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Gobierno inaugura Comisión Asesora del INDH: Planteará medidas para una futura reforma a la institución

La instancia estará compuesta por ocho integrantes y tiene por finalidad "hacer un diagnóstico del actual funcionamiento del Instituto Nacional de Derechos Humanos".

04 de Marzo de 2025 | 12:23 | Por Gaspar Contreras, Emol.
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A la izquierda, la presidenta de la Comisión, Antonia Urrejola. A la derecha, el ministro de Justicia, Jaime Gajardo.

El ministro de Justicia, Jaime Gajardo, inauguró la Comisión Asesora para el Fortalecimiento del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), que busca formular las bases para una futura reforma a la institución, como se planteó durante su creación en la discusión de la Ley de Presupuestos.

A la cabeza de la instancia estará Antonia Urrejola, quien fue presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y ministra de Relaciones Exteriores durante el gobierno de Gabriel Boric (2022-2023).

"Nuestro objetivo primordial es lo que dice el propio decreto: hacer un diagnóstico del actual funcionamiento del Instituto Nacional de Derechos Humanos para poder proponerle al Presidente de la República las reformas correspondientes que permitan que esa institución pueda fortalecerse, pero también cumplir con los nuevos desafíos que tienen actualmente los Derechos Humanos en nuestro país", explicó Urrejola.

Respecto a la futura modificación al INDH, que surgirá de los informes que entregue la Comisión, el ministro señaló: "Esta reforma se tiene que hacer de manera transversal. En ese sentido, nosotros tenemos plena confianza de que esta Comisión nos va a entregar una propuesta que va a ser bien recibida por la sociedad en su conjunto y por todas las fuerzas políticas, con el objeto de que sea la base para una reforma que se discuta en el Congreso Nacional y nos permita tener una fortalecida institucionalidad para la protección de los Derechos Humanos de nuestro país".

Sobre los tópicos que podrían abordar las medidas discutidas en esta instancia, la exministra indicó que, desde su perspectiva personal, se inclinaría por "revisar la gobernanza, como también el financiamiento", para lograr garantizar que el organismo cumpla con los principios de las Naciones Unidas, a la vez que se potencia su autonomía financiera, para "evitar las presiones de parte de los distintos poderes".

Composición de la Comisión


Según lo señalado por el ministro, la Comisión está constituida por ocho personas con experiencia en el ámbito de los Derechos Humanos (DD.HH.), con una mitad escogida por el Senado y otra por la Cámara.

Una de ellas, como se mencionó antes, es la expresidenta del CIDH, Antonia Urrejola. Pero, también está Mijail Bonito, abogado y exasesor de políticas migratorias en la Subsecretaría del Interior durante el gobierno del expresidente Sebastián Piñera; y Carolina Carrera, exconsejera del INDH.

Además, la Comisión está integrada por el académico Tomás Duval y Óscar Rojas, abogado especialista en temas de DD.HH.

Completan la lista la psicóloga Pierina Ferretti, directora ejecutiva de Nodo XXI y miembro del consejo consultivo del INDH; Rodrigo Bustos, director de Amnistía Internacional, y Lorena Recabarren, exsubsecretaria de DD.HH.

Proyecto para acelerar la construcción de cárceles


Durante la instancia, se le consultó al ministro Gajardo respecto al estado del proyecto de Ley que busca agilizar la remodelación y construcción de recintos penales, el que, según se detalla, “exime de trámites y reduce plazos para la ampliación y construcción de nuevos establecimientos penitenciarios”.

"Es un proyecto muy significativo para nuestro país. Uno de los principales problemas que tenemos actualmente es la sobrepoblación, para eso nuestro gobierno tiene un plan maestro de infraestructura penitenciaria que implica la creación de aproximadamente 15.000 plazas de aquí al año 2030. (...) Esta ley es fundamental para que podamos disminuir los plazos, se calcula que con esta Ley podemos disminuir hasta 36 meses", detalló Gajardo.

El Plan Maestro de Infraestructura Penitenciaria fue anunciado a principios de año por el gobierno y tiene un financiamiento de US$1.200 millones.

La medida tiene por propósito incorporar 14.356 plazas al sistema penitenciario para reducir el déficit proyectado. Para alcanzar esto, se contemplan seis obras en operación, catorce proyectos financiados que se encuentran en desarrollo y once iniciativas en evaluación de factibilidad y aprobación de recursos para llevarse a la práctica.