Una solicitud de
desafuero presentó este jueves la Fiscalía Regional de Antofagasta en contra del gobernador de la Región Metropolitana,
Claudio Orrego, en el marco de la investigación por el caso
ProCultura.
El requerimiento fue presentado por el persecutor regional, Juan Castro Bekios, ante la Corte de Apelaciones de Antofagasta. El propósito sería buscar formalizar a Orrego por su eventual participación en delitos de cohecho y fraude al fisco, según consigna T13.
Lo anterior, por un polémico convenio en que la fundación se adjudicó más de $1.800 millones para la realización de proyectos, de los cuales $1.000 millones no fueron rendidos ni devueltos al gobierno regional.
La solicitud supone un nuevo flanco para Orrego, cuya labor ha sido duramente criticada por parte de los consejeros de oposición, lo que se suma a los cuestionamientos por presuntas irregularidades detectadas por Contraloría.
En ese sentido, el hallazgo más reciente del ente contralor fue la constatación de gastos que podrían estar relacionados con actividades políticas y la campaña electoral, así como contrataciones directas sin respaldo normativo, que además de la RM incluye a otras cinco gobernaciones regionales, en una fiscalización que incluyó los meses entre enero y septiembre de 2024.
En el caso específico del Gore RM, se detectó el pago de más de $31 millones por un servicio de asesoría "para la gestión institucional GS 2024". Sin embargo, en la revisión de las sesiones se halló que no se abordaron temas de coaching -como señalaba el contrato-, sino que habían referencias explícitas a "la contingencia política y la campaña electoral" de Orrego para su reelección.
También se detectó un gasto de más de $51 millones por trato directo, para la adquisición de bienes y servicios, pero sin justificar el cumplimiento normativo correspondiente. Además, se detectaron irregularidades en la contratación de dos empresas; una, por más de $46 millones donde no se acreditaron condiciones contractuales; y otra, por más de $109 millones, sin respaldo de la idoneidad del proveedor.
Otra de las polémicas que han surgido desde el Gore RM está vinculada a la pugna que mantiene con la aseguradora Porvenir S.A. (Aspor), a la que acusa por no acceder a realizar el pago de cinco pólizas de garantía asociadas a un convenio con ProCultura. Las pólizas fueron exigidas por el Gobierno Metropolitano tras el término anticipado del proyecto "Quédate", iniciativa que estaba orientada a la prevención del suicidio.
