Inconformes con la resolución de la Corte Suprema —que, por falta de quórum, determinó que el ministro Antonio Ulloa se mantenga en su cargo— diputados oficialistas anunciaron una Acusación Constitucional en su contra, a raíz de sus mensajes con el abogado Luis Hermosilla en el marco del caso Audio.
La vocera del máximo tribunal, María Soledad Melo, explicó que "sometido el asunto a votación, no se alcanzó el quorum que exige la norma constitucional citada, esto es, la mayoría de los componentes de esta Corte Suprema. En consecuencia, atendido lo dispuesto en el artículo 80 de la Constitución Política de la República, el ministro señor Antonio Mauricio Ulloa Márquez no queda removido de su cargo".
Posteriormente, desde el Congreso Nacional, el diputado Daniel Manouchehri (PS), acompañado de diputados socialistas, del Frente Amplio y del PPD, anunció la arremetida contra el magistrado y adelantó que "vamos a estudiar, avanzar en una Acusación Constitucional en contra de los jueces que no se inhabilitaron y faltando a su deber de probidad habrían vulnerado la constitución".
Su par, Daniela Cicardini (PS) dijo que "el poder judicial había asumido un compromiso con respecto a la limpieza profunda que había que hacerse, y hoy día ha dado una mala señal. Hoy día creo que se instala la corrupción, hoy día se instala la duda y la suspicacia razonable por parte de los chilenos y chilenas. Lo que a nosotros nos queda para salvar nuestra democracia desde el Congreso Nacional es que vamos a hacer todo lo que sea necesario para poder cumplir con lo que se había comprometido con los chilenos y chilenas, que es dar las garantías con un poder del Estado como es la justicia chilena".
La diputada Gael Yeomans (FA) acusó que el magistrado Ulloa "incumplió el principio de confidencialidad" y dijo que como legisladores están "cumpliendo con su deber".
En ese sentido dijo que "¿Qué tenemos que hacer nosotros como diputados y diputadas? Es cumplir con nuestro deber, cuando tengamos el texto, lo vamos a comunicar, pero nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo de fiscalización".
Sobre el plazo para su presentación y el periodo electoral que está en curso, la diputada Camila Musante (Ind.-PPD) explicó que "no se trata de que sea un periodo de elecciones, no. Se trata de que nosotros tenemos que utilizar las herramientas que la Constitución nos otorga frente a estos casos. Esperaríamos hacerlo lo más pronto posible, por supuesto. Esto acaba de ocurrir el día de hoy, se están analizando los antecedentes".
