El delegado presidencial regional de Valparaíso, Yanino Riquelme, se refirió al desalojo de la toma Edén de Lajarilla en Viña del Mar y advirtió que existe el riesgo de que los pobladores regresen al asentamiento ilegal, producto de la actitud "bastante irresponsable" del propietario del terreno.
En un punto de prensa, tras el despliegue policial, Riquelme explicó que "el propietario llega con sus representantes alrededor de las 10 de la mañana cuando el mandato era las 9", dijo, agregando que "dentro de sus obligaciones estaba el proceder al retiro de los enseres en caso de que fuera necesario, a la remoción de escombros y asegurar el perímetro con algún tipo de cerco de tal forma de que el mismo no sufra una nueva ocupación".
"Hasta el momento el propietario no ha cumplido con ello", afirmó el delegado presidencial. Con todo, dijo que "no entendemos por qué el propietario cuando exigió con la Corte (de Valparaíso) respecto de este reintegro de su inmueble, porque no ha cumplido, lo desconocemos, pero de todas maneras lo consideramos una situación bastante inaceptable e irresponsable de su parte".
Con todo, afirmó que "hay un despliegue enorme de fuerzas del Estado, en general, con asignación de lugares de albergue y residencia transitoria".
El representante del Ejecutivo en la zona sostuvo que con la operación de Carabineros "se da por cumplida la sentencia". "Hicimos todas las acciones que correspondían y, por lo tanto, hoy día ya está en manos del propietario si es que hay una nueva ocupación", añadió.
Albergues transitorios
El municipio de Viña del Mar dispuso un espacio de primera acogida transitorio para las personas afectadas por el desalojo de la toma de Lajarilla.
En conformidad con la normativa legal, el municipio no tiene atribuciones para suspender o modificar el desalojo, ya que se trata de un mandato judicial.
En tanto que el procedimiento se lleva a cabo por parte del dueño del terreno, quien debe disponer de la maquinaria necesaria para la ejecución del lanzamiento, con el auxilio de Carabineros en su rol de fuerza pública.
En dicho contexto, la principal función del municipio será garantizar la contención socioemocional y la asistencia transitoria a las personas afectadas, asegurando que el procedimiento se desarrolle dentro de los protocolos establecidos.
Para ello, se dispondrá de un espacio transitorio de primera acogida, la escuela Enrique Cárdenas, donde las personas recibirán información, atención inicial, con activaciones y atención de salud para niños y grupos prioritarios, y serán derivadas a al albergue transitorio habilitado en el Centro Deportivo Municipal de Reñaca Alto.
Desde el mismo lugar del desalojo, la directora de la Dirección de Desarrollo Comunitario (DIDECO), Camila Estay informó que "el desalojo de la toma Lajarilla corresponde a un fallo judicial de la Corte de Apelaciones de noviembre del año 2022. Desde entonces, el municipio ha realizado reuniones informativas, operativos de asistencia social y levantamiento de información en coordinación con los organismos del Estado".
Y detalló que "se han identificado los grupos familiares y las familias donde hay situaciones de vulnerabilidad y grupos de especial protección, habilitando espacios transitorios de acogida y también su traslado a albergues transitorios".
