Con dureza ha reaccionado el Gobierno ante la ofensiva de la oposición a raíz del caso de Bernarda Vera, una mujer que figura dentro del listado de personas detenidas desaparecidas durante la dictadura y que estaría viviendo en Argentina.
La situación ha gatillado una serie de acciones judiciales impulsadas en contra del ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, por su rol pasado como titular de Justicia.
Al respecto, el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, dijo este lunes en Radio Infinita que "estas denuncias y estas querellas se dan en el marco electoral, en algunos casos por personas que son declaradas negacionistas e incluso defensores de violadores de los Derechos Humanos y lo que pretende es ponerse en tela de juicio lo que fueron las violaciones de Derechos Humanos en nuestro país y se hace sobre la base de denuncias y querellas que no tienen ningún fundamento jurídico".
Acciones judiciales
El viernes, dirigentes del Partido Nacional Libertario (PNL), junto al abogado de Derechos Humanos, Max Murath, dieron cuenta de una querella criminal contra Cordero, la jefa del Programa de Derechos Humanos, Paulina Zamorano, y contra quienes resulten responsables del "un presunto fraude" ligado a este caso.
Según explicó el abogado Murath, la acción judicial ante el Séptimo Juzgado de Garantías de Santiago apunta "al delito de obtención fraudulenta de prestaciones estatales respecto a la señora Bernarda Vera Contardo (...) y también una acción criminal en contra del ex ministro de Justicia Luis Cordero, por su responsabilidad penal por el delito de prevaricación administrativa por un omisión y también contra la jefa del Programa de Derechos Humanos, Paulina Zamorano" por el mismo delito.
Ese mismo día, el diputado de la UDI Jorge Alessandri, junto al abogado Pablo Toloza, presentaron en la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, una denuncia contra el ministro Cordero, por presunta comisión de delito al no informar la aparición de Bernarda Vera en Argentina y permitir que su familia siguiera recibiendo ingresos en calidad de víctimas de familiares de detenidos desaparecidos.
Esto pues de acuerdo al diputado Alessandri, los funcionarios públicos tienen la obligación de denunciar, cuando toman conocimiento de un hecho que reviste caracteres de delito. En cambio, acusó que el Gobierno sabía desde mayo del 2024 del caso de Vera y no lo denunció.
La defensa del Gobierno
Ante la ofensiva opositora, desde el Gobierno han salido a blindar a Cordero. De este modo, el ministro de Justicia, Jaime Gajardo, dijo a Chilevisión que las acciones en contra del ministro de Seguridad son "irresponsables" y "poco serias".
Con ello, defendió que "desde el año 2007 están circulando estos rumores. En el año 2007 no existía el Plan Nacional de Búsqueda", el cual comienza a funcionar en agosto del 2023, y el 2024, ante la evidencia de relatos discordantes, el plan solicita a información a la PDI, Cancillería y al Registro Civil para despejar el caso.
Por ello, calificó la actitud de la oposición como "algo horrendo, horroroso". "Son las personas condenadas por crímenes de lesa humanidad con sus representantes los que tienen la información. Ellos saben dónde están los detenidos desaparecidos, a ellos hay que emplazar, a ellos hay que ir a entrevistar. ¿Por qué no entregan la información? ¿Qué hicieron con la operación retiro de televisores?", precisó.
Mientras que la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, dijo en Mega que "quiero poner en el centro lo que han hecho algunos parlamentarios de la oposición de manera irresponsable, por decirlo menos, de usar el caso Bernarda Vera para cuestionar el informe Rettig, para cuestionar el que estén condenados los criminales de lesa humanidad y usando además un abogado que ha sido defensor de los criminales de Punta Peuco para atacar a quien encabeza el Plan Nacional de Búsqueda".
Desde el Gobierno han argumentado que el caso corresponde no sólo a un "aprovechamiento político" de la oposición, producto a la época electoral que estamos viviendo, sino que además han acusado la existencia de "un negacionismo" e incluso "inhumanidad" ante los casos de lesa humanidad ocurridos en esa época.
Por su parte, el candidato presidencial del Partido Nacional Libertario (PNL), Johannes Kaiser, consideró que "el ministro de Justicia no puede ni debe el Ejecutivo, bajo ninguna circunstancia, pronunciarse sobre una causa que está siendo vista por tribunales de justicia".
A su juicio, esto "es una politización de la causa en sí misma y es algo que no vamos a tolerar", por lo que lo instó a renunciar si quiere pronunciarse.
Hoy, en tanto, el director del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), Yerko Ljubetic, criticó el manejo del Gobierno en este tema: "El que haya la impresión de que esto no se hubiera sabido si no hubiera habido un reportaje es la principal crítica que uno puede hacer".
"Es un tema de manejo, de cómo se comunicaron las cosas", sostuvo, sin perjuicio de que las explicaciones que dio el ministro Cordero parecen "razonables", pues apuntan a "un equilibrio entre cuestiones relativas a proteger a la familia, la confidencialidad y cómo dar cuenta a la sociedad, a las organizaciones".
