La bancada de diputados RN ingresó este martes un requerimiento a la Contraloría General de la República con la finalidad que ésta lleve a cabo "una auditoría integral a la ejecución de los recursos fiscales previstos para la contratación de servicios de construcción de viviendas sociales".
Esto ante informaciones de que el Ministerio de Vivienda y Urbanismo a través del Serviu en distintos puntos del país, estaría acumulando deudas por US$1.000 millones a distintos proveedores de la construcción y a personas que enajenaron sus propiedades en favor del Estado. Algo que también denunció la candidata de Chile Vamos, Evelyn Matthei.
Los parlamentarios de RN, representado por el jefe de bancada, Frank Sauerbaum, la subjefa, Carla Morales y los integrantes de la comisión de Vivienda, Marcia Raphael y Juan Carlos Beltrán, recuerdan que la Ley 21.450 de mayo de 2022 y como parte de una política pública impulsada por el actual gobierno, se planteó el programa "Plan de Emergencia Habitacional" que cifraba en 260 mil viviendas a construir durante el actual periodo. Número que según datos del Minvu, lleva un avance del 80%, "pese a que han existido cuestionamientos en torno a los mecanismo de medición de los avances y a la inclusión en este chequeo de edificaciones recientemente iniciadas o por proyectar".
El plan habitacional, iniciado en el mismo 2022, suponía una alta inversión pública, además de la promoción del Estado "en relación con el acceso a la vivienda, empleándose los instrumentos de financiamiento que mezclan un subsidio estatal con ahorro particular de las personas o familias beneficiada". Luego los Serviu, "contratan con empresas privadas las obras para el desarrollo de las viviendas y conjuntos habitacionales requeridos y adquieren de igual manera los terrenos sobre los que se edifica".
Se menciona también en el requerimiento al ente Contralor, que el Plan de Emergencia Habitacional figura en la actual Ley de Presupuestos del Sector Público, "a lo que deben sumarse los recursos dispuestos para la entrega de subsidios de financiación, destacando los que están previstos en el Decreto Supremo N°19 y el Decreto Supremo N°49 (...) De tal manera, la gran cantidad de recursos públicos previstos para este Plan no se circunscriben solo a lo presupuestado para este Programa Presupuestario, sino también en relación con los instrumentos de financiación de vivienda social existentes".
Los diputados también precisan en el documento que el Serviu Metropolitano estaría incumpliendo la obligación de pagar por la compra de 17 terrenos, "pese a que el Estado habría recibido los bienes para el fin señalado".
Finalmente, los parlamentarios exponen que lo denunciado retrasaría en primer lugar el cumplimiento de viviendas sociales; y que la situación "constituye una amenaza de proporciones para el sistema económico puesto que la industria constructora y de edificación se vería fuertemente golpeada (...) generándose más temprano que tarde una cesación e insolvencia en distintos de estos agentes económicos”. Esta amenaza al sector de la construcción, además “adquiere un rostro humano que se traduce en cesantía y familias desprovistas del sustento que provee el trabajo".
Ante lo expuesto solicitan a la Contraloría que audite los recursos del Plan de Emergencia Habitacional, requiriendo del Minvu, así como de los Servicios de Vivienda y Urbanización "todos los antecedentes e información necesarios para ilustrar la fiscalización de este Organismo".
Además de constituir funcionarios en distintos Serviu "con delegación de facultades para fiscalizar los recursos públicos cuya auditoría se requiere"; sustanciar "investigaciones y sumarios, para perseguir la responsabilidad de funcionarios públicos que hubieren intervenido en una eventual negligente o indebida de los recursos auditados", y en caso que la auditoría arroje resultados que pudieran constituir delitos, "remitir los antecedentes tanto al Ministerio Público, como al Consejo de Defensa del Estado".
El diputado por La Araucanía, Juan Carlos Beltrán, precisó que "lo que se anunció con bombos y platillos terminó siendo uno de los mayores fiascos de este gobierno (...) cuando anunciaron las metas de viviendas parecía un ofertón irresponsable, cuestión que esta información viene a corroborar".
La también integrante de la comisión de Vivienda, Marcia Raphael, manifestó -en tanto- que "nos preocupa y ocupa la situación que tenemos en el Ministerio de Vivienda y Urbanismo respecto de la deuda millonaria que tendría con empresas y proveedores (...) implica que no sigan avanzando diversos proyectos de viviendas en regiones o incluso acciones previas como la adquisición de terrenos para luego construir, entre otras".
