Pese a que Viña del Mar está inmersa en el Festival de la Canción, para los damnificados de la catástrofe del 2 de febrero de 2024 no hay espacio para celebraciones, muchos de ellos aún lidian con el dolor de las pérdidas familiares. En este contexto, los representantes jurídicos de 80 fallecidos presentaron acciones judiciales para obtener compensaciones por parte del Estado.
Los juristas Gonzalo Yuseff, Raúl Meza y Felipe Olea, que representan en total a las familias de 80 víctimas del siniestro, interpusieron demandas de indemnización de perjuicio "por falta de servicios del Estado" en el Segundo Juzgado Civil de Valparaíso, de acuerdo a lo consignado por El Mercurio de Valparaíso.
Las solicitudes están dirigidas contra el Estado de Chile, el Fisco, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), la Corporación Nacional Forestal (Conaf), el Gobierno Regional de Valparaíso y las municipalidades de Viña del Mar y Quilpué.
Según los demandantes, la acción se fundamenta en el "circuito de negligencias de las autoridades públicas" durante la tragedia del 2 de febrero, que acabó con la vida de 136 personas. En dicha instancia, las autoridades no previeron el avance del fuego, no emitieron las alertas de emergencia a tiempo y tampoco iniciaron un proceso de evacuación, que pudo haber permitido salvar vidas.
Precedente de indemnizaciones por "falta de servicio"
Los tres equipos jurídicos piden que el Estado entregue una compensación a las familias de $750 millones por cada fallecido, lo que equivaldría a $60 mil millones. . Una cifra que, de acuerdo a lo señalado, se justifica en las indemnizaciones por $1.000 millones que entregó el Fisco tras el atentado incendiario contra el matrimonio Luchsinger-Mackay. Aquella vez, la Corte Suprema determinó que existió "falta de servicio" por parte de las fuerzas policiales, por lo que ordenó entregar en compensación $250 millones a cada uno de los cuatro hijos del matrimonio.
"Si hace algunos años, por el fallecimiento del matrimonio Luchsinger-Mackay, la Corte Suprema entregó como cifra indemnizatoria $500 millones por cada fallecido, hoy creemos que esa cifra tiene que ser reajustada. Y por lo mismo, en global, hemos solicitado por persona fallecida $750 millones, que no significa que esa cifra vaya a ser pagada a cada uno de los demandantes", explicó Olea.
"Esa cifra engloba, en este caso, los legítimos derechos de todos los familiares, donde se incluyen padres, hijos, hermanos", puntualizó.
Su par, el abogado Raúl Meza, sostuvo que más allá de la responsabilidad de los siete detenidos como autores materiales e intelectuales del incendio, existe responsabilidad penal y civil de las seis instituciones demandadas.
"Aquí hay una responsabilidad directa y objetiva de las autoridades del Estado. Pero no solamente eso, sino que además aquí hay dos municipios, de Viña del Mar y de Quilpué, que también tienen responsabilidad directa en la muerte de las personas que fallecieron", señaló el jurista.
Críticas a la Fiscalía
Los abogados también realizaron duras críticas a la investigación que está llevando a cabo Fiscalía, que, a un año del hecho, no ha formalizado a las autoridades o funcionarios públicos que estaban a cargo del manejo de la crisis, pese a "negligencias inexcusables" y "eventuales delitos" que detectó la comisión investigadora de la Cámara de Diputados.
"La pregunta que todavía queda abierta, y que queremos que se responda en la investigación, es cómo ese fuego llegó a una zona urbana y quemó áreas extensas y completas de la ciudad sin que hubiera un mecanismo de prevención. Toda esa responsabilidad civil debe ser esclarecida. No puede ser que no haya formalizaciones respecto de personas que tomaron decisiones que fueron catastróficas", acusó Gonzalo Yuseff.
En esa misma línea, Meza expuso que "aquí hay una negligencia inexclusable en la investigación por parte de Fiscalía. Aquí creen que los únicos responsables son los autores materiales. No, señores, aquí hay autoridades públicas, desde el Ministerio del Interior, Senapred, Gobierno Regional, delegaciones presidenciales y las municipalidades, que no tuvieron los planes de evacuación y emergencia adecuados, vigentes y actualizados al momento en que se produjo esta tragedia".
