La diputada Ericka Ñanco (FA), presentó este martes un proyecto de ley que busca modificar el código procesal penal para establecer protecciones especiales a mujeres embarazadas y puérperas durante diligencias investigativas y actuaciones procesales.
Esto, a raíz del allanamiento que se realizó la semana pasada a la casa de la diputada Carol Kariola (PC), a sólo horas de dar a luz a su hijo.
"El caso que estamos viendo hoy es algo que llega directo al Congreso. Sin embargo, hemos visto a lo largo de nuestra historia cómo las mujeres embarazadas están en total desprotección cuando se encuentran en procesos de investigación judicial", partió diciendo la parlamentaria.
Añadió que uno de esos casos es el de Lorenza Cayuhan, "una mujer mapuche quien en 2017 fue obligada a parir engrillada", y lo ocurrido con la presidenta de la Cámara de Diputados "nos trae nuevamente a recordar casos como estos, pero acá, en el Congreso Nacional".
A raíz de eso, enfatizó, es que presentó la moción parlamentaria que busca "traer un poco de justicia a aquellas mujeres que, estando privadas de libertad, o en proceso de investigación penal, sean consideradas como mujeres puérperas o en calidad de embarazadas".
Asimismo, la parlamentaria subrayó que "esto (embarazo) en ningún caso es una enfermedad, como dijo el fiscal (Patricio) Cooper, que está a cargo del caso: ser una mujer embarazada es una condición de todas las personas que pueden dar a luz, en todo el mundo, y eso no debe excluir a ninguna persona a acceder a un trato justo, igualdad ante la ley, y a que no se vulneren nunca más sus derechos, como mujeres y como humanos", cerró.
Detalle del proyecto
Entre las modificaciones que busca incorporar el proyecto, se establece que "cuando el lugar que deba ser allanado constituya la morada de una mujer embarazada o que haya dado a luz dentro de las seis semanas anterior, el fiscal deberá adoptar todas las medidas necesarias para resguardar su salud física y psicológica, pudiendo el juez ordenar la postergación de la diligencia cuando no exista riesgo de que se frustre la investigación o peligro inminente para terceros".
Además, propone que cuando se deba practicar cualquier diligencia investigativa que involucre a una mujer embarazada o con seis semanas posteriores al parto, el fiscal y la policía deberá "
contar con la presencia de personal de salud idóneo cuando la naturaleza de la diligencia pueda afectar la salud de la madre o del que está por nacer"; "evaluar la urgencia de la diligencia, pudiendo postergarla cuando la condición de la mujer lo aconseje y no exista riesgo inminente de que se frustre la investigación".
También determina que se deben "adoptar medidas especiales que resguarden la privacidad, confort y necesidades médicas de la mujer", y "en caso de declaraciones, permitir intervalos de descanso y condiciones adecuadas según recomendación médica".
Asimismo, el texto propone que cuando una mujer -embarazada o que haya dado a a luz hace seis semanas- deba comparecer ante el Ministerio Público o los tribunales, pueda tener "prioridad en la agenda, para evitar esperas prolongadas", y la posibilidad de comparecer vía telemática.
Por último, en el caso de las detenciones, se establece que "la policía deberá informar inmediatamente esta circunstancia al fiscal, quien evaluará la procedencia de la detención y las medidas de protección necesarias. Se garantizará en todo momento el acceso a atención médica especializada y condiciones adecuadas durante la detención".
