Toma Calicheros en Quilpué, en los terrenos de la familia del empresario Alejandro Correa.
El Mercurio
A más de cinco años del homicidio de Alejandro Correa, la familia del empresario asesinado por encargo finalmente podrá recuperar sus terrenos usurpados luego de que el Servicio de Vivienda y Urbanismo (Serviu) de Valparaíso adjudicara las obras de demolición de la toma en Quilpué, las que se iniciarán el próximo lunes 29 de septiembre.
De acuerdo a El Mercurio de Valparaíso, en la licitación participaron seis oferentes y finalmente la firma Río Grande SpA fue la vencedora del concurso, logrando adjudicarse las faenas de demolición por un monto de $131.250.000.
Se trata de la propuesta más económica de las cinco que llegaron a la fase de evaluación, ya que la más costosa alcanzaba los $188.003.340.
De esta manera se espera que el lunes se inicien las primeras acciones de logística en terreno, para en los días posteriores ejecutar el proceso de demolición.
De acuerdo a las bases de la licitación, los trabajos de Río Grande SpA en la toma Calicheros demorarán una semana y constan de dos etapas: la primera consta de faenas de demolición y tendrá un plazo máximo de ejecución de dos días corridos, mientras que la segunda fase de aseo y limpieza del paño, se deberá concretar en cinco días.
Firma de contrato
Desde la Seremi de Vivienda de Valparaíso confirmaron la firma del contrato. A través de un comunicado, señalaron ayer que "en horas de la tarde, se realizó la adjudicación y firma con la empresa constructora a cargo de las faenas, lo que dará a paso a la planificación de la demolición, en coordinación con todos los integrantes de la mesa de trabajo intersectorial".
Sobre esto último, se espera que la tarde de este viernes la Delegación Presidencial Regional, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, Carabineros y otros organismos sostengan una reunión con representantes de la familia Correa, en la que se definan las últimas coordinaciones para desarrollar el proceso de demolición del asentamiento ilegal, donde se estima que viven 120 familias.
Con relación a los pobladores que serán desplazados del sector, desde el Minvu declararon que "en colaboración con el municipio de Quilpué y la Delegación Presidencial Provincial, hemos apoyado la realización de un catastro de las familias ocupantes del terreno, con atenciones presenciales en la dependencias del municipio, para conocer la situación social de los grupos familiares e identificar casos críticos que requieran un apoyo transitorio".
"Para dicho proceso, en común acuerdo con el municipio y la Delegación Presidencial Regional y Provincial, se extendieron las atenciones debido al aumento en la concurrencia e interés de las familias para ser catastradas", afirmó la cartera liderada por Carlos Montes.
"Precedente histórico"
Por su parte, Jeanette Bruna, abogada de la familia Correa, señaló al citado medio que "este es un precedente histórico para el país, porque por primera vez una Seremi de Vivienda ejerce la potestad de asegurar que las ciudades se construyan de conformidad a la ley y que toda construcción que esté fuera de la ley, o se regulariza o debe ser demolida".
La jurista subrayó que el caso de la familia Correa servirá de ejemplo para que, a futuro las autoridades se tomen acciones frente a las usurpaciones a predios privados. Sobre todo, dice, "ante la ausencia de protocolos claros por parte del Gobierno" para abordar las tomas y campamentos en el país.
"Se genera el precedente para futuros casos y, por lo tanto, las autoridades van a tener que volver a poner toco en prevenir las tomas, porque si no la previenen, entonces se van a ver expuestas a tener que ejercer esta potestad. En definitiva, esto es un juego de presión, pero también de terminar con este palco que había tomado el Estado durante todo este tiempo", afirmó.
En la otra vereda del conflicto, los ocupantes de Calicheros expresan angustia. Giovanni Pérez, morador desde 2023, mencionó: "A las autoridades les pedimos tiempo y que nos puedan ayudar. ¿Cómo nos van a tirar como perros a la calle?".
