El último informe de la Contraloría General de la República sobre el mal uso de licencias médicas por parte de funcionarios públicos reactivó el debate político en torno a esta práctica.
El organismo detectó que otros 10.805 funcionarios —además de los 25 mil reportados anteriormente— que trabajan en servicios públicos con presencia regional viajaron fuera del país durante la totalidad o parte de su período de licencia médica.
En cuanto a la distribución de estos casos, se trata de funcionarios pertenecientes a 442 entidades públicas en regiones. Del total, un 67% corresponde a servicios de salud y hospitales, un 15% a Servicios Locales de Educación Pública (SLEP), un 11% a municipalidades, corporaciones y direcciones municipales, un 4% a establecimientos educacionales y un 3% a otros organismos.
Al respecto, el senador y presidente de la comisión de Salud, Iván Flores (DC), señaló que "cuando la Contraloría determinó que había 25.000 funcionarios públicos que salieron del país estando con licencia médica y después fueron algunos carabineros, algunos miembros de la Fuerza Armada, algunos miembros del Poder Judicial y otros, esperábamos acciones. No se entiende que a estas alturas del partido habiendo un plazo de 20 días para iniciar el sumario, llevamos varios meses desde que la Contraloría hizo el primer informe, se señale que solamente se han hecho 8.000 sumarios y 50 destituciones. O sea, pasamos de lo que estaba ocurriendo, que es una política de abandono de las funciones de gobierno a la del perdonazo".
"Si la Contraloría ya hizo la mitad de la pega, ¿por qué no la terminan? ¿Por qué no cumplen los plazos? ¿Por qué no se aprieta ese robo en descampado que hubo que costó probablemente una cifra cercana a la mitad de los 3.000 millones de dólares que costaron los ocho millones de licencias médicas emitidas durante 2024? No se puede aceptar", añadió.
Por su parte, el diputado Tomás Lagomarsino (PR) planteó que "aquí se ha llevado una investigación bastante exhaustiva y tiene que llevarse a término con todas las denuncias, sumarios, indagatorias, restitución de los recursos. Se debe investigar hasta el último que haya defraudado recursos fiscales".
No obstante, precisó que "esto no puede significar retrocesos para las personas que hacen bien las cosas, que son quienes hacen buen uso de las licencias médicas; y el proyecto de ley del Ejecutivo retrocede en materia de subsidio de incapacidad laboral para las personas que hacen bien las cosas".
"No pueden pagar quienes necesitan un reposo por una enfermedad juntos con los que tienen que pagar por haber hecho mal uso de ellas. Tenemos que proteger a los que hacen buen uso y castigar duramente a los que hacen mal uso de las licencias", agregó.
A su vez, el senador Juan Luis Castro (PS) advirtió que "este nuevo informe de Contraloría refleja que el drama es peor aún ¿Cómo es posible que en veintiséis mil ocasiones hayan salido funcionarios públicos fuera de Chile estando con licencia médica? ¿Cómo es posible que mientras los verdaderos enfermos esperan y esperan por ser atendidos o por tener una licencia que no se la pagan? Hay otros frescolines, de verdad, en el mundo público, que hacen leso al mismo sistema público, que es donde se paga las licencias".
"Por eso es perentorio que salgan a fin de menos resultados finales, porque ya han pasado tres meses y no puede haber indulgencia, no puede haber olvido y tiene que haber sanciones muy duras para que nunca más haya tal abuso", cerró el legislador.
El diputado Miguel Becker (RN), integrante comisión Investigadora por Licencias Médicas, destacó el rol de la contralora Dorothy Pérez y dijo que "vamos a solicitar el próximo lunes, que en la comisión investigadora se incorpore este informe, de manera que se pueda desarrollar un análisis completo de esta situación a fondo y que no se le perdone a nadie esta grave falta".
