Diputada Karol Cariola y su abogado Juan Carlos Manríquez.
El Mercurio/Captura de pantalla
En el contexto de las diligencias que se desarrollaron en contra de la diputada comunista, Karol Cariola, cuando recién había dado a luz a su primer hijo, el abogado Juan Carlos Manríquez -quien recientemente asumió su representación- informó que solicitó al tribunal que declare la "nulidad de todos los actos, consecuencias y efectos" de estos, y comunicó que presentó denuncias ante la Policía de Investigaciones (PDI), por "trato prepotente".
"Hemos pedido la nulidad de todos los actos, consecuencias y efectos de esa diligencia indebida. Le hemos hecho saber al tribunal que fue presa de esta cadena de errores, desprolijidades y omisiones, y hemos, además, presentado las respectivas denuncias a la Policía de Investigaciones (PDI) por el trato prepotente, desprolijo y descuidado, incluso respecto del diputado Tomás de Rementería, marido de la diputada Cariola, quien en el día del nacimiento de su hijo fue compelido, incluso, a tratar de entregar el teléfono de otros hijos menores de edad, sin una orden suficiente, diciéndole que si quería escándalo lo iba a tener en el hospital", sostuvo el jurista.
Asimismo, precisó que "de la misma manera hemos denunciado la vulneración de las políticas de género en esta causa, y a su vez los derechos de un menor recién nacido, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a propósito de las cuestiones de género y personas vulnerables como lo son las mujeres en el momento en que están dando a luz".
Ahora bien, en un comunicado, el abogado aclaró que: "En representación de la presidenta de la Cámara de Diputadas y Diputados, tercera autoridad del la República, doña Karol Cariola Oliva, por haberse vulnerado de forma ilegal e indebida sus derechos fundamentales, induciendo a un tribunal a otorgar una medida intrusiva y de incautación de su teléfono móvil con información incompleta, desprolija y errónea, hemos pedido al mismo tribunal que declare la nulidad total de las actuaciones que hicieron posible ese atropello y todas sus consecuencias, por estar viciadas".
Además, detalló que "también denunciado ante el señor director de la PDI, don Eduardo Cerna Lozano, la forma y circunstancias en que un oficial varón de la PDI ejecutó dicha medida intrusiva e incautación de ese teléfono móvil en el mismo momento que la diputada estaba dando a luz su primer hijo, incluso amedrentando con un escándalo en la clínica al padre del menor BDRC si no accedía, contra las políticas de género y deberes éticos de la policía civil respecto de mujeres vulnerables, como lo son las madres gestantes y en situación de parto. Hoy 8 de Marzo, día internacional de la mujer, este reclamo es especialmente pertinente y grave".
Por último, dijo que "hemos puesto a disposición del tribunal todos los antecedentes que se le omitieron, como que jamás se renovó una patente comercial de un comerciante extranjero, por interés de ningún tipo, que esta había sido caducada por acuerdo unánime del Concejo Municipal de Santiago; que las conclusiones del informe policial que motivó el allanamiento confunde y omite comunicaciones de diferentes personas y épocas que da a entender serían una sola, llegando a conclusiones equívocas que movieron al fiscal señor Cooper y a un tribunal a avanzar en pedir y autorizar diligencias nulas y perjudiciales ampliamente filtradas a los medios que de haberse efectuado correctamente jamás hubieran permitido autorizar dichas diligencias hoy denunciadas".
