Claudio Alvarado, director ejecutivo del IES.
El Mercurio/Archivo
Este miércoles se cumplen tres años desde que la ciudadanía
rechazó ampliamente la propuesta de la Convención Constitucional, derivada de la salida institucional que acordaron parte de las fuerzas políticas tras la crisis que abrió el estallido social.
La confección del texto estuvo marcada por el protagonismo de los independientes que se oponían a la institucionalidad que representaban los partidos políticos, el Senado, y la reivindicación de distintas demandas que abordaban desde materias sociales hasta la representatividad de los Pueblos Originarios. Esto llevó, por ejemplo, a que surgieran propuestas como definir a Chile como un país "plurinacional", o crear la Cámara de las Regiones, en reemplazo del Senado.
Lo cierto es que tanto los 155 convencionales -escogidos democráticamente-, como las fuerzas políticas progresistas, enarbolaron la bandera de la voz del pueblo en un nuevo texto que ahora pasaría a ser "la Constitución del pueblo", elaborada en democracia, y que aunara las distintas miradas para una vida en común.
De hecho, en el Plebiscito de entrada de 2020, alentado por el progresismo, la opción Apruebo obtuvo un contundente respaldo del 78,27%, y sólo un 21,73% se inclinó por el Rechazo a la idea de redactar una nueva Carta Magna. Pero el resultado del 4S del 2022, dio cuenta de un giro profundo en la opción de la ciudadanía, y el texto propuesto tuvo un amplio rechazo del 62%.
A tres años de ese entonces -y con otro proceso constitucional, impulsado por el gobierno del Presidente Gabriel Boric, y también con un resultado "En Contra" a la propuesta-, las reflexiones del progresismo parecen aún estar al debe.
Esa percepción se ha agudizado además por el debate que actualmente está en el Parlamento, respecto a las multas para el voto obligatorio que el Gobierno ha resistido apoyar, así como también la propia candidata del oficialismo, Jeannette Jara. ¿Por qué no incentivar la concurrencia a las urnas mediante multas que dan sustento al voto obligatorio? ¿Qué "cambió" en ese progresismo de 2020 que logró llegar al Gobierno?
En conversación con Emol, Claudio Alvarado, director ejecutivo del Instituto de Estudios de la Sociedad (IES), apunta a "nuevas prácticas de intervencionismo electoral" del oficialismo, y asegura que una izquierda que le teme a la participación del pueblo "debe hacerse muchas preguntas".
— A tres años del contundente triunfo del Rechazo, ¿Qué aprendió el progresismo que sujetaba sus destinos al Apruebo?
Mal que pese, es bastante dudoso que exista un auténtico aprendizaje. Fue muy revelador cuando poco después del monumental triunfo del Rechazo el presidente Boric señaló que "no puedes ir más rápido que tu pueblo". Tras esa aparente autocrítica lo que subyacía era la convicción de que se trató de un mero problema de velocidad. Y por eso no sorprende que hoy, tres años después, el oficialismo vuelva a incurrir no sólo en nuevas prácticas de intervencionismo electoral, sino también en actuaciones reñidas con el estado de derecho y los pilares de una república democrática, como lo ocurrido con el intento de derogación de facto del voto obligatorio. Aunque de manera más sutil, la "vía de los hechos" reivindicada por las izquierdas luego del 18 de octubre sigue latente.
— En ese debate, el Gobierno es apuntado como responsable de que no prosperen las multas en el voto obligatorio... ¿Se podría pensar que el progresismo está 'buscando' que esas mismas personas que querían tener voz y voto en una nueva Constitución, ahora no voten, como acusa la oposición? ¿Por qué?
Lo menos que puede decirse es que el oficialismo no ha hecho el esfuerzo suficiente para que se aprueben en tiempo y forma las normas legales que permitan cumplir lo dispuesto por la Constitución en materia de voto obligatorio. Una opción, cada vez más plausible, es que todo esto sea una pantomima, un esfuerzo deliberado por disminuir la participación electoral. De no ser así, igualmente estamos en presencia de una enorme negligencia respecto de un tema crucial, pues ningún país medianamente serio discute sus reglas electorales pocas semanas antes de las elecciones. En cualquier caso, hay dos cosas claras: en términos jurídicos, la culpa grave equivale al dolo, y en términos políticos una izquierda que le teme a la participación del pueblo debe hacerse muchas preguntas.
— ¿Cómo ves la irrupción de ex convencionales en la carrera parlamentaria?
Al menos Elisa Loncon y Jaime Bassa han sido bastante explícitos en sus recientes entrevistas: ellos vuelven a reivindicar tanto su proyecto político y constitucional, como a defender la porfiada interpretación que han sostenido desde el triunfo del Rechazo. Pese a que la opción que ellos defendían el 4 de septiembre de 2022 fue derrotada en todas las regiones y en casi 340 comunas, con especial fuerza en los sectores populares y rurales, exconvencionistas como Loncon y Bassa siguen atribuyendo su derrota a las fake news, a los poderosos de siempre y excusas así. Hay un sentido de negación de la realidad, una capacidad de echarle la culpa al empedrado como dice el refrán, que no deja de sorprender.
-— ¿Podrían los exconvencionales tener buen resultado? ¿Sirve que algunos apuesten por ser "más moderados"?
Por lo que decía antes, hay muchas maneras de describir su conducta y su proyecto, pero la moderación no es una de ellas. De todos modos, nada de lo dicho impide que alguno de ellos obtenga un buen resultado en los comicios de noviembre. Nuestro sistema electoral no es mayoritario, sino proporcional, y considerando el apoyo al gobierno en torno al 25% o 30% obviamente hay votos disponibles para ellos. Por lo demás, el Apruebo sufrió una derrota aplastante y jamás imaginada por las izquierdas, pero aún así alcanzó un 38%. Esto debería servir de advertencia para las derechas: su lucha fraticida más temprano o más tarde puede ser aprovechada por quienes quisieron imponer a Chile un proyecto plurinacional y antidemocrático como el que conocimos.
