Diputados de la oposición y del oficialismo (algunos parte de la Comisión de Vivienda) reaccionaron este sábado a la polémica que envuelve al Ministerio de Vivienda en torno a una supuesta crisis financiera del sistema de viviendas sociales.
Según publicó el Diario Financiero, la cartera mantendría una deuda vencida que supera los US$ 1.000 millones con distintos actores del sistema, incluyendo inmobiliarias, constructoras, entre otras.
"A estos pasivos se suman pagos pendientes a los propietarios de terrenos adquiridos por la cartera que aún no han sido cancelados", dice la publicación del medio.
Además, expone que durante la semana el propio Minvu habría confirmado a través de correos electrónicos que si bien existía ejecución presupuestaria, no había "disponibilidad de caja ni aporte fiscal suficiente que permita concretar los pagos autorizados".
El Ministerio respondió a lo anterior este viernes, en primer lugar, señalando que su gestión se enmarca en el programa habitacional aprobado por el Congreso, en el marco de la Ley de Presupuesto de cada año y destacó que este "considera una composición histórica de pago de compromisos de años anteriores de aproximadamente el 90% de los recursos".
Luego, sostuvo que "esta cartera de Estado descarta tener pagos pendientes a empresas por la suma indicada en el citado medio de comunicación, cifra que correspondería a una estimación de una fuente de la industria. En ese sentido, puntualizamos que podría existir una interpretación equívoca entre proyección de gasto y deuda pendiente".
"Efectivamente, hay Serviu -situación que se concentra fundamentalmente en la Región Metropolitana- que proyectan un gasto mayor a su presupuesto vigente, situación que ha sido informada a la Dirección de Presupuestos para concretar un mayor ingreso de recursos, lo que actualmente ya cuenta con medidas en implementación", agregó.
Este sábado, volvió a emitir un comunicado en el que reiteró "la inexistencia de una deuda de mil millones de dólares con desarrolladores de viviendas sociales" y subrayó "que el Plan de Emergencia Habitacional sigue su marcha". Por ello, hizo un llamado a "no distorsionar la realidad creando incertidumbre en empresas, dirigencias y familias".
"El sector construcción ha enfrentado un complejo escenario financiero y de ejecución de obras derivados de la pandemia, donde el Minvu sostuvo a la industria. En este contexto, la inversión pública en vivienda e infraestructura urbana ha aumentado de manera significativa a través de distintos programas sociales, lo que naturalmente genera una mayor presión de actividad en el sector", dice la misiva de esta jornada.
Asimismo, expone que "el Minvu ha realizado un monitoreo permanente del estado de los proyectos junto a la Cámara Chilena de la Construcción y, dentro de ese trabajo, se analizan regiones donde existen preocupaciones por la situación de los pagos, los cuales reportan -en su último informe- una cifra significativamente menor a lo publicado erróneamente en medios ".
Considerando ambas versiones, es que parlamentarios -de oposición principalmente- apuntaron a investigar, ya sea mediante la creación de una comisión para ello o a través de una interpelación al ministro de Vivienda, Carlos Montes. Desde el oficialismo, en tanto, remarcaron que es importante dar "tranquilidad" a las familias y no hacer puntos políticos de esta situación.
Cabe mencionar que las opiniones de los congresistas fueron entregadas tras el primer comunicado, pero antes del segundo que fue emitido durante la tarde de este sábado.
"Es preocupante"
"Primero que todo, la situación es preocupante e impresentable. Acá hay una ley de emergencia habitacional que se aprobó justamente para que no ocurran este tipo de situaciones y se aprobaron presupuestos especiales para poder cumplir y hacer frente al déficit habitacional", sostuvo el presidente de la Comisión de Vivienda, diputado Juan Manuel Fuenzalida (UDI).
Añadió que "acá el Ministerio tiene que dar la cara y dar explicaciones, porque no puede ser que nos estén pagando los subsidios, cosa que venimos denunciando desde hace tiempo desde la Comisión de Vivienda de la Cámara de Diputados y, por otro lado, no se estén pagando los terrenos".
Con todo, aseguró que "esta situación amerita a lo menos una comisión investigadora y también interpelar al ministro de Vivienda y al ministro de Hacienda, porque no están cumpliendo con el presupuesto de la nación".
El congresista Hotuiti Teao (IND-UDI) afirmó por su parte que "esta situación afecta directamente el cumplimento de la meta presidencial de entregar 260 mil viviendas bajo el PEH y podría poner en riesgo la continuidad de obras en curso".
