Un informe de abogados de 127 familiares de 65 fallecidos en el gran incendio de Viña del Mar y alrededores de febrero de 2024 fue remitido a la oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para denunciar "omisiones en la prevención, fallas en la respuesta y abandono posterior a miles de afectados". El documento identifica responsabilidades en organismos como Conaf por deficiencias en la prevención y gestión de alertas; Senapred, por tardanza en las evacuaciones; y el propio Gobierno, por omisiones en la reconstrucción y en el apoyo psicosocial lo que, según plante, configuran una "violación de los derechos humanos".
