Esta tarde, la Cámara de Diputados despachó a ley el proyecto que establece la calificación jurídica de "Ausente por Desaparición Forzada", tras aprobarse en su tercer trámite constitucional.
La iniciativa busca reconocer jurídicamente a las víctimas de desaparición forzada ocurridas entre septiembre de 1973 y marzo de 1990, con el propósito de simplificar diversos trámites que deben realizar sus familiares. Las modificaciones introducidas por el Senado fueron aprobadas por 89 votos a favor, 24 en contra y 4 abstenciones.
El debate en la Sala estuvo marcado por un tono tenso y por fuertes interpelaciones entre los distintos sectores políticos, con alusiones tanto al periodo electoral como al caso de Bernarda Vera, una mujer incluida en el listado de detenidos desaparecidos durante la dictadura y que habría sido ubicada en Argentina.
Durante la sesión, las intervenciones oficialistas fueron mayoritarias y criticaron el silencio de la oposición; solo intervinieron los diputados Ximena Ossandón (RN) y Jorge Guzmán (EVO), ambos en apoyo a la iniciativa.
La diputada Carmen Hertz (PC) destacó que "es un paso fundamental en reconocimiento jurídico e institucionalización responde a las obligaciones estatales de reparación, prevención y no repetición surgidas producto de las sistemáticas y graves violaciones a los derechos humanos ocurridas en dictadura, que conforme al derecho penal nacional e internacional constituyen crímenes de lesa humanidad".
Agregó que "siendo testigos de cómo se fortalece el fenómeno negacionista en nuestra sociedad, y que inclusive en este mismo hemiciclo, hay quienes toman una posición activa en contra de evidencias históricas que se proponen negar con el fin de garantizar la impunidad y la desmemoria. Es urgente aprobar este proyecto".
Por su parte, la diputada Lorena Fries (FA) señaló que "nuestra democracia no se mide solo por la regularidad de sus procesos electorales, sino también por su capacidad de asumir las responsabilidades del Estado frente a las vulneraciones graves de derechos fundamentales. En este sentido, el reconocimiento de las víctimas de la dictadura civil y militar constituye un acto de justicia y de memoria institucional. Pero no basta con reconocer, también es necesario reparar. La reparación constituye un deber jurídico y ético, no es únicamente una compensación material, sino un proceso integral destinado a restituir la dignidad de las personas y a reconstruir la confianza en las instituciones. Reparar, entonces, es garantizar verdad, justicia y memoria como componentes inseparables de la democracia".
En tanto, la diputada Ximena Ossandón (RN) expresó que "¿Existieron violaciones a los derechos humanos? Sí, sí existieron. Y están documentadas con distintos informes y estudios. Y la verdad que tenemos que hacer todo lo posible para que no se vuelva a repetir".
"Esto lo tenemos que hacer con toda nuestra esfuerza. Pero esta es tarea de todos, de las izquierdas y las derechas, para que esto no se vuelva a repetir", añadió.
Asimismo, el diputado Jorge Guzmán (EVO) señaló que "soy consciente del reciente caso de la militante del MIR que se creía desaparecida y que hoy estaría viviendo en Argentina. Creo que esas situaciones deben investigarse a fondo y sancionarse con con firmeza. Pero no confundamos la excepción con la regla. Una mentira individual no puede borrar los crímenes cometidos hace cincuenta años, crímenes reales, sistemáticos y documentados que fueron reconocidos también por el expresidente Sebastián Piñera, y por una derecha, de la que me siento parte, que supo tomar distancia de la dictadura y decir democracia siempre".
