Allanamiento a Cariola: Oposición pide que deje la presidencia de la Cámara y oficialismo emplaza a la Fiscalía

Las diligencias se dieron en medio de la indagatoria que lleva adelante la Fiscalía por la fallida compra de la clínica Sierra Bella, que encabezó la ex alcaldesa de Santiago, Irací Hassler (PC). Esto, pues según una serie de chats que se filtraron, la diputada habría tildado de "buena opción" la compra del inmueble.

Este martes, secretarias de Estado se pronunciaron en torno al tema. La vocera (s) de Gobierno, Aisén Etcheverry, reflexionó que "las diligencias judiciales tienen que tener una cuota de humanidad".

Por su parte, la ministra del Interior, Carolina Tohá, dejó entrever la molestia por lo ocurrido, y afirmó que "cuesta mucho entender esto, la verdad. Nosotros somos muy prudentes en no comentar decisiones de poderes que son autónomos, en respetar sus atribuciones, pero la oportunidad en este caso, yo no encuentro una explicación para hacer un procedimiento de este tipo, el mismo día que una persona da a luz". "Sinceramente supera mi comprensión y espero que algún día recibamos una explicación", cerró.

En tanto, en la Cámara de Diputados, el debate se ha centrado en solicitudes de renuncia por parte de personeros de la oposición, mientras que desde el oficialismo defienden su rol como presidenta de la testera y han centrado sus cuestionamientos en el actuar de la fiscalía, a raíz del "momento" en que se da la orden de allanar.

El diputado Johannes Kaiser (Partido Nacional Libertario), dijo que "la diputada podría evaluar la renuncia a la presidencia -de la Cámara- para ahorrarnos la humillación de ver un allanamiento a la oficina de la presidencia del Congreso".

Asimismo, defendió el proceso en la arista Cariola, subrayando que "no olvidemos que estamos hablando del Estado de Chile y de tribunales. Los tiempos los establecen entonces los mismos proceso judiciales. Es muy ingrato que se haya producido en el momento en que se produjo, pero la verdad es que la justicia y los procesos administrativos normalmente ignoran todo tipo de consideraciones de este tipo, también con ciudadanos normales y corrientes".

En la misma línea, la jefa de bancada de RN, diputada Ximena Ossandón, respaldó la idea de que Cariola renuncie a su rol como presidenta de la Cámara. "Parece necesario que se renueve más que nada por la imposibilidad que tiene la diputada Cariola de seguir ejerciendo el cargo", comentó.

Añadió que "creemos que con la misma altura que ella ha desempeñado su función, cuestión que reconocemos mas allá de nuestras profundas diferencias políticas, sabrá entender que la Cámara debe seguir adelante y que en dicho sentido es preferible que renuncie en los próximos días para evitar censuras que terminarán enlodando su trabajo y enrareciendo el ambiente propicio para los acuerdos"".

Por su parte, la diputada Camila Flores (RN), si bien señaló que no le parece que haya sido "ni lo mejor, ni lo más óptimo" el momento del allanamiento, y que probablemente "el Ministerio Público desconocía la fecha del parto", dijo que de todos modos "es igualmente grave en lo que se le está involucrando".

"Si el Ministerio Público le pidió las diligencias a la PDI, como el allanamiento de la casa de la diputada en Santiago, es porque precisamente ellos tienen antecedentes para involucrarla en algún grado de participación en el posible delito que se investiga con este caso de la clínica Sierra Bella, ya sea como autora intelectual, que al parecer podría ser una de las hipótesis a propósito de los chats que conocimos a través de la prensa el día de ayer", complementó.

Desde Evópoli, el diputado Hotuiti Teao, subrayó que "la diputada Cariola está siendo investigada por presunto tráfico de influencias en el caso Sierra Bella, una situación gravísima que requiere total transparencia y el respeto irrestricto a la labor de la justicia".

"No podemos permitir que parlamentarios, que deben ser un ejemplo para la ciudadanía, intenten minimizar hechos de esta magnitud o desviar la atención sobre lo verdaderamente importante: esclarecer responsabilidades en un caso que involucra el uso indebido del poder", expresó.

El diputado PS, Raúl Leiva, defendió el rol de la diputada Cariola y descartó una posible renuncia. "La presidenta de nuestra Corporación ha dado debidas muestras de idoneidad, capacidad y honestidad en su labor".

"Y aquí también es importante destacar que esta medida no depende del Ministerio Público, del fiscal nacional, sino que del fiscal regional que solicita esta medida, que es autónomo en el ejercicio de su labor (...) y las diligencias están controladas por un tribunal. Yo creo que ahí también es necesario analizar cuáles son las medidas y criterios de los tribunales para autorizar este tipo de medidas, porque si la autorización para la medida de esta naturaleza son los chats que están publicados, es de sentido común que no tiene asidero ninguno una medida de esta naturaleza", subrayó.

Quienes sí emplazaron al fiscal nacional, Ángel Valencia, fueron los diputados Jaime Naranjo (PS) y Carmen Hertz (PC), quienes acusaron "maltrato" hacia la parlamentaria, y pidieron al líder del Ministerio Público "que pueda explicarle al país por qué los fiscales, para abordar situaciones particulares, tienen un doble estándar", haciendo referencia al conocido caso Hermosilla.

Hertz criticó que "parece que en nuestro país que una militante comunista se relacione con otra militante de ciertos ámbitos es un delito de establecer sugerencias. Sin embargo, que quien fuera el ministro del Interior, el señor Chadwick, cene en su casa con el fiscal nacional Ángel Valencia, eso no es nada, no es ningún problema. Entonces insistimos en que el fiscal Ángel Valencia tiene que responder y tiene que responder porque los fiscales regionales no pueden seguir siendo actores políticos y mediáticos. Eso es tremendamente delicado y peligroso para el sistema judicial".

En tanto, Naranjo comentó que "todos somos testigos que en el caso Hermosilla, por poner un ejemplo, el señor Chadwick sale reiteradamente involucrado en los hechos y resulta que los fiscales o el fiscal que investiga eso ni siquiera lo ha llamado por teléfono. Sin embargo, frente a la diputada Cariola, que lo único que ha hecho, de acuerdo a lo que hemos conocido, es entregar su gerencia sobre la clínica Sierra Bella, se le allana inclusive su casa y se le requisan su computador y su celular".

El diputado Nelson Venegas (PS) también condenó la situación, aludiendo a que "yo nunca me voy a pronunciar respecto de otro poder del Estado, pero sin duda que aquí hay una situación que a lo menos es sospechosa, porque no puede ser que justo el día del parto de una mujer, en el día que se inicia el mes de la mujer, se produzca un hecho de esta naturaleza y sobre todo cuando se toma en consideración situaciones de carácter delictual también que se están investigando en otros casos, por ejemplo como en el caso Chadwick donde jamás ha existido un allanamiento y en este caso donde hasta el momento no existen situaciones tan complejas se realiza una medida tan drástica como la que estamos viendo".

Desde el Frente Amplio, el diputado Andrés Giordano, comentó que "el procedimiento se realizó en una oportunidad que es bastante compleja y que da cuenta de un proceder bastante inhumano. Me parece que independiente de los antecedentes, que espero que se investiguen a fondo, se actuó de manera inhumana respecto a la oportunidad del nacimiento de su hijo".

De todas formas, planteó que "si el proceso eventualmente diera alguna conclusión que, por ejemplo, diera pie para que el Ministerio Público solicite el desafuero de la diputada, bueno, esos son otros antecedentes que uno tendría que tener a la vista, pero lo que tenemos hoy día es una investigación en curso".