La ministra de la Segpres, Macarena Lobos, y el subsecretario Nicolás Facuse, al tramitar la reforma del voto migrante en la comisión de Constitución.
El Mercurio
Junto con el avance del proyecto para la ejecución del voto obligatorio efectivo, comenzó a surgir cierta aprensión entre legisladores, la que algunos reconocen abiertamente, pero la mayoría reflexiona en silencio. Se trata del efecto en las arcas fiscales de la mayor participación que supone la multa por no sufragar. Eso conlleva más electores yendo a las urnas, lo que se traduce en más votos y definitivamente en más recursos del Estado para reembolsar a los partidos y candidatos por voto obtenido en las elecciones presidenciales y parlamentarias de noviembre. Para 2025 se proyectan $126 mil millones para el ítem 30 referido al "Reembolso Gasto Electoral a Candidatos y Partidos Políticos, Ley N° 19.884".