha hecho un trabajo distinto. Nos adelantamos. Se trabajó desde la oficina de Asentamientos Precarios, se catastró a los residentes, se buscó una alternativa de salida para los ocupantes ilegales. Se les reubicó y el municipio financió su subsidio de arriendo temporal. Inmediatamente se intervinieron los inmuebles desalojados para evitar una nueva toma".
"Quizás si el Gobierno tras el fallo hubiese iniciado un accionar similar; no hubiésemos llegado a esta salida contradictoria al Estado de Derecho", concluyó el jefe comunal.