"Si fuese cierto que el Minvu no contaría con liquidez suficiente para honrar los compromisos dentro del PEH —especialmente los establecidos bajo DS19 y DS49— podríamos estar frente a un riesgo de paralización de obras y atraso del programa habitacional en los sectores afectados. Por eso exigimos que el ministro concurra a la Comisión de Vivienda y dé cuenta de cuándo podrían liberarse esos pagos, si se considera incluirlos en la próxima Ley de Presupuestos, si se evaluará una investigación sumaria, qué mecanismos se adoptarían para prevenir la judicialización y cómo se garantizaría el pago a las empresas y vendedores", complementó.
Desde el Partido Republicano, el parlamentario Cristián Araya expresó que "si el ministro Montes asegura que en el Minvu no hay deuda, que muestre las cifras y diga con nombre y apellido cuánto y a quiénes se les debe. Así de simple. Porque ya sabemos lo que pasa: cuando todo queda entre cuatro paredes, terminan siendo los medios los que destapan escándalos millonarios, como ocurrió con las fundaciones".
El diputado Frank Sauerbaum, jefe de bancada RN, también apuntó a que es relevante que "el Gobierno aclare si estos recursos faltantes que se han denunciado pertenecen a la Ley de Presupuesto aprobada para el año 2025, y que no existen o sencillamente no están disponibles, o se tratan de proyectos nuevos que no estuvieron considerados dentro de la ley y que van a requerir una modificación presupuestaria para poder tener disposición de estos proyectos, que sin duda son relevantes para las personas".
"Lo importante es que podamos cumplirle a las personas que esperan el sueño de la casa propia, como se garantizó en el plan de emergencia habitacional", concretó.
Desde la misma tienda, la diputada Marcia Raphael exclamó que "la situación que se está dando a conocer desde el Serviu Metropolitano es preocupante, porque es algo que hemos venido advirtiendo también desde nuestra región (Aysén)", entonces, "nos da para pensar que la dificultad de caja y la falta de recursos del Ministerio también podría estar afectando a nuestra región".
En esa línea, dijo que "emplazamos al ministro Montes a sincerar cuál es el escenario que están enfrentando en materia de recursos, porque no podemos jugar con los anhelos de la gente y menos con el derecho al acceso a la vivienda. En ese sentido no nos perdemos y es algo que desde nuestra labor siempre defenderemos".
Una apreciación similar mostró la diputada Karen Medina (IND-DC), quien advirtió que "se hace urgente que el ministro de Vivienda transparente hoy día cuáles son las falencias que está teniendo el Ministerio, si es falta de recursos, si tenemos problemas en las partes administrativas de este tipo de compromisos y proyectos donde hay familias que están esperando una solución por muchos años, donde hay anuncios, donde hay fechas comprometidas y que hoy día digan que no hay recursos".
El senador José Miguel Durana (UDI) también se quiso referir a este caso, señalando que el Ministerio "vuelve a demostrar una preocupante falta de transparencia y eficiencia. Hoy niega una deuda superior a los mil millones de dólares, pero en la misma declaración admite compromisos pendientes y proyecciones de gasto que superan largamente su presupuesto vigente. Eso, en la práctica, significa que se están generando pasivos ocultos que tarde o temprano van a golpear al Estado, a las empresas del sector y, lo más grave, a las familias que esperan por una vivienda digna".
"Sin amenazas ni anuncios efectistas"
Desde el oficialismo, el jefe de la bancada IND-PPD, Héctor Ulloa, expresó que "como miembro de la Comisión de Vivienda lo que más me interesa saber es si estos problemas de financiamiento que están ocurriendo principalmente en la región Metropolitana, están afectando la entrega de casas sociales a las personas más vulnerables. Eso es lo que más nos preocupa, porque aquí hay un compromiso habitacional del gobierno que se debe cumplir".
Por otro lado, sostuvo que "es necesario entregar tranquilidad a las familias, conocer la verdad, y trabajar en soluciones. Sin amenazas ni anuncios efectistas como está haciendo Chile Vamos al no querer tramitar el Presupuesto. Eso en nada contribuye al país".
Asimismo se refirió el jefe de bancada del Frente Amplio, diputado Jaime Sáez, quien indicó que todo este "escándalo" se basa "en cuestiones que son completamente imprecisas o derechamente falsas, en conjeturas que hacen algunos medios de comunicación sin corroborar las fuentes y del cual se aprovecha a la oposición para hacer un punto político que les sirva tanto en la campaña presidencial como también ad portas de la discusión de la Ley de Presupuestos donde tenemos que trabajar sobre la base de evidencia, sobre la base de datos concretos respecto a cuáles son los ingresos fiscales, y también el nivel de gasto tanto comprometido como también en términos de cuáles son los programas que corresponde seguir financiando".
"Entonces, creo que es muy importante seguir investigando e indagando adecuadamente antes de publicar informaciones que, en definitiva, generan confusión, incertidumbre y también molestia que es absolutamente innecesaria en la medida en que las informaciones se corroboran", terminó.
