Una serie de críticas generó la decisión del
Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones (MTT) de poner fin anticipado al contrato con la empresa Concordia, vinculada al desarrollo de uno de los productos asociados al reglamento de Empresas de Transporte de Aplicación, también conocida como "Ley Uber".
La decisión de la cartera liderada por el ministro Juan Carlos Muñoz se debió a "salvaguardar el mandato impuesto por la ley 21.553" y "ante la detección de incumplimientos en las exigencias solicitadas por el MTT", según señalaron el miércoles a través de un comunicado.
Agregaron que "así, a fin de dar garantías a los diversos actores involucrados, la cartera definió el término del vínculo contractual. Adicionalmente, para continuar avanzando con la celeridad que un proceso de la complejidad y magnitud como éste requiere, ya se está trabajando en los términos de la contratación de la nueva empresa que se hará cargo de continuar con el trabajo iniciado previamente".
Desde el Ministerio de Transportes indicaron que se espera que la nueva empresa pueda comenzar a operar a la brevedad posible, a la vez que en paralelo se continúa avanzando en la plataforma destinada a la generación de una base de big data para la generación del registro de empresas, conductores y vehículos, así como también en los otros productos destinados a la puesta en marcha de la ley.
La normativa ya tenido un camino intrincado desde sus inicios. No sólo porque se proyectaba una histórica demanda de licencias profesionales de acuerdo a lo que exige la normativa -que otorga un plazo de 12 meses para obtener dicho documento a quienes conduzcan para diversas aplicaciones, sino que también abrió el debate por la protección de datos personales.
De hecho, el pasado 23 de abril, Andrew Byrne, vicepresidente de Políticas Públicas Globales de Uber, envió una carta al embajador de Chile en Estados Unidos, Juan Gabriel Valdés, para manifestarle una serie de "preocupaciones urgentes sobre la privacidad de los datos de usuarios".
Nos alarman especialmente las disposiciones que exigen la recopilación y transmisión de información personal altamente sensible, como el género de los usuarios, datos de ubicación precisa y marcas de tiempo de viaje, sin las garantías adecuadas ni limitaciones claras sobre la finalidad de dicho uso. Estos requisitos parecen incompatibles con la letra de la Ley, que exige explícitamente la recopilación de datos en un formato agregado, anónimo y estadístico", acusó en la carta.
Comisión de Transportes cita al ministro Muñoz
Desde el Congreso hubo fuertes críticas en torno a la última medida que tomó Transportes en esta materia. Desde la UDI tildaron la situación como "bochornosa", y anunciaron que citarán al ministro Muñoz a la Comisión de Transportes de la Cámara para que "rinda cuentas" respecto a los montos comprometidos con la empresa que había tenido la adjudicación.
El diputado Jorge Alessandri (UDI) criticó que "el ministro de Transportes ha demostrado una total falta de seriedad: licitaciones fallidas, contratos por trato directo con empresas sin experiencia y más de mil millones de pesos botados a la basura. Basta de improvisar con un tema que afecta a miles de conductores y usuarios. Este proyecto debe dejarse al próximo gobierno, con el tiempo y la capacidad técnica que este ministerio no ha tenido".
En esa línea, acusó que "el ministro Muñoz se ha empeñado en imponer soluciones a la rápida, ignorando las advertencias del propio gremio de aplicaciones, que desde un inicio advirtió lo complejo que sería este proceso. Lo mínimo es escuchar a quienes conocen el sector. Seguir apurando mal diseñando esta plataforma es irresponsable y daña la confianza de los ciudadanos".
Desde Republicanos, la diputada Sofía Cid criticó que "el término anticipado del contrato con la empresa Concordia deja al descubierto algo mucho más grave: la improvisación con la que el Gobierno está administrando los recursos públicos. Las negligencias en Santiago las estamos pagando en las regiones. En Atacama tenemos colegios que siguen sin arreglarse y aún así se pierden millones en proyectos mal gestionados. Esta forma de gobernar no solo es ineficiente, es profundamente injusta con las regiones que día a día sacan adelante al país".}
Desde la misma tienda, el diputado Juan Antonio Coloma, integrante de la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones, anunció que citarán a las principales autoridades del Ministerio de Transportes, al ministro y al subsecretario, "por este hecho que es bochornoso".
"Necesitamos darles explicaciones al país. Lo que ha ocurrido con la contratación de esta empresa, que no solamente es por un hecho millonario, con una adjudicación directa, sino que además no cumplió el objetivo y no entregó después de haber recibido más de 500 millones de pesos, ninguna información relevante para poder establecer la plataforma que permita el funcionamiento de estas distintas empresas de aplicación en materia de transporte. Vamos a citar al ministro de la comisión, vamos a citar al subsecretario para que rindan cuentas", anunció.
Desde el oficialismo, el diputado Jaime Mulet (FRVS), también integrante de la Comisión de Transportes, comentó que "esto ya no es casualidad; $513 millones perdidos y mucho tiempo, meses y meses las empresas beneficiándose las empresas de Aplicación de transportes, porque la Ley Uber no entra en vigencia, y dañando a taxistas, a los que deben competir en condiciones desequilibradas, donde las aplicaciones usan cualquier tipo de auto, sin seguridad para los pasajeros. Se pone en riesgo la vida, la seguridad de los pasajeros al no tener ningún control".
"Esto es grave. Hemos citado al ministro de Transportes a la Comisión de Transportes de la Cámara de Diputados, pero la verdad es que ya basta. Esto sobrepasó todos los límites aceptables; acá da la impresión que una y otra vez se ayuda a estas grandes empresas internacionales y no a nuestros trabajadores chilenos, no a los taxistas ni incluso a la gente que trabaja en Uber, o que requiere Uber, porque no hay seguridad. Al no entrar en vigencia esa ley, no hay seguridad, esto está muy mal y debe fiscalizarse a fondo".
