Un enfrentamiento entre el Gobierno y la oposición ha derivado del caso de Bernarda Vera. El hallazgo de la mujer que figuraba erróneamente dentro del listado de detenidos desaparecidos, en circunstancias que estaría viviendo en Argentina, ha devenido en denuncias contra el ministro de Seguridad, Luis Cordero.
La oposición ha apuntado contra el jurista por su rol de exministro de Justicia y entonces impulsor del Plan de Búsqueda con el que se detecta la anomalía de Vera. El Partido Nacional Libertario (PNL), junto al abogado de Derechos Humanos, Max Murath, dieron cuenta de una querella criminal contra Cordero
por presunto fraude. A su vez, el diputado Jorge Alessandri (UDI), junto al abogado Pablo Toloza, hicieron lo propio apuntando a
presunta comisión de delito al no informar la aparición de la mujer y permitir que su familia siguiera recibiendo ingresos.
En ese contexto, en diálogo con CHV Noticias, el ministro de Justicia, Jaime Gajardo, calificó de "irresponsables" y "poco serias" las acciones contra el titular de Seguridad. En detalle, expuso que "desde el año 2007 están circulando estos rumores. En el año 2007 no existía el Plan Nacional de Búsqueda", sino que comienza a funcionar en agosto del 2023, y el 2024, ante la evidencia de relatos discordantes, el plan solicita a información a la PDI, Cancillería y al Registro Civil para despejar el caso.
En esa línea, calificó actitud de la oposición como "algo horrendo, horroroso". "Son las personas condenadas por crímenes de lesa humanidad con sus representantes los que tienen la información. Ellos saben dónde están los detenidos desaparecidos, a ellos hay que emplazar, a ellos hay que ir a entrevistar. ¿Por qué no entregan la información? ¿Qué hicieron con la operación retiro de televisores?", inquirió.
Sus declaraciones tuvieron réplica en uno de los denunciantes de Cordero. El diputado Alessandri pidió a Gajardo "no tirar la pelota al córner. Denuncia calumniosa o no, nosotros estamos diciendo que una pensión que se pagaba por detenido desaparecido que aparece, se tiene que dejar de pagar. Eso no es negacionista, eso no se refiere a los derechos humanos, se refiere a los dineros del Estado y cómo los cuidamos".
"La pregunta es por qué el ministro en mayo, cuando se entera que esta persona estaba viva, no suspendió el pago a la familia. No se trata de política, se trata de cuidar los recursos del Estado. Ministro, vamos al fondo del asunto: funcionarios públicos que tuvieron conocimiento no denunciaron", aseveró.
Y advirtió que "si denunciar que el Estado está pagando algo que no corresponde arriesga para mí algún tipo de denuncia, estoy dispuesto a ese riesgo. Los recursos del Estado se cuidan".
Vallejo acusa "inhumanidad" de la oposición
Al reproche del titular de Justicia se sumó la ministra de Segegob, Camila Vallejo. "Quiero poner en el centro lo que han hecho algunos parlamentarios de la oposición de manera irresponsable, por decirlo menos, de usar el caso Bernarda Vera para cuestionar el informe Rettig, para cuestionar el que estén condenados los criminales de lesa humanidad y usando además un abogado que ha sido defensor de los criminales de Punta Peuco para atacar a quien encabeza el Plan Nacional de Búsqueda", dijo a Mega.
"Eso es lo que está pasando ahora. No solamente aprovechamiento político, es de un negacionismo inaceptable, es de una mezquindad brutal, es de una insensibilidad tremenda, y yo diría inhumanidad, que termina siendo violento para los familiares de las víctimas", aseveró
"El diputado Alessandri ha dicho que aquí hay condenados que no deberían haber sido condenados, y sin mencionar cuál. O sea, a mí me tiene muy impactada y no entiendo cómo una autoridad electa puede decir semejante aberración y que nadie le diga nada, y que además estén presentando denuncia y querellas contra la persona que lidera el Plan Nacional de Búsqueda, una persona que ha trabajado por la verdad, la justicia, la reparación, por la defensa de los derechos humanos, por parte del abogado Maximiliano Murath, que es el abogado defensor de los criminales de la humanidad que están en Punta Puerco", ahondó.
"Dos más dos. Aquí hay una operación política que es vergonzosa y que yo creo que hay que denunciar públicamente, y hay que exponer los límites donde hay que ponerlo", aseveró.
A su vez, el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, sostuvo que "las denuncias y querellas presentadas contra el ministro Cordero carecen absolutamente de fundamento, de fundamento jurídico, y dan cuenta más bien de una actitud negacionista. Uno de los querellantes, de hecho, está vinculado en la defensa de quienes han sido condenados por este tipo de hechos tan graves".
"Cuando se trata de sacar provecho electoral por algunos candidatos, presentando denuncias o querellas que carecen de fundamento, lo que es peor, en una actitud negacionista respecto a las violaciones a los derechos humanos, nosotros tenemos que responder con mucha honestidad, en términos de que aquí estamos defendiendo principios, y sobre todo, la forma de convivencia democrática", cerró.
Murath: "Las defensas corporativas sólo aumentan el manto de duda"
El vicepresidente del Partido Nacional Libertario y candidato a diputado por el Distrito 10, Hans Marowski, aseveró que "nosotros presentamos una querella porque hay antecedentes serios de irregularidades en el caso de Bernarda Vera. El gobierno puede repetir que todo se ha hecho con debido resguardo, pero los hechos muestran lo contrario. Si realmente creen en la transparencia, que permitan investigar sin presiones".
Por su parte, el abogado querellante y candidato a diputado por el Distrito 9, Maximiliano Murath, emplazó al Ejecutivo a entregar la información al Ministerio Público.
"Lo que corresponde al Gobierno y a las autoridades del Gobierno es dar las explicaciones que correspondan en los tribunales de justicia, y acompañar los antecedentes a la fiscalía: la cadena de mails, los informes, los momentos en que informaron o no informaron a las distintas autoridades. ¿Quién más sabía? ¿Qué documentos acreditan que la persona en Argentina es una falsa desaparecida?" cuestionó.
De tal manera, arguyó que "todas esas explicaciones deben darse en tribunales, no en conferencias de prensa. Las defensas corporativas sólo aumentan el manto de duda sobre la actuación del Ministerio de Justicia".
