Parlamentarios de oposición arremetieron este sábado contra el presidente Gabriel Boric, por su declaración en el marco de la fallida compra de la casa del exmandatario Salvador Allende.
Según reveló esta jornada El Mercurio, en marzo y ante el fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper, el jefe de Estado manifestó que "jamás nadie me informó de la inhabilidad constitucional", al mismo tiempo que rechazó haber sido comunicado por la ministra de las Culturas o la de Bienes Nacionales.
"Si había algún problema constitucional, con relación a las propietarias de la casa de Allende, no tuve ninguna advertencia sobre aquello", precisó el Mandatario.
El Presidente reconoció que se enteró de la inhabilidad después, tras el estallido del caso, por su jefe de gabinete.
"Fui informado aproximadamente el 2 de enero de 2025, cuando estaba en la Antártica. Carlos Durán me informó de esta inhabilidad, por lo que ordené se detuviera este proceso", acotó.
Cabe recordar que la intención del Gobierno era comprar la casa de Allende en Guardia Vieja para convertirla en museo. Sin embargo, la Constitución prohíbe que autoridades públicas celebren contratos con el Estado y tanto la ahora exsenadora Isabel Allende (PS) como la exministra Maya Fernández, estaban entre las herederas y vendedoras del inmueble.
Así, diputados, algunos de la Comisión Especial Investigadora (CEI) por la fallida compra, entregaron sus apreciaciones.
"Es bastante impresentable que el Presidente de la República alegue desconocimiento de la ley o la Constitución para no cumplir con ésta, siendo el primer mandato de cualquier chileno partiendo por el Presidente de la República", dijo el presidente de la instancia, diputado Andrés Longton (RN).
Agregó que "no todos tienen el lujo de incumplir la ley y que no tengan consecuencias como le pasó al Presidente Boric, por lo que acá o hay mala fe porque hubo las advertencias que tenían que hacerse partiendo por quién era la jefa jurídica de Segpres y tenía conocimiento y tenía inhabilidad, como lo dijo la Comisión Investigadora, o bien estamos frente a alguien que no tiene las más mínimas capacidades para poder gobernar nuestro país".
El jefe de bancada de RN, congresista Frank Sauerbaum, expresó por su parte que el jefe de Estado "se jactó hace unos días en Naciones Unidas de que siempre había que hablar con la verdad. La verdad es que es difícil creer que una persona que estudió derecho, fue diputado y ahora Presidente de la República, no conocía las normas constitucionales que prohíben expresamente que los ministros y los parlamentarios contraten con el Estado. Por lo tanto, nosotros tenemos serias dudas respecto a la veracidad de los dichos del Presidente de la República".
Desde el mismo partido, la parlamentaria Paula Labra señaló que "las declaraciones del Presidente Boric son gravísimas".
"Es preocupante que reconozca implícitamente ignorancia de su parte frente a la Constitución. Es incomprensible, por último, por sentido común, que no supiera que estaba firmando una inconstitucionalidad de 900 millones de pesos que iría al bolsillo de una ministra y una senadora en ese entonces", complementó.
Por otro lado, dijo que "al parecer, tampoco le preocupa que la jefa de la división jurídico legislativa de Presidencia, Francisca Moya, quien incluso reconoció en la Comisión Investigadora saber que esto era inconstitucional, de igual forma le permitiera firmar para avanzar con esta compra. Ella sigue en su cargo, a quien inmediatamente se le debió pedir la renuncia".
"Todo esto se contradice con lo que fue recabado en la Comisión Investigadora, porque la exjefa jurídica de Bienes Nacionales, Macarena Diez, reconoció presiones de altos funcionarios de gobierno para apurar la compra", terminó.
El diputado Gustavo Benavente (UDI) sentenció, en tanto, que "lo único claro es que una vez más el Presidente Boric no sabe nada y todos los asesores involucrados en el caso o son un grupo de ineptos que ingresaron al Gobierno por ser operadores políticos, pero sin ninguna calificación profesional para ejercer cargos, o definitivamente todos eventualmente se pusieron de acuerdo para mentir en esta causa".
La diputada Marlene Pérez (IND-UDI) también se refirió a este suceso asegurando que el Presidente "podrá declarar lo que estime conveniente, pero la opinión de la inmensa mayoría de los chilenos es que es prácticamente imposible que nadie le advirtiera al Ejecutivo, de todos sus asesores, de la inhabilidad que existía en la compra de esta propiedad".
"Esto incluso ha sido respaldado por una serie de antecedentes que efectivamente dan cuenta en ministerios como el de las Culturas y Segpres, que sí tuvo conocimiento de esta inhabilidad, por lo tanto, la imagen que queda es que el presidente Gabriel Boric quiso insistir hasta el último minuto en la compra de esta propiedad, sin ni siquiera importar lo que realmente había detrás de estas infracciones que se estaban cometiendo", precisó.
Por último, desde el Partido Republicano, la diputada Sofía Cid manifestó que "si bien existe un proceso judicial en curso, creo que lo relevante en este caso ya es más que conocido por la opinión: se obra fuera del marco constitucional y legal, y el Gobierno pensaba que podía engañar a la ciudadanía con una estrategia comunicacional. Aquí como en los otros escándalos del Gobierno, simplemente es que algunos creen que a ellos no se les aplican las mismas normas que a todos los chilenos. Se creen una dinastía o casta superior".
