Este es el tercer equipo de fiscales en la arista Procultura del caso Convenios que enfrenta complicaciones para tramitar la investigación por presunto fraude al fisco relacionado con el supuesto desvío de fondos públicos a fundaciones.
Para el Ministerio Público en general, incluido el director anticorrupción, Eugenio Campos, es claro el mecanismo usado por estas organizaciones, ligadas a partidos del oficialismo, para supuestamente sacar dinero fiscal: así tomó forma el caso Democracia Viva, comentan, al igual que otras indagatorias similares.
Sin embargo, en Procultura, el escenario es especialmente complicado, dicen al interior del ente persecutor donde ya salieron dos equipos: el del suspendido fiscal regional de Magallanes, Carlos Palma, y el que encabezaba el jefe regional de Coquimbo, Patricio Cooper.
Tanto es así, que al interior de la fiscalía resienten las complejidades para el inicio de un trámite que califican como sencillo: la audiencia de desafuero respecto del gobernador metropolitano Claudio Orrego.
A la negativa para presentar una querella en el CDE, ahora además la fiscalía recibió un portazo para acceder a antecedentes de la causa civil en que el organismo representa al fisco e intereses del Gore RM como parte del Estado.
Invocan "secreto profesional" para negativa
En un oficio reservado, al que accedió "El Mercurio", se dan los detalles de la decisión del órgano de defensa estatal.
Ello, respecto a varias solicitudes, como el de "remitir copia completa de las carpetas y sus antecedentes en las que el CDE ejerce acción civil en contra de la fundación Procultura".
Requeridos por el Ministerio Público, el CDE responde: "No escapará a su conocimiento que los asuntos sobre los que versa la petición inciden en juicios que se encuentra en actual conocimiento de los tribunales de justicia y, en tanto tal, dentro del ámbito de la defensa judicial del fisco de Chile y del servicio público demandado".
Para luego añadir que "los antecedentes de respaldo, sustentos técnicos y jurídicos que se han considerado y los estudios desarrollados por parte del CDE, tanto para la elaboración de las demandas contra la fundación Procultura, como para la defensa contra la demanda de la Aseguradora Porvenir SA, en su caso, se encuentran amparados por el secreto profesional de abogado".
"El Consejo de Defensa del Estado no puede acceder al requerimiento, por afectar dicha información, a la defensa judicial del fisco de Chile", señala.
Detalle de causas y mención a la Suprema
De todas formas, la respuesta del CDE detalla las causas que explicarían la negativa en la entrega de los antecedentes, señalando que se trata del "proceso caratulado Fisco de Chile con Fundación Procultura del proceso caratulado 'Consejo de Defensa del Estado con Fundación Procultura', ambos seguidos ante el Primer Juzgado Civil de Antofagasta y del proceso caratulado 'Aseguradora Porvenir SA con Gobierno regional Metropolitano de Santiago', seguido ante el 8° Juzgado Civil de Santiago".
Explican, entre otras cosas, que ya la Corte Suprema "determinó" que "los antecedentes que maneja este servicio están cubiertos por el secreto profesional de los abogados y, por lo tanto, se debe negar su acceso público y mantenerse en reserva, motivo por el cual no resulta procedente acceder a lo solicitado".
