El Juzgado de Garantía de Osorno decretó prisión preventiva para dos de los cuatro exfuncionarios públicos imputados por el Ministerio Público como autores del delito reiterado de tortura, hechos cometidos entre 2018 y 2020 en el interior del Hospital Base de la ciudad.
Con esto, el tribunal rechazó la solicitud para aplicar la medida cautelar de la mayor intensidad para todos los formalizados.
Los acusados, identificados con las iniciales R.A.R.M y E.A.G.A. -quienes eran jefe y subjefe del área de Desarrollo de Unidad de Informática del recinto de salud-, deberán ingresar al recinto penitenciario de Osorno, por considerar que la libertad de
los imputados constituye un peligro para la seguridad de la sociedad y la víctima, según consideró el magistrado Alex Frake.
Mientras que los otros dos imputados, de iniciales J.P.A.N.G y J.A.B.H., quedaron sujetos a arresto domiciliario total, arraigo nacional y prohibición de comunicarse con la víctima y su familia. Esto, ya que el juez consideró que la participación de J.P.A.N.G. fue menos gravosa que la de los imputados privados de libertad y el tribunal valoró la colaboración en el proceso del último imputado.
Según el ente persecutor, los acusados, que se desempeñaba en el área informática del recinto, ejercieron en contra de la víctima, que era un colega de la misma unidad de trabajo, actos reiterados de tortura, tratos denigrantes, agresiones físicas y verbales, además de divulgación de información e imágenes privadas por medio de redes sociales. Estas acciones ocasionaron en la víctima un estado permanente de angustia.
La fiscal jefa de Osorno, María Angélica de Miguel, indicó que a pesar de que el tribunal rechazó la petición de prisión preventiva para los cuatro formalizados, "nos vamos conforme". Agregó que la víctima le quitó responsabilidad en los hechos a uno de los acusados, señalando que este "lo protegía".
De Miguel descartó que el Servicio de Salud Osorno acompañara una denuncia penal con "todos los nuevos antecedentes y registros audiovisuales".
La persecutora expuso que "sí tenemos una denuncia al año 2024 en que ellos hablan de tratos degradantes. Esa es la figura que usan, tratos degradantes respecto a esta misma víctima. Pero jamás acompañan ningún video, jamás acompañan ninguna otra evidencia, ningún aporte".
La fiscal también explicó que se formalizó investigación por el delito de tortura al considerar que "estos actos son de los más degradantes que hay respecto de una persona, lo más intimidante, actos intimidatorios a esta persona y aparte de ello también denigrantes como ser humano".
De Miguel, además, aseguró que no existen antecedentes médicos en torno a que la víctima tenga Trastorno del Espectro Autista (TEA).
"Es algo que no está acreditado. Obviamente vamos a tener que conversar con la víctima y además someterla a peritajes, para verificar su condición", aseguró.
Denuncia 2020
El Austral de Osorno detalla que el fiscal Jorge Münzenmayer leyó en la audiencia las declaraciones que los imputados entregaron en el primer sumario desarrollado por la Dirección del Hospital San José durante el año 2020.
La víctima hizo la denuncia a su jefatura, que es uno de los imputados, sobre que había sufrido agresiones de un compañero de labores del área de Desarrollo, en dos ocasiones.
Uno de los abogados defensores atribuyó los actos realizados en el lugar de trabajo como actividades físicas o "jugarretas".
Tanto el Consejo de Defensa del Estado (CDE) como el Instituto Nacional de Derechos Humanos participaron en la causa como querellantes.
En el líbelo del CDE se lee que los imputados "los actos se materializaron, entre otros, en forcejeos contra la víctima (...), cortes de cabello, amarrarlo y amordazarlo en una silla obligándolo a realizar actos de connotación sexual, entre otras acciones de similar naturaleza, todo acompañado de expresiones degradantes hacia la víctima. Todos los querellados antes señalados participa en los hechos anteriormente señalados.
En la acción del INDH se señala que "la víctima sufrió diversas vejaciones y malos tratos por parte de sus compañeros de trabajo, todos funcionarios públicos dependientes del Hospital de Osorno. Que en este contexto, la víctima vivenció distintos episodios, algunos de las cuáles incluso fueron registradas en video y fotografías, tomadas aparentemente por los mismos autores".
La abogada de la Región de Los Lagos del INDH, Milena Sánchez expuso que "la gravedad de los hechos está dada por la condición particular de los autores. El delito de torturas contempla al empleado público que, con ocasión de su cargo o funciones, provoque graves sufrimientos físicos o mentales en la víctima. Por lo tanto, para nosotros, más que independiente de las características del lugar, tiene que ver con la condición y con la calidad de funcionario público de los autores".
"El delito base de la tortura contempla una pena de entre cinco años y un día a diez años", complementó.
