El Gobierno consiguió revertir el rechazo de la comisión de Educación al proyecto que regula las nuevas exigencias de ingreso a las carreras y programas de Pedagogía. La Cámara de Diputados aprobó la iniciativa y continuará la tramitación en el Senado.
La propuesta busca aplazar el aumento de los requisitos para estudiar Pedagogía, alza establecida en la Ley de Desarrollo Docente de 2016, con el objetivo de evitar una subida de más de 120 puntos en el puntaje mínimo de ingreso.
Actualmente, el piso exigido sería de al menos 626 puntos en las pruebas obligatorias, frente a los 502 que regían hasta el año pasado. La situación genera incertidumbre, ya que se aproximan los procesos de admisión 2026 y aún no se conocen los requisitos definitivos.
El proyecto fue aprobado en general en la Cámara de Diputadas y Diputados con 79 votos a favor, 42 en contra y 11 abstenciones. Del oficialismo solo se opuso el diputado socialista Juan Santana.
Oficialismo a favor
Durante el debate, la diputada Camila Rojas (FA) señaló que "hay quienes cada año, al terminar su educación secundaria, tienen la motivación y la vocación de convertirse en educadoras y profesores, y con este tipo de exigencias, lo único que hacemos es coartar ese impulso. Yo voy a aprobar este proyecto de ley para que el Ministerio de Educación y el Comité Técnico de Acceso definan con la flexibilidad necesaria los requisitos de ingreso a la carrera docente cada cinco años, con informes que consideren todos los aspectos que influyen en el contexto educativo, como las necesidades territoriales y la matrícula".
A su juicio, "cuando un joven quiere convertirse en educador, educadora, profesor o profesora, lo último que debemos hacer es cortarle las alas; por el contrario, debemos impulsarlo y apoyarlo para que se convierta en un profesional de excelencia".
Por su parte, la diputada Daniela Serrano (PC) advirtió que "las pruebas de la PSU o la actual PAES no predicen la calidad del docente. Lo que sí es que hacen algunos filtros, y estos filtros principalmente son filtros desiguales y socioeconómicos. Se estima que la mitad de los estudiantes en los liceos municipales y públicos quedarían fuera de las carreras de pedagogía, porque desde aquí se aplica el corte. Es decir, emparejamos una vez que estamos arriba y no nos hacemos cargo del inicio de los estudios de los estudiantes de pedagogía".
Oposición en contra
En tanto, el diputado Francisco Undurraga (EVO), al anunciar su voto en contra, sostuvo que "todos compartimos la urgencia de enfrentar el déficit docente, pero no podemos hacerlo debilitando los estándares de ingreso ni delegando decisiones esenciales a instancias sin control. El país ha avanzado desde este Congreso en políticas que fortalecieron la profesión docente. Sin embargo, lo que hoy se nos propone implica retroceder en esos consensos y debilitar la seriedad con que Chile había decidido formar a sus futuros maestros. Se nos dice que esta reforma busca flexibilizar las exigencias, pero en la práctica abre la puerta a una rebaja de los estándares de ingreso, y la evidencia es contundente: a mayor puntaje de ingreso, mejor desempeño posterior en la evaluación nacional".
En la misma línea, el diputado Sergio Bobadilla (UDI) acusó que "nuevamente se busca postergar las exigencias para el ingreso a las pedagogías, a petición de grupos interesados, básicamente de algunas universidades, ya que los expertos, los entendidos en esta materia están de acuerdo en que una nueva postergación solo va a perpetuar la mediocridad con el perjuicio actual y futuro de nuestros niños".
Agregó que "la comisión (de Educación) rechazó esta iniciativa y con votos oficialistas, y eso no es menor. Porque estamos claros que este proyecto no resuelve el problema; el problema es cómo generamos incentivos para que los mejores alumnos ingresen a estudiar pedagogía y que los profesores no se vayan del sistema".
Postura del Ejecutivo
Finalmente, el ministro de Educación, Nicolás Cataldo, respondió a las críticas señalando que "difícilmente este proyecto podría bajar puntajes que no se han aplicado nunca. A pesar de estar consignadas en la ley, la transitoriedad y la implementación de la ley nunca se ha aplicado. Es más, se ha postergado sucesivamente en distintos gobiernos, de modo tal que este no ha entrado en vigencia. Y eso me parece que es relevante, porque desconocemos en la práctica cuál sería el efecto de tener esos puntajes de corte así sin más, sin tomar ninguna medida, sin hacer exactamente ningún ejercicio que permita modular esos efectos".
En ese contexto, hizo un llamado a los parlamentarios a aprobar la idea de legislar: "Permitámonos discutir antes de lamentar los efectos que nos obligarían a estar más de un año sin poder legislar una materia tan relevante como esta, de cara a conocer los efectos reales de aumentar de manera drástica y de un golpe los puntajes sin tener mecanismos que contengan esto, ahora a fin de año".
