Desde las 15:00 horas, la Cámara de Diputados comenzará a discutir el proyecto que establece multas asociadas al voto obligatorio para ciudadanos chilenos, excluyendo de estas sanciones a los extranjeros avecindados en el país.
El debate ha estado centrado en las diferencias entre las fuerzas políticas sobre el impacto que tendría el voto obligatorio de los migrantes avecindados en los distintos sectores.
La iniciativa, presentada por la diputada Joanna Pérez (Partido Demócrata), establece que "el ciudadano que no votare será penado con multa a beneficio municipal de 0,5 a 3 UTM. No incurrirá en esta sanción la persona que haya dejado de cumplir su obligación por enfermedad, reposo por embarazo, parto y/o puerperio, ausencia del país, encontrarse el día de la elección o plebiscito en un lugar situado a más de 200 kilómetros de aquel en que se encontrare inscrito o por otro impedimento grave debidamente comprobado ante el juez competente, quien apreciará la prueba, de acuerdo a las reglas de la sana crítica".
"Para estos casos, las excusas podrán presentarse hasta el día de la elección en la plataforma web del Servicio Electoral o ante Carabineros de Chile, instituciones que emitirán el respectivo certificado", añade.
Además, el texto contempla que "las ciudadanas y ciudadanos que hayan ejercido su voto en las últimas elecciones populares podrán recibir incentivos respecto de prestaciones estatales, los que deberán ser establecidos por el Ministerio del Interior en un reglamento".
Indicaciones
No obstante, en las últimas horas varios parlamentarios presentaron indicaciones que, de ser aprobadas, podrían hacer que el proyecto regrese a la comisión de Gobierno Interior para su revisión.
Entre quienes propusieron modificaciones se encuentran los diputados José Carlos Meza (Partido Republicano), Daniel Manouchehri (PS), Daniella Cicardini (PS) y Yovana Ahumada (Ind.).
Por ejemplo, Meza planteó aumentar la multa a 5 UTM y precisó el mecanismo de pago. Según su indicación, la multa debe "ser pagadas en la respectiva Tesorería Municipal o en la entidad recaudadora con la que haya celebrado convenio esa Municipalidad, dentro del plazo de cinco días desde que la sentencia se encuentre firme y ejecutoriada".
Por su parte, los diputados socialistas propusieron que "los extranjeros avecindados en Chile por más de diez años y que cumplan los requisitos señalados en el inciso primero del artículo 13 de la Constitución Política de la República sólo podrán ejercer el derecho de sufragio en las elecciones regionales y municipales. Estarán excluidos todos los extranjeros de participar en elecciones de carácter nacional, como elecciones parlamentarias, de presidente y plebiscitos nacionales. Se considerarán extranjeros avecindados aquellos que sean titulares de un permiso de residencia definitiva por, al menos, diez años".
En tanto, la diputada Yovana Ahumada propuso extender la aplicación de la multa también a los extranjeros.
Frente a estas propuestas, la autora del proyecto, Joanna Pérez (Demócrata), reafirmó que "el proyecto de ley que habilita la multa para lo que es el proceso que se va a dar en noviembre es solamente en relación a la multa a los ciudadanos, por lo tanto los ciudadanos son los chilenos. Esto deja afuera a los extranjeros. Hacemos un llamado, no solo al oficialismo, al gobierno a no enredar ni ensuciar la discusión. Lo que no tenemos hoy día es la multa para hacer obligatorio el voto".
Agregó que "nuestro proyecto, que es una salida bastante democrática y transversal, es justamente para que la multa se aplique solo a los chilenos, quienes son ciudadanos. Y hacemos el llamado también, porque estamos sobre un proceso, los ciudadanos necesitan certezas en un proceso que ya partió y es irresponsable estar cada proceso cambiando las reglas. Hemos hecho ese llamado al gobierno y hacemos el llamado hoy día de manera transversal a sacar prontamente este proyecto de la Cámara para que lo vea prontamente el Senado".
Incentivos
Por otro lado, uno de los puntos que se prevé genere debate en la sesión de esta tarde es la propuesta de "incentivos respecto de prestaciones estatales", ya que algunos sectores advierten que podría provocar un "efecto llamado", pese a que la medida está dirigida exclusivamente a ciudadanos chilenos.
Al respecto, el diputado Andrés Longton (RN) - autor de dicha indicación - señaló que "eso hay que eliminarlo, eso no tiene sentido (…) lo que pasa que el proyecto de Joanna Pérez del año 2019, es previo que el voto fuera obligatorio, es una reforma que está desfasada. Saben por qué se empezó a tramitar esa, porque una vez más el Gobierno con calculadora en la mano no le pone urgencia al proyecto que viene del Senado".
