A través de una carta a El Mercurio, la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, junto a su par del Trabajo, Giorgio Boccardo, llamaron a los parlamentarios a avanzar en la tramitación del proyecto de ley que equipara el derecho a sala cuna para todos los trabajadores, con el fin de abrir camino hacia un país "más inclusivo, productivo y justo", según expresaron los secretarios de Estado.
El emplazamiento no fue bien recibido en todo el espectro político. En el mismo medio, María José Abud e Isabel Plá —exautoridades del Ministerio de la Mujer durante el Gobierno del expresidente Sebastián Piñera— cuestionaron la postura del Ejecutivo, señalando que es "incomprensible que un sector político que se arrogó el monopolio de la defensa de los derechos de la mujer haya ignorado esa urgencia, durante casi todo un mandato", en referencia a que la actual administración tuvo más de tres años para impulsar el proyecto y que hoy exige celeridad cuando restan solo cuatro meses legislativos antes del cambio de gobierno.
"Es aún más inexplicable en el escenario actual del mercado laboral femenino, con peores indicadores desde enero de 2010: desempleo bordeando el 10% y una participación en torno al 53%, en el mismo nivel del primer trimestre de 2020, en la antesala de la pandemia", agregaron Abud y Plá.
Mientras que los ministros Orellana y Boccardo plantearon que "urge eliminar una discriminación de base que castiga la contratación femenina. Hoy la ley obliga a las empresas con 20 o más trabajadoras a costear sala cuna, lo que ha derivado en un sesgo: algunas empresas optan por no contratar más de 19 mujeres, mientras que las grandes solo financian el cuidado para ellas, no para los padres trabajadores. Así, lo que debiera ser un derecho se transforma en una barrera de acceso al empleo formal".
En esa línea, sostuvieron que el proyecto de ley Sala Cuna para Chile busca corregir este problema: "Elimina el mínimo de 20 trabajadoras y amplía el derecho también a los hombres, distribuyendo de manera más equitativa los costos mediante un Fondo Solidario financiado con una cotización del 0,2% a cargo de los empleadores. En la práctica, significa que cualquier trabajador o trabajadora con hijos menores de dos años podrá acceder al beneficio, sin importar el tamaño de la empresa".
"Esto no es un gasto, es una inversión en el presente y futuro de Chile. La experiencia internacional demuestra que cuando existe acceso a cuidado infantil de calidad, más mujeres participan en el mercado laboral, se eleva la productividad y crece la economía", añadieron.
El proyecto está en tramitación en el Senado desde enero de 2022, cuando fue ingresado por el expresidente Piñera. Actualmente se encuentra radicado en la Comisión de Trabajo de la Cámara Alta, donde se fijó el 3 de octubre como nuevo plazo para presentar indicaciones. Meses atrás, el Gobierno ingresó una indicación sustitutiva que deberá ser analizada en detalle por la instancia.
Comisión de Trabajo
Sobre el llamado de los ministros a tramitar el proyecto, el presidente de la comisión de Trabajo del Senado, Gastón Saavedra (PS), recordó que las urgencias las aplica el Presidente de la República.
En esa línea, señaló que "creo que he sido uno de los integrantes de la comisión de Trabajo que más le hemos puesto esfuerzo para que este proyecto ya hubiera estado fuera de la comisión, aprobado en general y particular".
En relación a los plazos para la discusión, indicó que "las indicaciones van a comenzarse a votar a continuación de presentadas. Esperamos que el próximo miércoles, o cuando más, el primer miércoles del mes de octubre, comencemos con la votación en particular de las indicaciones, y ahí demorarlo lo menos posible para que después se vaya a la sala o a la comisión de Hacienda que tendrá que determinar si hay o no uso de recursos públicos".
Por su parte, el senador Karim Bianchi (Ind.), integrante de la comisión de Trabajo, señaló que "el llamado de los ministros a dar urgencia es bienvenido, pero la urgencia nunca puede sacrificar la calidad. La Comisión de Trabajo ha avanzado con seriedad en el proyecto y no tengo duda que seguirá haciéndolo".
En relación a los principales nudos que se pueden presentar durante la discusión planteó "el financiamiento, la universalidad y el mecanismo de implementación. Si no resolvemos estos puntos de manera responsable, la ley no servirá para absolutamente nada".
Al ser consultado sobre por qué no se tramitó antes este proyecto, Bianchi señaló que "cada comisión tiene una agenda que es definida por el presidente de la comisión, y que va conversándose con el Ejecutivo, sobre todo en este caso que el presidente es del oficialismo. En estos últimos días priorizaron otros proyectos, como el SIS que es parte de la reforma de pensiones. Es así como funciona el Congreso".
"No puedo asegurar si se aprobará antes de que termine este Gobierno. La aprobación de una ley no debe depender de un plazo político, sino de la calidad de su contenido. La prioridad es hacer una buena ley, no una ley rápida", concluyó.
